jueves. 02.05.2024
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Más de un 80 por ciento del personal operativo de la Inspección Médica en Cantabria secunda la huelga convocada por UGT

El paro es secundado por 11 de los 13 facultativos no incluidos en los servicios mínimos y registra un seguimiento similar en el resto del país     

La cifra es similar a la del resto del país.
Más de un 80 por ciento del personal operativo de la Inspección Médica en Cantabria secunda la huelga convocada por UGT

Más de un 80 por ciento del personal operativo de la Inspección Médica de la Seguridad Social en Cantabria, 11 de 13 facultativos no incluidos en servicios mínimos, ha secundado hoy la segunda huelga convocada por Unión General de Trabajadores (UGT) en este colectivo.

La cifra es similar al respaldo al registrado en el resto del país y al del anterior paro por los mismos motivos del pasado 18 de septiembre en la región, ocho de 10 inspectores operativos.

La Federación UGT-Servicios Públicos aclara que "las dos huelgas convocadas y su amplio respaldo reafirma el rechazo mayoritario a la sobrecarga de trabajo que se agrava aún más con la eliminación de los tribunales médicos en las bajas laborales de larga duración, entre 12 y 18 meses, lo que delegará la calificación o no como incapacidad permanente al criterio de un solo facultativo o inspector".

El sindicato insiste en que "la supresión de los tribunales aumenta la sobrecarga de trabajo, las funciones y la propia responsabilidad de los inspectores médicos a niveles que de por sí ya eran antes más que criticables".

Por ello, UGT emplaza a la Dirección General de la Seguridad Social (INSS) a "negociar de verdad y alcanzar un acuerdo para un reparto más equitativo de las cargas de trabajo, una nueva clasificación profesional acorde a las nuevas funciones y una mejora de las condiciones de trabajo de más de 600 profesionales en España".

El sindicato precisa que "está permanentemente abierto al diálogo y a la negociación", aunque advierte que "si no avanza y no se alcanza un acuerdo", habrá más huelgas y movilizaciones "en defensa de los trabajadores y trabajadoras y también de las personas usuarias y su derecho a un servicio público de calidad, que no puede sustentarse sólo en la profesionalidad y el sacrificio de la plantilla".