lunes. 25.08.2025
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El Gobierno de Cantabria anuncia la bajada de la ratio a 20 alumnos en tercero de Primaria a partir del próximo curso

Esta medida supondrá una inversión de 1,5 millones de euros

Reunión con representantes de la Fampa.
Reunión con representantes de la Fampa.
El Gobierno de Cantabria anuncia la bajada de la ratio a 20 alumnos en tercero de Primaria a partir del próximo curso

El Gobierno de Cantabria anuncia la bajada de la ratio a 20 alumnos en tercero de Primaria a partir del próximo curso 2025-2026, una medida que supondrá una inversión de 1,5 millones de euros.

Así, lo anunció la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), quien aseguró que de esta manera cumple el compromiso electoral asumido con los cántabros y con la comunidad educativa de atender la bajada de la ratio, primero, en segundo curso de Primaria, rebaja que ya se ha aplicado en el presente curso escolar, y, el próximo curso, en tercera de Primaria.

La jefa del Ejecutivo ha realizado este anuncio en el transcurso del encuentro que ha mantenido con la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Fampa) de Cantabria para abordar diferentes temas de interés tanto para las familias como para la administración educativa.

En la reunión, que ha tenido lugar en la sede del Ejecutivo cántabro, también ha participado el consejero de Educación Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, quien ha destacado que la decisión que hoy ha aprobado el Consejo de Gobierno es un paso más en el cumplimiento de la hoja de ruta marcada desde comienzos de la legislatura para rebajar progresivamente las ratios en el ciclo de Primaria, al igual que ocurre en el segundo ciclo de Infantil.

Según la previsión que maneja la Consejería y a falta de cerrarse el periodo de matriculación para el curso que viene, Silva ha estimado que serán entre 25 y 35 las nuevas unidades que será necesario crear para adaptar las ratios a 20 alumnos en tercero de Primaria, cifra similar a la que implicó la implementación de esta medida en segundo curso el pasado año, cuando se crearon 29 unidades más.

El consejero ha lamentado que no se haya podido alcanzar un acuerdo al respecto con la Junta de Personal Docente, con la que Educación lleva negociando más de un año: “creemos que tenemos que seguir adelante como medida de calidad educativa y también como medida para ir absorbiendo razonablemente la bajada de la natalidad en Cantabria”, ha dicho.

Becas de comedor

Además de este asunto, la reunión de Buruaga y el consejero de Educación, Sergio Silva, con Fampa ha servido para avanzar en otras dos reivindicaciones de las familias en relación con las becas de comedor y el banco de recursos.

Sobre el primer asunto, el titular de Educación ha mostrado su disposición a estudiar la propuesta de incrementar del 75 al 100 por cien las becas que perciben las familias más necesitadas, propuesta cuyo impacto económico, ha apuntado, “no tendría que ser muy grande”. Según ha explicado, en Cantabria hay en estos momentos 11.000 alumnos usuarios del servicio de comedor, de los que un 62 por ciento perciben la ayuda del 75 por ciento.

En cuanto al banco de recursos, Sergio Silva ha subrayado que la aportación del Gobierno en los dos últimos años ha subido casi un 20 por ciento, pasando de 2,1 a 2,5 millones, y se ha comprometido a seguir trabajando para lograr la “mayor homogeneidad posible” entre centros.

“Queremos que la aportación que las familias tienen que hacer en las etapas obligatorias para materiales escolares sea la menor posible y, a poder ser, cero”, ha resaltado.

Buen sistema educativo

Finalmente, Gobierno y Fampa han analizado la situación general del sistema educativo de Cantabria y han coincidido en que la comunidad dispone de un “buen sistema educativo”, en opinión del consejero, tanto en dotación de recursos como de personal.

Sergio Silva ha defendido que el servicio funciona “razonablemente bien”, en contra de la impresión de “conflicto permanente” que se está trasladando en la negociación de la adecuación salarial de los docentes. En este sentido, ha manifestado que Educación y Fampa comparten la necesidad de hacer un esfuerzo para atender esa reclamación con “sensatez presupuestaria”, pero también la preocupación de que la situación se resuelva “lo antes posible” y que las decisiones que se tomen “no comprometan la calidad del sistema en otros ámbitos” como, por ejemplo, los bancos de recursos.

