Cantabria avanza en la nueva organización judicial con la aprobación de las oficinas de los tribunales colegiados y de instancia en los ocho partidos judiciales

Cantabria avanza en la nueva organización judicial con la aprobación de las oficinas de los tribunales colegiados y de instancia en los ocho partidos judiciales.

La Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa ha publicado hoy en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) varias resoluciones en las que el Ejecutivo regional avanza en la implantación del nuevo modelo organizativo del Servicio Público de Justicia que introduce la Ley de eficiencia judicial, que reforma la planta en todo el país con la creación de tribunales de instancia, la nueva oficina judicial y las oficinas de justicia en los municipios.

La responsable de la Consejería, Isabel Urrutia (PP), ha considerado que esta nueva normativa impulsada por el Gobierno cántabro permitirá el cumplimiento de los “exigentes plazos impuestos” por la ley orgánica, y ha insistido que esta Ley supone un “cambio radical” en la organización del sistema judicial, lo que se ha hecho “sin contar con las Comunidades Autónomas con competencias de justicia y cargando además a las autonomías con los costes de la reforma”.

De cualquier forma, la consejera de Justicia ha asegurado el cumplimiento en la comunidad de los plazos marcados por Ley nacional, que fija en la primera fase de implementación unos objetivos que deberán estar cumplidos el día 1 de julio de este año con la implantación de la nueva estructura organizativa en la Administración de Justicia de Cantabria en siete de los ocho partidos judiciales. En Santander, la fecha legalmente prevista es el día 31 de diciembre.

Urrutia ha destacado además el cumplimiento de otro de los compromisos recogidos en el Pacto para la Justicia de Cantabria, que contempla la puesta en marcha del nuevo modelo organizativo, en un marco de colaboración con todos los agentes implicados.

En este sentido, las nuevas resoluciones publicadas hoy en el BOC han sido aprobadas tras la finalización de los correspondientes procesos de negociación con las organizaciones sindicales de la Administración de Justicia y en estrecha colaboración con los miembros del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), jueces, magistrados y letrados de la Administración de Justicia de todos los partidos judiciales, así como con los colegios profesionales.

“Cantabria está cumpliendo con el reto de la nueva organización judicial y con los compromisos del Pacto para la Justicia de Cantabria, a pesar de la urgencia, precipitación y abandono del Ministerio de Justicia a las comunidades”, ha opinado la consejera, quien ha valorado, frente a ello, el papel y la colaboración de todos los colectivos judiciales a nivel regional.

Por último, Isabel Urrutia ha señalado que, tras la aprobación de estas resoluciones, el Gobierno de Cantabria dará en los próximos meses otros pasos “fundamentales” en la implementación de la nueva estructura judicial, como es la cobertura de los puestos singularizados y la incorporación de todo el personal a los nuevos puestos de trabajo que contemplan las relaciones de puestos, que se realizará a través de un proceso de acoplamiento.

Resoluciones

La primera de las resoluciones del Gobierno cántabro fija el diseño y estructura de la oficina judicial para los Tribunales Colegiados y Tribunales de Instancia de la Comunidad Autónoma de Cantabria, que están basados en los modelos de referencia aprobados por las Comunidades Autónomas en la Conferencia Sectorial del año 2022, de cara a garantizar una homogeneidad en las estructuras judiciales en todo el país.

La nueva normativa dispone que habrá un Tribunal de Instancia en cada partido judicial, con sede en su capital, de la que tomará su nombre y que, con carácter general, estarán integrados por una Sección Única, de Civil y de Instrucción. No obstante, además de estas Secciones de Civil y de Instrucción, los Tribunales de Instancia podrán estar integrados por otras, como ocurre en el caso de Santander, en el que habrá Secciones de Familia, Infancia y Capacidad, de lo Mercantil, de Violencia sobre la Mujer, de lo Penal, de Menores, de Vigilancia Penitenciaria, de lo Contencioso-administrativo y de lo Social.

En consecuencia, desaparece la estructura basada en juzgados unipersonales con su propia forma de funcionamiento para convertirse en Tribunales de Instancia asistidos por una única organización que le da soporte, la Oficina judicial, organizada en servicios comunes, en atención a su dimensión.

En el caso de Cantabria, todos los partidos judiciales contarán con un Servicio Común de Tramitación, que realizará todas las funciones requeridas para la ordenación de los procedimientos. Además, en el caso de Torrelavega y Santander, existirá un Servicio Común General, que efectuará labores centralizadas y de carácter transversal, y, exclusivamente en la capital, se creará un Servicio Común de Ejecución, que realizará todas las funciones requeridas para la ordenación de los procesos de ejecución.

Igualmente, otra de las resoluciones autonómicas aprueba la relación de puestos de trabajo de las oficinas judiciales en los partidos de Castro, Laredo, Medio Cudeyo, Reinosa, Santoña, San Vicente y Torrelavega, necesarias para implementar la nueva estructura judicial en el ámbito del personal.

El Gobierno cántabro también ha aprobado en otras dos resoluciones las relaciones de puestos de trabajo de las oficinas generales del Registro Civil en los partidos judiciales de Castro, Laredo, Medio Cudeyo, Reinosa, Santoña, San Vicente y Torrelavega, como servicios independientes a los tribunales de instancia, así como las de las oficinas de justicia en los municipios, antiguos juzgados de paz.

El procedimiento de acoplamiento de los funcionarios de la Administración de Justicia a la nueva estructura judicial comenzará ahora a negociarse entre el Gobierno cántabro y los representantes sindicales. La incorporación de todo el personal a los nuevos puestos de trabajo se realizará bajo el principio de mantenimiento de la continuidad en la prestación del servicio público de justicia para evitar distorsiones en el funcionamiento del mismo.