Todos los Grupos políticos del Parlamento apoyan la llegada del tren de Bilbao a Santander en lugar de a Castro Urdiales

Todos los Grupos políticos del Parlamento apoyan la llegada del tren de Bilbao a Santander en lugar de a Castro Urdiales y lo exigen al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Por ello, salió adelante la moción del PRC, defendida por Javier López Marcano, quien calificó de vergüenza el estado del tren actual que tarda más de tres horas, mientras que en coche el tiempo es de 70 minutos, debido a la falta de inversiones del Estado en infraestructuras.

En su opinión, el tren debe tener parada compartida en Colindres y Laredo y Castro Urdiales y ser mixto, de pasajeros y mercancías para atender al puerto, de tal forma que en el caso de quedarse el tren en este último municipio “se debe a los intereses del presidente de España, Pedro Sánchez (PSOE), con los vascos y el Partido Nacionalista Vasco (PNV) a cambio de prebendas”.

Para Vox, Armando Blanco, el PRC es cómplice del caos ferroviario, junto al PSOE, y han mentido a los cántabros campaña tras campaña electoral con las inversiones en infraestructuras y la realidad es que hoy en día no hay ni un metro del tren de Bilbao a Santander.

“Ya en el año 2008, se conoció que el trazado era imposible, no incluía mercancías y sin paradas intermedias y además el PRC se comprometió a que el proyecto estaría redactado en 2023”, incidió.

En el debate, tomó la palabra el diputado regional, Mario Iglesias (PSOE), quien adelantó que sólo los socialistas han trabajado para que se convierta en una realidad por medio de un estudio por fases. “El PP no ha hecho nada ni cuando Iñigo de la Serna fue ministro, ya que destinó cero euros a este proyecto”, declaró.

Por su parte, el PP, por medio de Iñigo Fernández, puntualizó que “Pedro Sánchez pasará a la historia de Cantabria por no ejecutar ninguna inversión en una infraestructura importante en siete años y además los trenes de Cercanías no llegarán en 2026, de los cual es culpable el presidente de España y Pedro Casares, actual delegado del Gobierno en Cantabria. Y mientras tanto las inversiones se van para Cataluña”.

Vivienda

En otro punto en el orden del día, la propuesta de Vox para aplicar medidas fiscales al acceso a la vivienda decayó con los votos del PP, PSOE y PRC y la abstención del diputado no adscrito, Cristóbal Palacio.

El diputado regional de Vox, Armando Blanco, consideran que la oferta de vivienda ha disminuido un 50 por ciento y el precio subió un 30 por ciento debido a la inmigración ilegal. A su juicio, la Administración ha abandonado facilitar el acceso a la vivienda digna, ya que han descendido la construcción de viviendas sociales.

Ante esta situación es necesario aplicar medidas fiscales y bajar al máximo todos los impuestos, de tal forma que se en la eliminación de trabas y la reducción de la presión impositiva. Por este motivo, es conveniente, según Vox, la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones y suprimir el impuesto de patrimonio para acceder a la primera vivienda, recuperar la deducción por inversión en vivienda habitual en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), y reducir el tipo general del impuesto de actos jurídicos documentados al mínimo legal. Al mismo tiempo, aboga por bonificar el 100 por cien del impuesto de transmisiones patrimoniales para la compra de la vivienda habitual y aplicar una bonificación del 99 por ciento en el impuesto de sucesiones y donaciones en todos los grados, hasta su derogación estatal.

Antes de estas peticiones, Vox ha alertado sobre la crítica situación de la vivienda en Cantabria, con un desajuste entre oferta y demanda derivado de varias causas: colapso de la oferta y disparo de precios, en solo cinco años, la oferta de vivienda se ha desplomado un 56 por ciento, provocando que los precios se hayan incrementado más de un 30 por ciento, así como el esfuerzo salarial inasumible, si en los años 90 comprar una vivienda exigía tres años y medio del salario bruto medio anual, hoy en Cantabria esta cifra asciende a 6,66 años, prácticamente el doble de todas las ganancias brutas.

A su entender, sólo el 31 por ciento de los menores de 35 años son dueños de sus casas, frente al 70 por ciento de 2011, y a ello se une el abandono de la construcción: las administraciones han pasado de la "España próspera del desarrollo y las grúas a la España de los solares", reteniendo suelo, sin construir ni rehabilitar. La construcción de vivienda protegida ha caído al cinco por ciento respecto a los años 60, limitando el acceso a las familias.

Para finalizar, apuntan a una carga fiscal injusta, entre el 22 y el 33 por ciento del precio final de la vivienda son impuestos, lo que implica que los ciudadanos podrían comprar una vivienda un 30 por ciento más barata o más grande si la administración sacase su mano del bolsillo de los ciudadanos, cuando éstos compran su primera vivienda.

