Desestimados los dos recursos de Salvar Torrelavega contra la Zona de Bajas Emisiones de la ciudad

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha desestimado los dos recursos presentados por la asociación Salvemos Torrelavega contra la Zona de Bajas Emisiones de la ciudad.

En dos sentencias hoy dadas a conocer, el Tribunal resuelve los contenciosos que la asociación presentó contra la delimitación de la zona, que el Ayuntamiento de Torrelavega aprobó en marzo de 2024, y contra la ordenanza municipal que regula la ZBE, de julio del mismo año.

Las dos sentencias, que no son firmes y pueden ser recurridas ante el Tribunal Supremo, esgrimen las mismas razones para no respaldar la petición de la asociación, y es que, como repiten en numerosas ocasiones, “la implantación de la ZBE no es una opción para los municipios de más de 50.000 habitantes”.

“Tampoco se condiciona su implantación a la superación de determinados índices de contaminación, esto solo se refiere a los municipios de más de 20.000 habitantes, y tampoco el Ayuntamiento tiene ninguna opción en cuanto a la imposición de limitaciones y restricciones en esa zona”, añade.

Por tanto, el establecimiento de la ZBE es obligatoria, como también lo es establecer limitaciones y restricciones.

No obstante, la Sala aclara que la implantación de una ZBE “ni mucho menos supone la delimitación de una zona donde queda prohibido el acceso, la deambulación, la libertad de residencia o el movimiento. Sencillamente –continúa- se restringe el acceso con vehículos a motor de determinadas características, íntimamente ligadas a la emisión de contaminantes”.

Y es que, el tribunal percibe que “de algunas alegaciones de la demanda parece que esa zona quedará total y absolutamente restringida al acceso, al paso de personas, actividades económicas o servicios públicos”.

Restricciones

Recuerda el tribunal que para entender si las limitaciones y restricciones establecidas en la ordenanza son proporcionadas, hay que tener en cuenta que existen excepciones.

En este sentido, señala la sentencia que la demanda de la asociación “obvia total y absolutamente este extremo, partiendo de esas prohibiciones y restricciones como si no existieran las excepciones que establece la ordenanza”.

Así, resalta que los vehículos sujetos a restricciones tienen permitido entrar en la ZBE hasta en 24 ocasiones al año o siempre si acceden a aparcamientos públicos por un tiempo superior a quince minutos.

Además, también pueden entrar los vehículos sujetos a restricciones tantas veces como quieran previa inscripción en el Registro de Vehículos Autorizados cuando sean residentes, vehículos de servicio público, usuarios de garajes con vado, vehículos para desplazar a personas con movilidad reducida o incluso vehículos históricos.

“Es decir, a la hora de analizar si una determinada limitación o restricción es excesiva o no, es indispensable ponerla en relación con las excepciones”, insiste la Sala.

La demanda

La demanda esgrimía varios motivos contra la ZBE. Además de dudas sobre la proporcionalidad de la medida que, entendía, limita la libertad de circulación, de libre mercado y competencia, también apuntaba a vicios formales que conllevarían la nulidad de las resoluciones.

Sin embargo, la Sala ha estudiado pormenorizadamente los expedientes que han dado lugar a la normativa y establecimiento de la ZBE de Torrelavega y comprueba que el informe en el que se ha basado el Ayuntamiento “efectúa un análisis detallado de las alternativas y se da la razón a la delimitación, por otro lado, mínima”.

Así, “se tiene en cuenta la posibilidad de acceso por medio del servicio público de autobús y de taxi, incluso la pequeña extensión de la zona permite recorrerla a pie desde cada uno de sus accesos, que cuentan con aparcamientos públicos”.

También se realiza un “detallado estudio de la población, nivel de renta, posibles limitaciones por grupos de edad e impacto de género y también en atención a los concretos negocios existentes”.

Frente a ello, “la demanda sólo contiene meras opiniones subjetivas, sin aportar ni un solo dato que pueda desvirtuar el contenido del informe, sus estudios, valoraciones y conclusión”.

Finalmente, en relación una supuesta falta de estudio económico o presupuestario, la Sala señala que “difícilmente” se puede afirmar esto, ya que lo aportado por la administración en el expediente es “un estudio basado en datos reales y precisos frente al cual la parte demandante formula sus opiniones, pero no aporta ni un solo elemento objetivo que permita considerar el error en las conclusiones”.

