César Pascual (PP): “el convenio con Santa Clotilde es imprescindible para asegurar la continuidad asistencial de servicios esenciales prestados desde hace más de 80 años”

“El convenio singular con Santa Clotilde no es un contrato a dedo ni una concesión privada, es una figura jurídica perfectamente recogida en la Ley General de Sanidad, en la Ley de Contratos del Sector Público y en la Ley de Ordenación Sanitaria de Cantabria, cuyo objetivo es asegurar la continuidad asistencial de servicios esenciales para el sistema público de salud, que Santa Clotilde presta desde hace más de ocho décadas, con calidad y profesionalidad”.

El consejero de Salud, César Pascual, ha salido hoy al paso de los insistentes “bulos” y “desinformaciones” que “algunos quieren hacer creer”, para explicar “con datos, rigor y trasparencia” que el Gobierno de Cantabria “no” privatiza, sino que trata de integrar funcionalmente a Santa Clotilde en la red pública con financiación, fiscalización y supervisión públicas, y bajo el control del Servicio Cántabro de Salud (SCS).

“No hay pelotazo, no hay privatización encubierta, sino una campaña deliberada de manipulación, impulsada por quienes saben que están mintiendo, pero confían en que la mentira, si se repite muchas veces, cale en la opinión pública”. Por eso, el titular de Salud ha querido ofrecer “verdad frente al ruido”, por cuanto el Gobierno de Cantabria actúa “de acuerdo a ley y con total transparencia, con el único propósito de mejorar la asistencia sanitaria pública de los cántabros”.

De hecho, Cantabria es la única comunidad autónoma que aún no había suscrito un convenio singular de estas características que, de acuerdo a la legalidad, permite integrar en la red pública a instituciones sanitarias sin ánimo de lucro, como es la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, de quien depende Santa Clotilde, cuando su colaboración se considera necesaria, imprescindible, para garantizar servicios sanitarios esenciales.

“Y Santa Clotilde lo es, puesto que Valdecilla no podría ser un hospital de la más alta complejidad, líder en nuestro país, sin su cooperación, sería absolutamente imposible”. Por lo tanto, ha subrayado el consejero, el objetivo es “sencillo y legítimo”.

El proceso, ha continuado, se está gestionando con absoluta transparencia, conforme a Derecho, con todas las garantías jurídicas y financieras y estará, como cualquier otro convenio, como cualquier acción de gobierno, bajo el control parlamentario y contará con los preceptivos informes de la Intervención y del Tribunal de Cuentas.

“No se firma en despachos, se tramita”, precisamente para “evitar” irregularidades del pasado y para “dar” seguridad jurídica a un servicio sanitario que lleva décadas prestándose en Cantabria.

Memoria histórica

Durante su comparecencia ante los medios de comunicación, Pascual ha hecho “un poco” de memoria histórica, recordando que el Gobierno PRC-PSOE anterior pagó casi 65 millones al Hospital Santa Clotilde durante las dos últimas legislaturas, a los que hay que añadir otros 19 millones abonados sin contrato.

En total, 84 millones en ocho años a precios de hace una década y sin la cobertura legal que ahora se establece “con absoluta transparencia”. Entonces ha clamado Pascual nadie hablaba de pelotazo, ni de privatización.

“Hoy, cuando se hace bien, con control, con transparencia y con luz pública, PRC y PSOE se escandalizan, algo difícil de entender o demasiado fácil de explicar”, máxime cuando en esa época, ha recordado, invirtieron en el Hospital de Laredo poco más de 8 millones y medio, es decir, un 10 por ciento de lo que pagaron a Santa Clotilde.

En cambio, “nos dicen ahora que no hagamos este convenio y que destinemos ese dinero al Hospital de Laredo”. En palabras de Pascual, “es algo más que incoherencia, es oportunismo político partidista, patético, pero cierto”.

Expediente en tramitación

César Pascual ha matizado que, además, el convenio aún no está firmado, puesto que actualmente está en trámite con un expediente abierto, “sujeto a los informes jurídicos, económicos y de control público, conforme a la Ley”.