Por su parte, el presidente de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres (AMPA) de Cantabria, José Manuel Torre, ha valorado de manera “positiva” la reunión con la presidenta y el consejero, con quien la relación ha reconocido que también es “buena”.

Sobre la petición relativa a las becas de comedor, Torre considera necesario cubrir el 100 por cien para las familias más vulnerables, que muchas veces no pueden afrontar ni siquiera ese 25 por cien de gasto mínimo que tienen ahora para garantizar el servicio a sus hijos.

De acuerdo con el informe del Consejo Escolar correspondiente al curso 2023-2024, el presidente de Fampa ha especificado que la medida afectaría a unos 1.700 alumnos y supondría un coste para la administración de unos 400.000 euros.

Y en cuanto a las aportaciones de las familias para los bancos de recursos, ha puesto el foco en la “disparidad” que hay entre unos centros y otros, y ha sostenido que la educación sea pública y gratuita “a efectos reales”. 

Junto a José Manuel Torre, han asistido a la reunión con Buruaga y Silva la vicepresidenta de Fampa Cantabria, Leticia Cardenal; la secretaria Sabrina Cruz, y el vocal Fernando García.

Esta organización agrupa en la actualidad a 158 Ampas de otros tantos centros educativos de la comunidad autónoma, cifra que representa más del 80 por ciento de los existentes.

ANPE

Desde ANPE Cantabria se felicitan por el anuncio de la reducción de la ratio a 20 alumnos en tercero de Primaria a partir del curso 2025-2026, una medida largamente esperada por el profesorado y por toda la comunidad educativa. Sin embargo, consideran que este anuncio, lejos de suponer el cumplimiento de los compromisos del Gobierno de Cantabria, representa únicamente un avance parcial que evidencia un importante retraso respecto a lo prometido.

El compromiso electoral y programático del actual Ejecutivo regional era claro, aseguran, bajar la ratio a 20 alumnos en toda la etapa de Educación Primaria durante esta legislatura. Dos años después de iniciada, tan solo se ha aplicado esta reducción en segundo de Primaria, en el curso actual, y ahora se anuncia para tercero el próximo curso lo que supone únicamente el cumplimiento de un 25 por ciento del compromiso, mientras que 4cuarto, quinto y sexto de Primaria siguen sin horizonte claro para su aplicación.

Además, lamentan la forma en que el consejero de Educación, Sergio Silva (PP), está gestionando este proceso. El titular de Educación no ha querido alcanzar un acuerdo con la Junta de Personal Docente, a pesar de que se lleva más de un año solicitando formalmente la apertura de negociaciones para fijar un calendario concreto y vinculante de reducción de ratios en Primaria. La última solicitud formal de reunión fue realizada a primeros de mayo, y a día de hoy seguimos sin respuesta, inciden.

A su juicio, resulta especialmente grave que el consejero pretenda justificar la lentitud en la aplicación de esta medida atribuyéndola a la supuesta falta de acuerdo con la Junta de Personal. "Esa afirmación es falsa y manipuladora: ha sido la propia Consejería la que ha bloqueado cualquier avance, negándose sistemáticamente a sentarse a negociar", manifiestan.

Asimismo, denuncian que se pretenda vincular esta falta de avances con la negociación sobre la adecuación retributiva del profesorado, como si ambos procesos fuesen incompatibles. Esto no solo es una falsedad, sino que constituye una maniobra política inaceptable que intenta enfrentar a la comunidad docente con la ciudadanía.

Desde ANPE Cantabria exigimos al Gobierno y al consejero Silva que cumplan íntegramente su compromiso: la reducción de ratios debe aplicarse a toda la Primaria antes del fin de la legislatura, y debe hacerse con la participación y el consenso del profesorado, mediante un acuerdo claro con la Junta de Personal Docente.