La Fiscalía archivó las diligencias contra Desarrollo Rural al no apreciar delito por las actuaciones en el control poblacional de lobo

La Fiscalía archivó las diligencias contra Desarrollo Rural al no apreciar delito por las actuaciones en el control poblacional de lobo. Ecologistas en Acción y la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel) presentaron esta denuncia.

La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos (PP), ha expresado su “satisfacción” por el archivo por parte de la Fiscalía de Cantabria de las diligencias abiertas contra ella y el director General de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio.

“Me siento muy satisfecha por lo que esta decisión de la Fiscalía significa para nuestro sector”, ha asegurado, destacando que la ganadería constituye “un sector clave para nuestra Comunidad”.

Susinos ha reiterado que desde la Consejería se está “trabajando con absoluta legalidad y vamos a continuar realizando los controles poblacionales de lobo en nuestra región”. “Y lo vamos a seguir haciendo en base a criterios científicos y técnicos”, ha precisado.

En este sentido, se ha referido a la búsqueda del necesario equilibrio, asegurando que “en Cantabria no queremos acabar con el lobo, pero no podemos permitir que el lobo termine con nuestra ganadería”.

La consejera ha avalado esta necesidad recordando que el pasado año se produjeron más de 2.500 ataques y se certificaron más de 3.200 animales fallecidos.

También ha apuntado un incremento del 92 por ciento hasta un total de 23 manadas en los últimos diez años, con más de 200 lobos en el 80 por ciento del territorio de la comunidad autónoma, incluyendo zonas de costa.

“Es necesario e imprescindible realizar el control poblacional para poder hacer compatible la convivencia de nuestra ganadería con el lobo”, ha subrayado la consejera. Además, ha comentado que el 20 por ciento de las extracciones que permite llevar a cabo el Plan de Gestión consigue la estabilidad de la población actual de lobos.

Podemos

El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de la diputada de Podemos Ione Belarra, ha registrado una batería de preguntas al Gobierno para exigir explicaciones sobre la retirada de la protección del lobo ibérico, tras la polémica enmienda impulsada por PP, Vox, Junts y Partido nacionalista Vasco (PNV) dentro de la ley de desperdicio alimentario, que ha supuesto su exclusión del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre).

Desde Podemos se denuncia que esta maniobra legislativa, "tramposa y jurídicamente cuestionable", ha permitido que comunidades autónomas como Cantabria y Asturias aprueben cuotas de caza de 41 y 53 lobos respectivamente, activando un auténtico exterminio institucionalizado.

La coordinadora Autonómica de Podemos Cantabria, Mercedes González, ha declarado que lo que está ocurriendo con el lobo es una vergüenza para cualquier país que pretenda llamarse civilizado. El Gobierno de Cantabria está llevando a cabo una caza política contra una especie clave para el equilibrio ecológico de nuestros montes. No vamos a quedarnos calladas mientras se dispara contra la biodiversidad".

La formación morada pregunta al Gobierno central si piensa recurrir ante el Tribunal Constitucional la norma que ha permitido este ataque a la fauna salvaje, y exige que se restaure inmediatamente la protección del lobo en el Lespre. También solicita conocer las medidas que el Ministerio para la Transición Ecológica está adoptando para frenar la matanza.

El secretario de Medio Ambiente de Podemos Cantabria, Pablo Gómez, ha sido tajante y ha declarado que "el lobo no es el enemigo. El enemigo es un modelo económico que destruye el medio rural y precariza la ganadería extensiva y necesita un chivo expiatorio para tapar su fracaso. Defender al lobo es defender un medio rural vivo, diverso y sostenible".

Podemos recuerda que el lobo es un depredador apical cuya función en los ecosistemas está científicamente demostrada, y advierte de que la decisión de permitir su caza contraviene la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Además, celebra que tribunales como el TSXG comiencen a dar la razón a las organizaciones ecologistas que han recurrido esta medida.