De hecho, la ley exige que, antes de cerrar el texto del convenio y aprobar su firma definitiva, se apruebe un certificado de crédito adecuado y suficiente con carácter plurianual, que es en el punto en que se encuentra el documento.

Así que, de momento, “no hay aprobado ningún convenio singular con Santa Clotilde, hay un expediente en pleno trámite administrativo, pero ni aprobado, ni firmado”.

En definitiva, el Gobierno de Cantabria defiende una sanidad pública fuerte, moderna y colaborativa, y lo demuestra con hechos. “Apostamos por una sanidad que no excluye la cooperación, venga de donde venga, sino que la regula, la fiscaliza y la pone al servicio de los ciudadanos”.

Por eso, “no aceptamos lecciones de ética ni de gestión de quienes hicieron exactamente lo contrario, porque Cantabria no necesita ruido, necesita serenidad, rigor y responsabilidad”. Necesita, ha dicho Pascual, que hablemos de salud, y no de titulares diseñados para intoxicar.

Por último, Pascual vuelvo a recordar que “jamás la sanidad pública tuvo tanto presupuesto en Cantabria” por lo que, los datos desmontan los bulos, ya que el Gobierno no ha entregado 216 millones a escondidas, como afirman algunos, nada más lejos de la realidad.

“Al contrario, dato mata relato, y nuestros datos reflejan el compromiso de este Gobierno con la sanidad, con apuestas presupuestarias nunca vistas en esta región”. Además, el incremento que anunció ayer la presidenta de Cantabria para 2026 es “una cifra jamás soñada”.

PSOE

El PSOE de Cantabria ha denunciado que la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga (PP), “continúe ahora con su plan de privatizar la sanidad pública”, algo que empezó en 2011 siendo consejera de Sanidad con “la privatización de todos los servicios no sanitarios del Hospital Valdecilla”, y ahora retoma con una iniciativa para “dejar en manos privadas” servicios sanitarios por los que todos los cántabros pagarán 216 millones de euros durante los próximos 15 años.

La portavoz de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE, Ainoa Quiñones, ha lamentado que el Gobierno del PP haya aprobado el acuerdo para esa privatización de servicios sanitarios “por la puerta de atrás” ya que se adoptó en el Consejo de Gobierno del pasado día 9 de octubre, pero no se informó de ellos en la relación de acuerdos.

La dirigente socialista también ha criticado que el Ejecutivo del PP haya podido materializa su “afán por privatizar e hipotecar la sanidad” gracias a “una enmienda que colaron en la Ley de acompañamiento de los presupuestos” y que permite la firma del convenio con “un hospital privado de referencia” que preste servicios públicos.

“La presidenta que dice que no hay recursos suficientes para mejorar la sanidad pública en Cantabria, desmantela el Hospital Comarcal de Laredo, colapsa el hospital de Reinosa, tiene consultorios rurales cerrados, deja sin médico los Servicios de Urgencias de Atención Primeria (SUAP), castiga a las enfermas del hospital de Laredo o solo da el complemento de atención continuada a los médicos dejando fuera al resto de profesionales sanitarios, y ahora firma dar 216 millones en los próximos 15 años a la sanidad privada”, ha añadido.

Quiñones ha recordado que la ahora presidenta “hipotecó el futuro” de la sanidad cántabra siendo consejera del área al privatizar todos los servicios no sanitarios del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla por los que los cántabros pagan “40 millones al año durante 20 años, es decir, 900 millones de euros”.

Por tanto, la portavoz del PSOE ha manifestado que lo que está haciendo ahora el Gobierno de Buruaga “no es nuevo”. “Misma protagonista, mismo sistema y mismo destino: dejar en manos privadas el futuro de la sanidad pública en Cantabria”, ha apostillado.

Y ha considerado que la presidenta regional habló ayer del secretario de Organización del partido, Agustín Molleda, para “tapar” esta privatización de servicios durante 15 años y que podrían prestarse en los hospitales públicos con esos 216 millones. “¿Qué puede hacer Santa Clotilde que no pudiera hacer el hospital Valdecilla, Sierrallana, Reinosa o Laredo con 216 millones de euros más? Nada. Por eso, la señora Buruaga habla ahora de Agustín Molleda”.  

Rectificar

En este sentido, Quiñones ha censurado las “graves e infundadas acusaciones” de la presidenta de Cantabria contra el secretario de Organización del PSOE y ha advertido a Buruaga de que, “si tiene pruebas para decir que Molleda es un corrupto de libro, que vaya a un juzgado y lo denuncie”, aunque ha considerado que lo manifestado ayer por la presidenta “fue un calentón y debe rectificar y pedir perdón”.

Y es que, ha enfatizado, “mentir sí es ilegal” y Buruaga “debería respetar más a la institución que representa y hablar con más respeto a la verdad”.

“Si Buruaga tiene pruebas o si tiene argumentos jurídicos que sostengan sus afirmaciones acusando a Agustín Molleda de corrupto, lo que tiene que hacer la presidenta de Cantabria en cumplimiento de la ley es denunciarle. Si no los tiene y lo que dijo ayer fue un calentón, rectificar y pedir perdón”, ha dicho la portavoz socialista.

Aunque Quiñones ha opinado que se trata de “una cortina de humo”, ha avisado a Buruaga que tendrá que “defender esas graves acusaciones ante un juez” porque sus manifestaciones van a formar parte de la querella que el secretario de Organización va a interponer contra “todos aquellos que han atentado contra su honor y su dignidad y la de su familia”.

“Para llamar corrupto del libro a alguien en este país, primero hay que tener pruebas, primero hay que tener hechos constatados que sostengan esa acusación. Si Buruaga los tiene, no los ha demostrado”, ha concluido.

Podemos

Podemos Cantabria denuncia que el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga está ejecutando la mayor operación de privatización sanitaria en Cantabria en las dos últimas décadas, al haber aprobado la tramitación de un convenio singular con el hospital privado Santa Clotilde por una duración de hasta 24 años, sin concurso público y con un coste estimado de más de 200 millones de euros.

El acuerdo, aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado día 9 de octubre, permite derivar pacientes, tratamientos y recursos públicos a una entidad privada gestionada por la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, al amparo de una enmienda introducida por el PP y el PRC en la Ley de Acompañamiento de 2025, que autoriza contratos sanitarios de hasta 20 años prorrogables otros cuatro, sin necesidad de licitación abierta.

La Coordinadora Autonómica de Podemos Cantabria, Mercedes González, ha sido tajante: “esto no es colaboración público-privada, es un expolio público-privado. Es entregar la sanidad de Cantabria, durante una generación entera, a una empresa privada con un contrato hecho a medida y sin competencia real. Es hipotecar el sistema sanitario público durante 24 años para favorecer intereses privados”.

González ha recordado que Podemos ya denunció esta maniobra en febrero de 2025, cuando elDiario.es adelantó que Santa Clotilde sería el primer hospital de Cantabria en firmar un contrato singular con la sanidad pública sin licitación. En aquel momento, el partido advirtió que se trataba de “un modelo opaco, antidemocrático y peligroso para la sanidad pública”.

“El tiempo nos ha dado la razón. Dijimos que este modelo abriría la puerta a contratos a dedo disfrazados de colaboración, y hoy lo estamos viendo. El Gobierno del PP está legalizando el desvío de recursos públicos a la privada bajo un falso argumento de eficiencia”, ha denunciado González.

Desde Podemos Cantabria señalan que el convenio con Santa Clotilde no sólo blinda la presencia del sector privado dentro del sistema público, sino que establece condiciones financieras que comprometen los presupuestos sanitarios de varias legislaturas.

“Mientras los hospitales públicos sufren falta de personal, urgencias saturadas y listas de espera inaceptables, el Gobierno firma un cheque en blanco de 216 millones para un hospital privado. Esto no es una mejora del sistema: es una renuncia al derecho universal a la sanidad pública”, ha añadido González.

El partido recuerda que el Ejecutivo cántabro ya había ampliado en 2024 los conciertos sanitarios con centros privados, una política que ahora “se blinda durante 24 años con una norma hecha a medida”.

