El Gobierno regional acordó con Ascanvite la modificación de la Ley de reconocimiento a las víctimas del terrorismo para ampliar las indemnizaciones

El Gobierno de Cantabria acordó con la Asociación Cántabra de Víctimas del Terrorismo (Ascanvite) el contenido de la modificación de la Ley autonómica 1/2023, de 5 de abril, de Reconocimiento, Homenaje, Memoria y Dignidad a las Víctimas del Terrorismo para ampliar los objetivos de la norma e incluir supuestos indemnizatorios inicialmente no contemplados, extendiéndolos en beneficio de más víctimas y sus familiares.

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) publica hoy la resolución por la que se acuerda someter al trámite de audiencia e información pública el anteproyecto de ley por el que modifica la norma. El Gobierno autonómico, según ha avanzado la consejera de Presidencia y Justicia, Isabel Urrutia (PP), pedirá al Parlamento de Cantabria su tramitación por lectura única, dada la sencillez del texto, con el fin de agilizar el proceso de aprobación.

Según se recoge en la exposición de motivos del proyecto, este cambio permitirá ahondar en uno los objetivos prioritarios de la Ley, consistente en la creación de un sistema de reparación integral de los daños causados por las actuaciones terroristas y la defensa de los intereses de las víctimas de terrorismo.

En este contexto, se ha considerado procedente incluir como beneficiarios a los herederos de quienes, teniendo derecho a recibir las indemnizaciones previstas, hubieran fallecido antes de la entrada en vigor de la ley autonómica, siempre que los herederos fueran cónyuges o personas ligadas a ellas por análoga relación de afectividad o parientes consanguíneos dentro del segundo grado.

Por otro parte, se amplían los supuestos merecedores de indemnización, de tal forma que se extiende a las víctimas de secuestro y de amenaza o coacciones directas y reiteradas de organizaciones terroristas cuando, en este último caso, hubieran determinado la necesidad de establecer su centro de vida familiar en alguno de los municipios de Cantabria.

En este supuesto, se establecen nuevos criterios de exigencia de empadronamiento para facilitar su efectiva aplicación, delimitando la fecha del cambio de residencia y la extensión del empadronamiento hasta la entrada en vigor de la Ley 1/2023 de Cantabria.

De cualquier forma, en estos nuevos casos también se requerirá el resto de cumplimientos legales para la concesión de las indemnizaciones y el previo reconocimiento por parte del Ministerio del Interior de la condición de víctima.

Con la normativa actualmente en vigor, el Ejecutivo regional reconoció en 2024 indemnizaciones a 35 víctimas del terrorismo y familiares por fallecimiento y daños físicos o psíquicos, por un importe de 1,3 millones de euros. Ahora, con la modificación de la ley, se podrá ampliar el reconocimiento indemnizatorio a los herederos de las víctimas fallecidas con anterioridad a la entrada en vigor de la ley autonómica y se concederán ayudas en nuevos supuestos como las amenazas o el secuestro.

La consejera de Presidencia y Justicia ha destacado la importancia de mejorar la ley y que sea el mayor número posible de víctimas las que puedan ser beneficiarias de las ayudas del Gobierno de Cantabria. Igualmente, Urrutia ha valorado que la presente iniciativa legislativa cuenta el consenso de todos los grupos parlamentarios para mejorar la reparación de las víctimas y sus familias.

El anteproyecto de Ley consta de seis artículos, una disposición transitoria y una disposición final.

El texto completo del proyecto puede ser consultado en el Portal de Transparencia de Cantabria o en la sede de la Dirección General de Justicia y Víctimas del Terrorismo. Las aportaciones se podrán hacer por escrito en los lugares establecidos por la ley o a través del Portal de Participación Ciudadana del Portal de Transparencia de Cantabria, en el plazo de diez días hábiles a partir de mañana.

Proposición

El Grupo parlamentario Vox en Cantabria, a través de su portavoz Leticia Díaz, ha registrado la Proposición de Ley de modificación de la Ley 1/2023, del 5 de abril, de Reconocimiento, Homenaje, Memoria y Dignidad a las Víctimas del Terrorismo.

Esta iniciativa surge ante la necesidad de corregir las carencias advertidas en la Ley autonómica, reforzar la protección integral y poner fin a los obstáculos burocráticos que dificultan el acceso efectivo de parte de las víctimas a las ayudas.

Vox subraya que esta reforma no solo busca mejoras técnicas y sustantivas, sino que también da cumplimiento a una Proposición no de Ley aprobada por unanimidad en junio de 2025, mediante la cual se instó al Gobierno regional a actuar.

