El Parlamento aprobó la integración del transporte escolar y el público regular para los estudiantes

El Parlamento de Cantabria aprobó, por unanimidad, la moción del PRC para integrar el transporte escolar y el público regular para los estudiantes.

La iniciativa, defendida por la diputada regional Ana Obregón, pretende buscar la igualdad de oportunidades y la conexión territorial, dado que los habitantes de numerosos municipios, sobre todo los que sufren despoblamiento, tiene problemas de movilidad.

Por este motivo, aboga por aprovechar recursos y aprovechar el transporte escolar y el público cuando hay plazas sin ocupar, algo que se ha llevado a cabo en Riotuerto.

También, se debe aplicar a los alumnos de los institutos, Formación Profesional y la Universidad de Cantabria, debido a que existen problemas para llegar a las clases.

Por todo ello, Obregón apostó por elaborar un plan con el fin de adaptar horarios y línea con el fin de ahorrar costes a las familias y favorecer la conciliación familiar y laboral.

Para Armando Blanco (Vox) la iniciativa en sensata y recordó las propuestas de su Grupo parlamentario para mejora las líneas de los estudiantes en la pasada legislatura y el PRC-PSOE no hicieron nada en ocho años. “El servicio no funcionó de forma correcta y deben pedir disculpas a los usuarios por la caducidad de las concesiones”, comentó.

Desde el PSOE, Jorge Gutiérrez, coinciden con la exposición del PRC, ya que se trata de un problema real que se vive en Liébana, Campoo y la zona Oriental, a pesar de presumir el consejero Roberto Media (PP) de la situación del transporte.

De igual forma, Álvaro Aguirre (PP), avanzó el apoyo a la moción, a pesar de que tiene dificultades su encaje. “Sólo se acuerdan del transporte cuando están en la oposición, donde no hicieron nada por mejorar la línea Castro Urdiales-Santander, donde, sin embargo, el gobierno actual ha duplicado las líneas y las escolares diarias han pasado de 62 a 85”, matizó.

Para cerrar el debate, el PRC recordó que su consejero aprobó dos órdenes de ayudas al transporte en los municipios despoblados y para los alumnos de Bachillerato de forma gratuita, mientras que el PP entre 2015-2019 que gobernó y en tres años de la presente legislatura, en total siete años, no ha hecho nada

El Parlamento de Cantabria ha aprobado la nueva Ley de Control Ambiental, una norma impulsada por el Gobierno de la presidenta María José Sáenz de Buruaga (PP), con la que se actualiza el marco autonómico vigente para simplificar procedimientos, reducir la carga burocrática y aportar una mayor seguridad jurídica a ciudadanos y empresas, “manteniendo el máximo nivel de protección del medio ambiente y todas las garantías de control y vigilancia”.

El PSOE y Vox se posicionaron en contra, mientras que PP, PRC y el diputado no adscrito votaron a favor.

El consejero del área, Roberto Media, ha defendido la nueva Ley como una norma "técnica, necesaria y garantista", que nace para ordenar, sistematizar y adaptar el marco autonómico de control ambiental al ordenamiento jurídico vigente, tras afirmar que la actual legislación, que data del año 2006, ha quedado "claramente desfasada" por las nuevas directivas europeas, las leyes estatales básicas y las reformas del procedimiento administrativo.

En este sentido, ha subrayado que se trata de una ley que "no es ideológica", sino de una herramienta para ofrecer mayor certeza jurídica, simplificación administrativa y reglas claras a la actividad productiva de Cantabria, al tiempo que garantiza la máxima protección del medio ambiente. "Este proyecto no enfrenta medio ambiente y desarrollo económico; los concilia y permite que puedan ir de la mano de forma equilibrada", ha afirmado.

Asimismo, ha explicado que uno de los principales objetivos de la norma es evitar que la regulación autonómica genere más burocracia o duplique trámites ya previstos en la legislación estatal, reduciendo y agilizando la carga administrativa que soportan ciudadanos y empresas en aquellas actividades sometidas a control ambiental. "Cantabria necesita normas claras, ágiles y una gestión eficiente", ha señalado, remarcando que la ley "no impone más control del necesario, sino mejor control, más inteligente y más ajustado a la realidad territorial y económica de nuestra comunidad”.