“La sanidad no se vende, se defiende. Y la vamos a defender con toda la fuerza política y social que sea necesaria”, ha concluido la coordinadora autonómica.

Podemos Cantabria exigirá la derogación inmediata de la disposición que permite convenios sin licitación y de larga duración, así como la paralización del acuerdo con Santa Clotilde hasta que se realice una auditoría pública del gasto sanitario y de los contratos vigentes con la sanidad privada. Y si es necesario utilizara todas las vías legales.

CCOO

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras de Cantabria (CCOO) ha arremetido hoy contra el Gobierno de Cantabria acusándolo de estar destruyendo la sanidad pública de todos los cántabros a merced de las privatizaciones de los servicios sanitarios.

“Es una vergüenza que ya advertimos hace meses, cuando alertamos de las sombras que sobrevolaban sobre el supuesto convenio singular con el Hospital Santa Clotilde”, ha manifestado Arantxa Cossío, secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO en Cantabria, para quien “se trata de una privatización encubierta al más puro estilo del Partido Popular, como ya hicieron en 2015 con Valdecilla, y ahora cuenta con el apoyo de la presidenta por lo que, de seguir así, en nada la ciudadanía de Cantabria tendremos que pagar por la atención sanitaria”. Cossío ha denunciado que “no tienen dinero para la sanidad pública y sus profesionales, pero sí para regalar millones a un hospital privado sin transparencia, sin publicidad y sin licitación”.

En este sentido, Cossío ha alertado sobre el “cambio de modelo que está llevando a cabo la Consejería con cada una de sus decisiones y con la imprescindible colaboración de las gerencias de los centros, que están gestionando de forma autoritaria, sin transparencia su personal”, y ha apuntado que “la perversión del sistema ocurre por infrafinanciación del sistema sanitario público, provocar colapso y presentar la privatización como única salida”. 

Así, “sólo les interesa la lista de espera, pero no para solucionar los retrasos en diagnósticos, pruebas, consultas de especialista o intervenciones quirúrgicas, sino para tener una justificación más de que este sistema no funciona y que hay que gastarse más dinero en peonadas”, ha criticado la responsable sindical.

Además de la privatización encubierta, “este cambio de modelo incluye la centralización de la atención especializada en la capital, dejando morir lentamente a los hospitales comarcales, permitiendo que la atención primaria se vaya alejando del entorno rural y no haciendo mayores inversiones en promoción y prevención de la salud de la población cántabra”, ha incidido el sindicato. Prueba de esta dejadez, ha apuntado Cossío, “es el desprecio de la Consejería de Salud a los y las profesionales de la sanidad de Cantabria, sin presentarse siquiera a la reunión de la Mesa General donde CCOO ha solicitado la inclusión de partidas presupuestarias muy concretas que garanticen la mejora de las condiciones laborales del personal y el fortalecimiento de los servicios esenciales”.

“Para esta Consejería sólo existe parte del personal médico y, cada día, la discriminación con el resto de categorías se incrementa porque sigue retrasando sine die la firma de los preacuerdos alcanzados en julio en materia de pago de noches y festivos en situaciones de incapacidad temporal, encuadramiento de carrera y desarrollo profesional”, ha lamentado Cossío.

Desde la Federación han enumerado la “infinidad de chapuzas” en la gestión del personal del Servicio Cántabro de Salud (SCS), como los procesos de movilidad voluntaria, que no terminan de funcionar correctamente, los retrasos en la resolución de las oposiciones, el personal en formación que no puede cobrar guardias ni noches ni festivos cuando está de baja, el personal laboral fijo como el del Tres Mares y del programa de cribado de cáncer de mama que no sólo no cobra mejoras retributivas, ni carrera profesional, ni complementos cuando caen de baja, etc.

Por todo ello, la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios ha anunciado que retomará las movilizaciones en el servicio público de salud si antes de fin de mes no se firman los acuerdos previstos sobre pago de complemento de atención continuada en incapacidad temporal para todas las categorías de personal estatutario, laboral y laboral en formación y el encuadramiento de carrera y desarrollo para todos los profesionales del SCS.