La dilación en la implementación de estas medidas demuestra la desidia que afecta a las víctimas, lo que ha provocado que los de Leticia Díaz tomen la iniciativa legislativa para asegurar la justicia y el apoyo.

La portavoz de Vox ha afirmado que “es inconcebible que, después de tanto tiempo, de una reforma necesaria, las víctimas del terrorismo sigan esperando sin tener certezas. Han transcurrido más de dos años desde la entrada en vigor de la Ley, la experiencia de su aplicación aconseja introducir mejoras y eliminar incertidumbres.

Mientras el Gobierno demora soluciones, esta Proposición de Ley refuerza el principio de igualdad entre víctimas y consolida un sistema más justo, predecible y ágil”.

Justicia económica

Uno de los pilares centrales de la Proposición de Ley es la fijación de un porcentaje complementario cierto y objetivo para las indemnizaciones. La iniciativa establece que el importe de las indemnizaciones complementarias, respecto a las previstas en la Ley estatal 29/2011, será equivalente al 30 por ciento de las cantidades reconocidas por la Administración General del Estado en concepto de daños personales.

Ampliación del reconocimiento y la retroactividad

La Proposición de Ley incluye a beneficiarios que hasta ahora se encontraban desprotegidos o tenían serias dificultades para acceder a las ayudas, como son herederos de víctimas incapacitadas fallecidas y se añade que los herederos de víctimas que hubieran quedado incapacitadas como consecuencia de un atentado terrorista y hubieran fallecido por causa distinta a las secuelas del atentado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 1/2023, también tendrán la consideración de beneficiarios.

Además, víctimas de coacciones y amenazas para los que se precisan los destinatarios, incluyendo a las víctimas de secuestro, extorsión, coacciones o amenazas terroristas que se vieron obligados a cambiar su residencia, fijándola en Cantabria.

De igual forma, efectos retroactivos y plazo extraordinario: Se reconocen efectos retroactivos desde la entrada en vigor de la Ley 1/2023. A tal fin, se abrirá un plazo extraordinario de seis meses desde la entrada en vigor de esta reforma para que los posibles beneficiarios puedan presentar nuevas solicitudes o ratificar aquellas que hubieran sido denegadas por insuficiencia de cobertura legal.

Al mismo tiempo, convocatorias permanentes, de tal forma que se modifica el artículo 33 para que las convocatorias de ayudas complementarias tengan carácter permanente, estando abiertas para ser solicitadas en el primer trimestre de cada año.

Asistencia integral

Vox exige al Gobierno de Cantabria que cumpla con los aspectos de apoyo psicológico y de memoria colectiva, ya que las carencias van más allá de lo meramente económico. La Proposición de Ley incluye artículos específicos para garantizar un apoyo continuo y la preservación de la memoria con la asistencia psicológica inmediata y permanente. Así, se garantizará la existencia de programas de asistencia psicológica inmediata y permanente a las víctimas del terrorismo y a sus familias, prestados a través del sistema público de salud o mediante convenios con entidades especializadas.

También, hace referencia al espacio físico para las asociaciones, donde el Gobierno de Cantabria deberá habilitar un espacio físico para las asociaciones de víctimas del terrorismo en Cantabria, sirviendo como punto de encuentro, apoyo mutuo y organización de actos de memoria y concienciación.

Asimismo, se refiere a los programas educativos, donde se desarrollarán programas educativos en los centros escolares, dirigidos a la preservación de la memoria, fomentando la participación directa de las víctimas en charlas, encuentros y proyectos divulgativos.

Un mandato ignorado

La proposición de Vox busca actualizar la ley cántabra para alinearla con las mejores prácticas vigentes en España y corregir las deficiencias que han generado un vacío legal y una desigualdad entre las víctimas.

Leticia Díaz ha insistido en que el Gobierno de Cantabria “deberá adoptar las medidas presupuestarias necesarias para atender las obligaciones derivadas de esta ley, garantizando la simplificación de los procedimientos, la tramitación preferente y, siempre que sea posible, el pago de las indemnizaciones en un único acto”. “Es inaceptable que las víctimas deban enfrentarse a obstáculos burocráticos para obtener la justicia que merecen.

Esta Proposición de Ley no es un favor, es la exigencia de dignidad, memoria y reconocimiento que nuestro Grupo Parlamentario garantiza, acabando con el desamparo al que han sido sometidas todas las víctimas por la inacción de la administración regional”.

El Grupo Parlamentario Vox en Cantabria, al presentar esta Proposición de Ley, refuerza su compromiso ineludible con la verdad, la memoria, la dignidad y la justicia para todas las víctimas del terrorismo, asegurando que los compromisos adquiridos en el Parlamento se conviertan en derechos efectivos. Contacto: