El Parlamento rechazó conceder ayudas directas a la compra de vivienda construida para ciudadanos y familias con dificultades de acceso

El Parlamento de Cantabria rechazó conceder ayudas directas, de un 20 por ciento sobre su coste, a la compra de vivienda construida para los ciudadanos y familias con dificultades para acceder al mercado inmobiliario. La Proposición No de Ley, defendida por el PSOE, contó con el voto en contra del PP, Vox y el diputado no adscrito, Cristóbal Palacio, mientras que socialistas y regionalistas apoyaron la iniciativa. De igual forma, los socialistas reclaman el registro permanente de estas viviendas.

Para el diputado regional, Jorge Gutiérrez, el acceso a la vivienda es una carrera de obstáculos por la falta de cisiones políticas y los precios no han dejado de subir con el Gobierno regional de María José Sáenz de Buruaga y el consejero de Vivienda, Roberto Media (PP).

A continuación, subió al estrado Armando Blanco (Vox), quien calificó la iniciativa como cínica, ya que, a su juicio, el Gobierno central no ha hecho nada por la vivienda pública, y en el caso de Cantabria lo prueban las 16 de San Felices de Buelna que se han privatizado y las 1.600 prometidas por Pablo Zuloaga en La Remonta. “Mientras tanto, han apoyado la ocupación y son los máximos culpables de que el alquiler haya aumentado un 68 por ciento, la compra un 62 por ciento y los salarios sólo un 15”, comentó.

En el caso del PRC, tomó la palabra Javier López Estrada quien reclamó la aprobación del Plan estatal de Vivienda y una mayor colaboración institucional. En su discurso, afirmó que el precio del alquiler subió un seis por ciento y las casas de segunda mano un 19.

En su intervención, Juan Alonso (PP), recordó que el acceso a la vivienda es la principal preocupación, con un 42 por ciento, debido a las políticas desarrolladas durante siete años por el Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE). “Con esta iniciativa buscan un lavado de imagen, cuando el PSOE-PRC ha dado alas a la ocupación en su etapa de Gobierno”, subrayó.

De hecho, matizó al PSOE al afirmar que algunas iniciativas están en marcha, como la financiación a los vecinos afectados por el reto demográfico. “Sus medidas generarán inseguridad jurídica, perdida de liquidez, el aumento de los precios y la falta de mantenimiento de esas viviendas”, recalcó.

Por ello, Alonso, pidió que apoyen la Ley de Vivienda del Gobierno cántabro que ofrece seguridad a los propietarios, apoya la sector privado y público y lucha contra la ocupación.

Competencias

En otro punto en el orden del día, el portavoz regionalista, Pedro Hernando, propuso realizar los informes necesarios para evaluar el traspaso integral de las competencias ejecutivas en materia de Salvamento Marítimo como ha sucedido en Euskadi. El objetivo es formalizar un traspaso que afectará tanto a la cobertura como a los tiempos de respuesta en la asistencia a la flota pesquera que faena en la costa oriental cántabra.

El PRC pretende agilizar el procedimiento para proceder a la reorganización de los medios y recursos de salvamento en función de las necesidades de Cantabria, entre ellas, la ubicación en un puerto de la comarca Oriental de la lancha de salvamento que ahora opera en el puerto vasco de Arriluze, en Guecho.

Estas propuestas constituyen, a su entender, "una reivindicación histórica de los pescadores cántabros" y en este momento, una vez formalizado el traspaso de las competencias al País Vasco, "es más necesario que nunca hacerlas realidad".

El portavoz regionalista ha advertido que Cantabria se verá "irremediablemente afectada" por el traspaso de esta competencia a Euskadi, que a partir de ahora puede decidir cambios en la planificación, la coordinación y la prestación de los servicios de búsqueda, rescate y salvamento, con repercusión en todo el Cantábrico oriental.

Aunque no está previsto el traspaso material de bienes, ni de personal, el acuerdo negociado por la Comunidad vecina conlleva una compensación económica equivalente a la valoración de dichos medios, lo cual le permitirá asegurar "una atención más directa y cercana a sus necesidades" y hará posible la integración del salvamento marítimo en el sistema vasco de seguridad pública.

En estas condiciones, Pedro Hernando considera que el Gobierno de Cantabria "no puede permanecer ni un día más cruzado de brazos". "Tiene que tomar ejemplo y seguir los pasos del Ejecutivo vasco para que también Cantabria pueda intervenir en la organización del servicio, comenzando por traslado de la lancha de salvamento a un puerto cántabro para prestar desde allí la asistencia precisa a la flota de la Oriental", ha concluido.

En el debate, la primera en intervenir fue la diputada regional, Letizia Díaz, para quien es un acuerdo bilateral opaco con Euskadi con el fin de que Pedro Sánchez siga en el gobierno. “Esto no es defender Cantabria, es un mercadeo y se debe exigir al Gobierno central garantizar el servicio a todos por igual, sin privilegios, cuando además no existe ni memoria ni informes, ya que los medios de salvamento no se ubican por presiones, sino por criterios””, aseguró.

Por su parte, Norak Cruz (PSOE), considera la propuesta indeterminada, ya que los servicios están garantizados la zona Oriental en por Sasemar, aunque optaron por la abstención.

Por el PP tomó la palabra Cándido Cobo, quien indicó que no hay argumentos que justifiquen asumir las competencias y además se carecen de informes que lo avale.

Para concluir el asunto, Pedro Hernando criticó a ciertos Grupos por no leerse la propuesta, ya que precisamente pide realizar los informes necesarios y reorganizar los servicios, aunque, desde su punto de vista, el PP de Cantabria no quiere asumir competencias y Vox no es partidario de ellas.

Sólo el PRC dio el visto bueno a la iniciativa; el PSOE se abstuvo y el PP y Vox desestimaron esta petición.