Acusado de, presuntamente, quedarse con casi 13.000 euros de unos clientes entregados para disfrutar de un viaje a las Islas Maldivas
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria acogerá el martes, día 13 de enero, a las 9.30 horas, el juicio contra un acusado de, presuntamente, quedarse con casi 13.000 euros de unos clientes entregados para disfrutar de un viaje a las Islas Maldivas.
Según el escrito de la Fiscalía, “actuando con ánimo de enriquecimiento injusto y aprovechando la credibilidad que le otorgaba el hecho de que en ocasiones anteriores había gestionado viajes similares”, el acusado “se comprometió a organizar” un viaje a las islas Maldivas para practicar surf.
El viaje incluía vuelo de ida y vuelta, alojamiento y pensión completa durante ocho días, por lo que el acusado, “con el pretexto de iniciar los trámites para la reserva del viaje y a sabiendas de que este no se iba a llevar a cabo”, recibió de siete clientes un total de 12.980 euros en tres pagos. Seis de los clientes abonaron cada uno 1.840 euros, y el séptimo, 1.940 euros, dado que hizo la reserva más tarde.
Semanas después de recibir los últimos pagos, el acusado se puso en contacto con los clientes “para comunicarles que el viaje no se podía realizar”, y “se desvinculó del viaje manifestando que él no era el responsable”, sin devolver el dinero a los afectados.
Para el ministerio fiscal, estos hechos constituyen un delito continuado de estafa merecedor de una pena de dos años y medio de prisión, así como del pago de una indemnización a los perjudicados de 13.000 euros, la cantidad que recibió de ellos.
La acusación particular eleva la petición de condena a ocho años de prisión y 21.600 euros de multa, al considerar que se trata de una estafa agravada porque el acusado aprovechó su credibilidad empresarial, dado que, según argumenta, era conocido en el mundo del surf por llevar más de veinte años organizando este tipo de viajes.
Está previsto que este juicio continúe el miércoles, día 14 de enero, a las 9.30 horas.
Precisamente, el miércoles, a las 10.00 horas y en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria, tendrá lugar un juicio contra una sociedad dedicada a la hostelería en Suances acusada por, posiblemente, de eludir el pago de sus obligaciones tributarias. El administrador de la mercantil se encuentra en paradero desconocido y está declarado en rebeldía.
Según la Fiscalía, la empresa vendió un hotel a otra sociedad y no hizo frente al pago del correspondiente impuesto de sociedades por el incremento patrimonial que obtuvo.
Obligaciones
Asimismo, eludió “de forma sistemática sus obligaciones tributarias”, como las autodeclaraciones trimestrales del Impuesto sobre el valor Añadido (IVA) o la declaración informativa de operaciones con terceros. Tampoco cumplía con las obligaciones mercantiles básicas de presentación de cuentas en el Registro Mercantil.
El administrador de la sociedad, que se encuentra en paradero desconocido por lo que no se puede dirigir contra él este procedimiento, “con la intención de provocar un vaciamiento patrimonial de la empresa”, realizó una serie de reintegros y transferencias desde la cuenta de la mercantil a otras cuentas de su propiedad, “aprovechando la falta de controles, de ningún tipo, en material de prevención del fraude dentro de la estructura societaria de la empresa”.
Por otro lado, un apoderado de la mercantil, que sí está acusado en este procedimiento, conocedor de la “precaria situación económica de la mercantil”, hizo uso del poder otorgado años atrás para realizar cuatro transferencias desde la cuenta de la empresa a distintas personas y sociedades, algunas suyas.
Además, en la cuenta de la empresa se abonó un cheque bancario por un importe de 242.000 euros que, tras su ingreso, el acusado “con clara intención de evitar que hubiere saldo con el que hacer traba Hacienda de las sumas debidas”, emitió un total de nueve transferencias, dejando el saldo en 3.000 euros.
La agencia tributaria había iniciado años atrás un procedimiento de comprobación inspectora y, tras numerosas investigaciones y actuaciones ejecutivas, logró cobrar por vía de apremio ejecutivo.
Para la Fiscalía, los hechos constituyen un delito contra la hacienda pública y un delito de frustración de la ejecución, que atribuye a la empresa hostelera y al apoderado.
Para la primera, solicita una pena de casi 430.000 euros de multa, así como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y el derecho a gozar de incentivos fiscales durante cuatro años.
Para el apoderado, la pena solicitada por el Ministerio Público es de dos años de prisión y 6.750 euros de multa.
