El Pacma presenta una querella criminal contra el Ejecutivo cántabro (PP) y sus peritos por presunta actuación delictiva en la autorización para cazar lobos
La formación acusa a altos cargos del Ejecutivo cántabro por una posible prevaricación y falsedad en testimonio de peritos, y a los autores de los informes en los que se apoyan tanto la autorización cántabra para la caza del lobo como la resolución del Tribunal Superior Justicia de Cantabria que viene denegando la suspensión de la orden
El departamento legal del Partido Animalista Pacma ha interpuesto una querella criminal ante el Juzgado de Guardia de Santander contra responsables del Gobierno de Cantabria por presuntos delitos de falsedad en informes periciales, falsedad documental, prevaricación y maltrato animal relativos a la matanza autorizada de lobos en la Comunidad Autónoma.
La acción judicial se dirige, entre otros, contra Cosío, director General de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio, y la consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos (PP), a quienes se atribuye la aprobación y confirmación de la resolución del pasado día 2 de abril que establecía un cupo de extracción de lobos para la temporada 2025/2026.
Pacma denuncia que los informes empleados para justificar la matanza de lobos podrían ser falsos o inexactos, al ocultar que el estado de conservación del lobo ibérico es reconocido por la Unión Europea como “desfavorable/inadecuado” en todo el territorio español.
“Este dato, que figura en los informes remitidos por España a la Comisión Europea en el marco de la Directiva Hábitats, tiene carácter jurídico vinculante y no sujeto a opiniones de Jueces o Tribunales. Además, no puede ser ignorado ni alterado en documentos oficiales como está ocurriendo”, explican.
Para Pacma, esta ocultación no es un simple error técnico, sino “una vulneración directa e intencionada del Derecho comunitario”, que prohíbe expresamente la captura o muerte de especies cuando su estado de conservación es desfavorable. En consecuencia, cualquier autorización de batidas o cupos de extracción carecería de validez legal y podría ser constitutiva de prevaricación y falso testimonio de peritos.
Lobeznos abatidos
La querella también se apoya en el caso puntual de una loba abatida en Cantabria el pasado mes de junio cuando acababa de parir, lo que provocó la muerte de toda su camada de lobeznos, hecho que Pacma considera constitutivo de maltrato animal con agravante de muerte.
El Partido Animalista solicita como medida cautelar la suspensión inmediata de los efectos de la resolución que permite seguir matando lobos en la comunidad, advirtiendo que, de no frenarse a tiempo, se seguirán produciendo daños “irreparables” para la especie.