Para el consejero, aprobar esta Ley supone actualizar una norma esencial para Cantabria, dar seguridad jurídica a la Administración y al tejido productivo y aportar soluciones construidas "de la mano de todos los sectores económicos y sociales" consultados durante su elaboración.

Según Media, todo ello permitirá que las actividades económicas necesarias para el progreso de la región puedan convivir "en armonía con la protección del medio ambiente".

Equilibrio

La nueva Ley de Control Ambiental tiene como principal objetivo alcanzar el máximo nivel de protección del medio ambiente mediante mecanismos “eficaces” para prevenir, minimizar, corregir y, en su caso, compensar los efectos adversos que puedan generar proyectos y actividades sobre el ecosistema.

Asimismo, persigue simplificar los trámites administrativos en materia ambiental para garantizar una mayor celeridad y seguridad jurídica tanto para los promotores como para la Administración.

La norma establece además un sistema de control ambiental previo y de supervisión posterior de determinadas instalaciones y actividades para evitar o reducir la generación de residuos, las emisiones a la atmósfera y los vertidos al agua o al suelo. También busca impulsar la corresponsabilidad público-privada en la protección del medio ambiente, así como regular las actuaciones para la prevención y restauración de la legalidad ambiental y desarrollar instrumentos que faciliten la participación social y el acceso de los ciudadanos a la información ambiental.

El consejero ha asegurado que esta norma cuenta con novedades importantes que supondrán un cambio de modelo y "un giro de 180 grados" en la actual tramitación de autorizaciones medioambientales. Para ello, se establece un nuevo anexo en la ley que separa, "de forma muy clara", qué proyectos van a necesitar solo de una declaración responsable y cuales necesitarán autorización de comprobación ambiental.

En concreto, ha explicado que con la futura ley aquellos asuntos de "escasa relevancia ambiental" no requerirán del informe de comprobación ambiental que actualmente emite la Comisión de Control Ambiental, sino que será suficiente con una declaración ambiental responsable presentada por el interesado y el técnico competente “que redundará en menos trámites, menos plazos y más certidumbre”.

En concreto, se evitarán meses de espera para la puesta en marcha de la actividad solicitada y al mismo tiempo se mantendrán todas las garantías medioambientales ya que, posteriormente, la administración comprobará que toda la documentación "esté en regla".   

"Si existe alguna irregularidad, se procederá a la inmediata clausura de su actividad y podrán ser sancionados tanto el promotor como el técnico responsable con multas de hasta 500.000 euros y e inhabilitación de hasta dos años", ha asegurado.

Por otro lado, el consejero ha explicado que, para proyectos "con alguna relevancia medioambiental", se sustituirá a la Comisión de Comprobación Ambiental por una autorización que emitirá directamente la Dirección General de Medioambiente.

De esta forma, será Medio Ambiente quien recabará todos los informes sectoriales necesarios, realizando la información pública y dando audiencia a los interesados. Además, esta autorización tendrá carácter preceptivo y vinculante y deberá preceder a cualquier actuación en materia urbanística.

Además, el nuevo texto recoge también que se puedan poner en marcha medidas provisionales urgentes para aquellos casos en los que sea necesaria una inmediata actuación de la administración ante un riesgo grave.

 “Todos estos cambios no tendrán ningún sentido si no hay una vigilancia continuada desde la administración para comprobar que no hay fraudes, y que se está cumpliendo con la ley”, ha asegurado Media, quien ha afirmado que se pondrá “especial énfasis” en las actividades de inspección a través del Plan de Inspección de las Autorizaciones Ambientales Integradas y de los Programas de Inspección Ambiental Integrada.

En materia sancionadora, la nueva Ley incorpora un régimen "claro y efectivo", que contempla la adopción de medidas cautelares e incluso la suspensión de la actividad en aquellos casos de incumplimientos flagrantes de la normativa.

Asimismo, incrementa las cuantías de las sanciones más graves con el objetivo de reforzar la protección ambiental y garantizar el cumplimiento de la ley.

Las multas oscilarán desde los 200 euros para las infracciones leves hasta los 500.000 euros en el caso de las muy graves relacionadas con las autorizaciones de comprobación ambiental y las declaraciones ambientales responsables. Además, podrán alcanzar los 2.404.000 euros, de acuerdo con lo previsto en la legislación básica estatal en materia de evaluación y autorización ambientales integrada.