En definitiva, “como conclusión, a partir de todo este análisis, no se advierten defectos formales”, concluye el Tribunal, que condena en costas a la Asociación Salvemos Torrelavega limitando la cuantía a 1.500 euros por cada procedimiento.

Colectivo

La plataforma ciudadana Salvar Torrelavega considera “un mazazo enorme para la economía local y para el futuro de la ciudad” las dos sentencias judiciales conocidas recientemente y que avalan la actuación del Ayuntamiento de Torrelavega en relación con la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

A falta de analizar el contenido íntegro de las sentencias,  la plataforma estima que avalan una actuación municipal que afecta a decenas de miles de vecinos que ya están pagando las consecuencias de una ZBE “mal diseñada, agresiva y claramente recaudatoria”, que supondrá la pérdida de actividad económica al poner trabas al acceso de más de 200.000 clientes de muchos municipios colindantes, que ahora optarán por los centros comerciales del entorno en detrimento de centro de la ciudad.

Las resoluciones judiciales desestiman los recursos presentados contra la ordenanza municipal que regula la ZBE y dan por válida la actuación del Consistorio, cerrando así la vía judicial iniciada por la Plataforma. Un respaldo legal que, sin embargo, no disipa, según Salvar Torrelavega, las graves consecuencias económicas y sociales que esta medida está teniendo y tendrá sobre el tejido productivo de la ciudad.

El presidente de la Plataforma, Ángel Herreros, ha asegurado que su colectivo “acata pero no comparte en absoluto” el contenido de este tipo de sentencias que cada vez se entienden menos, pues considera que “algo sea legal no lo convierte automáticamente en justo, ni mucho menos en beneficioso para una ciudad como Torrelavega”, ha señalado.

Herreros ha subrayado que la implantación de la ZBE está afectando de manera directa a pequeños y medianos comerciantes, hosteleros, autónomos, profesionales y familias vulnerables. “Estamos hablando de personas que viven del día a día, de negocios en el centro de la ciudad, de gente que no puede permitirse cambiar de vehículo o asumir sanciones constantes. Esta ZBE castiga al que menos tiene y no ofrece alternativas reales”, ha afirmado.

Desde la plataforma se pone además el foco en que las sentencias avalan una actuación municipal marcada, a su juicio, por la falta de transparencia y de diálogo. “El Ayuntamiento ha impuesto la ZBE con oscurantismo, sin consenso social y ninguneando todas las propuestas que desde la plataforma se hicieron para que fuera menos lesiva para la economía local”, ha denunciado Herreros.

Salvar Torrelavega recuerda que durante meses presentó alternativas, propuestas técnicas y soluciones graduales para compatibilizar las condiciones ambientales, con la protección del comercio y la actividad económica. “Todas fueron ignoradas y despreciadas. Hoy la Justicia avala una ZBE rígida, agresiva y con un claro afán recaudatorio, diseñada más para multar que para mejorar la calidad de vida”, ha añadido.

Pese al revés judicial, la Plataforma ha querido dejar claro que no cesará su actividad. No obstante, ha confirmado que no recurrirá las sentencias. “No lo haremos porque el Ayuntamiento juega con recursos prácticamente ilimitados, que además son patrimonio de todos los ciudadanos, mientras que esta Plataforma se sostiene con el esfuerzo y el compromiso de los comerciantes y vecinos que ya están muy castigados”, ha explicado su presidente.

“Eso no significa rendirse. Significa ser responsables. Seguiremos activos, vigilantes y denunciando los efectos reales de esta ZBE en la calle, en los comercios que cierran y en las familias que lo pasan peor”, ha concluido Ángel Herreros.

La plataforma insiste en que la batalla no es sólo jurídica, sino social y política, y advierte de que la ZBE, tal y como está planteada, “está desconectada de la realidad económica y social de Torrelavega”.

Alcalde

El alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, ha asegurado que “se ha hecho justicia” y que el fallo judicial “avala todos y cada uno de los pasos que ha dado el Ayuntamiento de Torrelavega y todos y cada uno de los pasos que han dado los técnicos responsables”.

López Estrada ha afirmado además que la resolución “ha puesto en su lugar a personas que lo único que han intentado ha sido desacreditar la acción municipal, poniendo sobre la mesa falsedades y, en todo caso, siendo, veremos, opiniones subjetivas, tal y como dice la sentencia”.