Para el PSOE invade las competencias estatales y europeas y en su opinión el obstáculo son los bajos salarios, motivo por el que el Gobierno central ha subido el Salario Mínimo Interprofesional, concede ayudas al alquiler y dinamiza las viviendas vacías.

En su intervención, los regionalistas advirtieron que no pueden pagar lo mismo quien más tiene, mientras el PP reconoce que la situación existente se debe a la gestión de Pedro Sánchez, aunque negó que el precio se incremente por la inmigración.

Para terminar, Juanjo Alonso (PP), recordó el voto en contra de Vox ante las rebajas d ellos impuestos del PP en Cantabria sin poner en riesgo las cuentas públicas. “Llega tarde y es una propuesta simple basada sólo en el ámbito fiscal”, señaló.

Mamografías

Además, la oposición, PRC, PSOE y Vox, ha acordado instar al Gobierno regional para que cite antes del mes de diciembre a las mujeres a las que se les ha realizado mamografías y necesiten de pruebas complementarias, las que, además, deben de hacerse "inmediatamente".

La Proposición No de Ley del PRC incluye que el Ejecutivo presente en el plazo de un mes un plan choque para la detección precoz del cáncer de mama con una partida de cinco millones de euros en los próximos presupuestos autonómicos para 2026, de cara a reforzar el programa en todos los hospitales públicos.

Igualmente, debe incluir la designación de una persona coordinadora del mismo; incentivos para los MIR de radiología para contar con un número suficiente de personal especializado; la modificación y modernización del sistema informático de radiología unificando las tres unidades de almacenamiento en una y el uso de Inteligencia Artificial, e incluir en el cribado a las mujeres de entre 45 y 74 años, como se establece en las recomendaciones europeas y aprobó la Cámara cántabra en noviembre de 2023.

Por último, insta al Gobierno a que en tres meses elabore un informe detallado con las medidas adoptas en el plan, los plazos de ejecución y la dotación presupuestaria específica para cada una de las actuaciones, así como a que dé los datos de la vuelta número 13.

Para la regionalista Paula Fernández el retraso en el programa del cribado, que afecta a 3.900 mujeres, se ha convertido en "estructural" y no se le ha dado "respuesta" ni existe planificación" del Gobierno, al que ha afeado que no realice "autocrítica" y mantenga una actitud de "soberbia".

Incluso, el PRC ha acusado a la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga (PP), de que si no pone en marcha un plan "urgente" que resuelva el "colapso" del programa "estará siendo cómplice del abandono de miles de mujeres".

Desde Vox, Natividad Pérez ha coincidido en la "falta" de planificación del Ejecutivo autonómico respecto al cribado, y ha calificado de "inaceptable" que casi 4.000 mujeres estén afectadas por los retrasos en "un programa vital".

En su intervención, Raúl Pesquera (PSOE), ha reprochado al Gobierno la "privatización" de la sanidad con el convenio con el Hospital Santa Clotilde, y ha pedido a los dirigentes 'populares' que aporten datos sobre los retrasos. "Digan cuánto tiempo están esperando", ha aseverado.

Por último, el popular Miguel Ángel Vargas adelantó que las medidas regionalistas ya fueron "tomadas por el Gobierno regional", y se ha dirigido a sus diputados para solicitarles que no "frivolicen" con un tema "tan sensible" para "intentar desgastar al Gobierno". "Los cribados funcionan, los cribados salvan vidas", ha afirmado a la par que ha pedido a los diputados de la oposición, especialmente a los del PRC y PSOE, que no suban a la tribuna "a generar incertidumbre".

Y el Pleno ha rechazado otra PNL de los socialistas que pedía instar al Ejecutivo cántabro a paralizar el convenio singular con Santa Clotilde.

Pesquera, que ha defendido trabajar con los hospitales privados por medio de una concurrencia competitiva, ha criticado al PP "no gestionar lo público" para que, después, "tengamos que ir a lo privado". "Menudo pelotazo", ha manifestado en relación al convenio que recoge 216 millones de euros y un periodo de 16 años, "más cuatro", ha dicho, apuntando a que es "una delegación en toda regla que luego ya no hay manera de revertir", ha advertido.

Tanto PRC como Vox habían presentado enmiendas a la iniciativa que han sido rechazas por el PSOE, lo que ha supuesto la abstención de los primeros y el voto en contra de los segundos. Fernández y Pérez han coincido en pedir al Gobierno que informe y justifique la firma del convenio.

Por su parte, Vargas ha respondido a los socialistas que el convenio con Santa Clotilde es "lo que viene haciendo la comunidad autónoma mucho antes de que yo naciera", y ha hecho referencia a los firmado por autonomías gobernadas por el PSOE, como Asturias o Navarra.