Respaldo social y tramitación

El consejero ha recordado que el proyecto de Ley fue sometido a información pública, recibiendo únicamente siete alegaciones, de las que ninguna procedía ni la industria tradicional ni del sector primario, “que serán los más beneficiados con esta norma”.

Además, ha explicado que el texto cuenta con el respaldo del Consejo Asesor de Cambio Climático, integrado por más de 70 entidades del ámbito económico, ambiental, empresarial, social, académico y ciudadano, y con el apoyo del tejido empresarial, que ha participado activamente en su elaboración.

En relación con la tramitación parlamentaria, ha agradecido al Grupo Regionalista el acuerdo alcanzado para incorporar enmiendas que, a su juicio, "mejoran el contenido de la Ley" y contribuyen a reforzar un texto que considera fundamental para Cantabria. Además, también ha puesto en valor el trabajo realizado por el equipo del exconsejero regionalista Guillermo Blanco por el trabajo iniciado sobre esta materia durante la anterior legislatura.

Por el contrario, ha criticado la posición mantenida por Vox y PSOE durante la tramitación. Sobre Vox, ha recordado que presentó una enmienda a la totalidad y que posteriormente no registró ninguna enmienda parcial, una actitud que ha atribuido a su voluntad de "oponerse a las políticas del Partido Popular" y de buscar "una derrota para el Gobierno, aunque eso sea malo para los cántabros".

Respecto al PSOE, ha lamentado que hayan tratado de retrasar la aprobación de la Ley y ha cuestionado el contenido de las 36 enmiendas parciales presentadas, “una copia y pega” de la legislación europea y estatal ya vigente, que "no aportan nada, ni mejoran los procedimientos".

“Lo importante es que esta Ley se apruebe con las medidas que introdujo el Gobierno de Buruaga”, ha expresado, al tiempo que ha adelantado que “si los ciudadanos nos dan su confianza en 2027, eliminaremos de forma inmediata todas esas cuestiones superfluas que se han introducido y que nunca debieron incluirse”.

Santander, 22 de junio de 2026

El Grupo Socialista ha votado en contra de la Ley de Control Ambiental de Cantabria ya que, a pesar de que ha logrado que se incorporen buena parte de sus enmiendas, considera una línea roja la eliminación la Comisión de Comprobación Ambiental con la excusa de promover la agilidad de trámites.

El portavoz parlamentario, Mario Iglesias, cree que el Gobierno del PP se equivoca al suprimir este órgano y que con ello la nueva norma “hace aguas”, pues una Ley de Control Ambiental que afecta a espacios naturales “no puede centrarse solo en simplificar”, y “aligerar procedimientos no puede implicar reducir el control y la protección”.

Así, ha explicado que para la formación era fundamental contar con una comisión participada por diferentes administraciones públicas y por expertos para coordinarse a la hora de tomar medidas afectan a los espacios naturales, así como adoptar estrategias coordinadas y velar por que las decisiones no dependan únicamente de una entidad y se tomen en base a criterios técnicos.

En lo positivo, Iglesias ha subrayado que se han conseguido incorporar - gracias a que la suma de los votos de los socialistas y de los regionalistas superaron los ‘noes’ de los populares en la Comisión parlamentaria celebrada la semana pasada- una treintena de enmiendas con las que la ley recién aprobada es “más transparente y participativa y está dotada con mayores mecanismos de control”.

En concreto, se han incluido 26 enmiendas del PSOE, de un total de 36 presentadas, además de cuatro transaccionadas con el PRC y otra más transaccionada con PRC y PP. Como ha ensalzado el portavoz, gracias a ellas se ha mejorado el proyecto de ley que el Gobierno regional llevó inicialmente a la Cámara, incorporando principios como el de ‘quien contamina, paga’, medidas de transparencia, de participación pública y de seguimiento de suelos contaminados.

Además, las enmiendas obligan al Gobierno a publicar informes y a rendir cuentas periódicamente ante el Parlamento.

Desde Vox consideran la Ley como una "chapuza", y ha advertido que tendrá "un impacto económico y administrativo muy negativo sobre el tejido productivo local".