El regidor ha recordado que la ZBE lleva meses en funcionamiento y que los sistemas de control están recabando información con normalidad: “hemos conseguido un espaldarazo a la actividad municipal, hemos conseguido una sentencia que deja de manifiesto que el Ayuntamiento de Torrelavega ha hecho lo que podía y lo que debía hacer, que no teníamos otra opción que implantar la zona de bajas emisiones, que hemos hecho una delimitación racional, que hemos aplicado excepciones y que hemos permitido que hasta en 24 ocasiones se pueda incumplir el acceso a la zona de bajas emisiones”.

En este sentido, ha subrayado que la ZBE “en ningún caso es una restricción de la movilidad de las personas ni del uso privativo de un espacio”, y que el Ayuntamiento ha actuado “con el rigor necesario para que cuatro expedientes administrativos diferentes hayan obtenido el visto bueno en la sentencia”.

Respecto al funcionamiento de la ZBE desde su implantación, López Estrada ha señalado que ha estado funcionando como preveíamos que iba a funcionar, sin modificar el día a día de los ciudadanos, entendiendo que teníamos que aplicar una norma, pero que teníamos que seguir permitiendo la actividad principal de la ciudad”.

Además, ha recordado que la puesta en marcha de la ZBE está acompañada de otras actuaciones municipales para mejorar la movilidad y la calidad de vida, haciendo referencia al aparcamiento en altura de La Carmencita, la construcción del parking del Ferial, la puesta en marcha de la ERA, la ola gratuita que, ha subrayado, “somos uno de los pocos ayuntamientos de España que la tiene”, la comarcalización del Torrebus, la instalación de las bicicletas eléctricas o la peatonalización de varias calles de la ciudad.

El alcalde también ha puesto en valor la aplicación flexible de la normativa: “en la zona de bajas emisiones todavía no hemos emitido una sola sanción por la superación de esas 24 incursiones. No tenemos ningún interés por sancionar a los torrelaveguenses, ni mucho menos. Nuestro único interés es el cumplimiento de la ley”.

Asimismo, López Estrada ha destacado la contundencia del fallo: “La sentencia, si la hubiera escrito yo, no lo hubiera hecho mejor. Si hubiera tenido que apoyar los argumentos municipales en los folios que lo han hecho ambas sentencias, yo no lo podría haber hecho mejor. Porque es que avala el expediente administrativo, el expediente de fiscalización, la delimitación. Justifica que esa delimitación ha sido racional, ajustada a derecho, a la norma, pero también ajustada a la geografía de la ciudad. Avala todos y cada uno de los pasos que ha dado el Ayuntamiento de Torrelavega”.

Respecto a un posible recurso ante el Tribunal Supremo, el alcalde ha mostrado su confianza en que este criterio se mantenga en futuras instancias judiciales. “Si ahora llegamos al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo entiende una cosa distinta a la actuación del Ayuntamiento de Torrelavega y a la relación de estas dos sentencias, a mí me sorprendería y no creo que eso suceda”.

Finalmente, ha puesto en contexto el logro administrativo que supone el aval judicial: "somos una pequeña ciudad, una ciudad de poco más de 50.000 habitantes, que ha conseguido hacer el mismo expediente que ciudades mayores como Madrid o Barcelona, y nosotros lo hemos hecho bien. Nosotros hemos tenido el visto bueno de los tribunales y Madrid y Barcelona no lo tuvieron”. Y ha tenido de palabras de reconocimiento y agradecimiento hacia el trabajo que han realizado el secretario municipal, el interventor, el letrado municipal, la jefa del Servicio de Movilidad y el gerente de urbanismo.

Por su parte, la concejal de Movilidad y Urbanismo, Jezabel Tazón, ha calificado las sentencias como “un espaldarazo rotundo a unas políticas públicas en materia de movilidad, serias, técnicas y basadas en la legalidad”.

“Durante meses, ha concluido, hemos asistido a una campaña de desinformación que ha intentado presentar la Zona de Bajas Emisiones como un capricho ideológico o del alcalde. Hoy la Justicia deja claro que no solo es legal, sino obligatoria y correctamente tramitada. Frente al ruido, los tribunales han hablado con rigor.”