La Justicia en Cantabria solicita 13 plazas judiciales para Social en Santander, Santoña, San Vicente de la Barquera, Medio Cudeyo, Torrelavega y la Audiencia Provincial

La Justicia en Cantabria solicita 13 plazas judiciales para Social en Santander, Santoña, San Vicente de la Barquera, Medio Cudeyo, Torrelavega y la Audiencia Provincial.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, José Arsuaga Cortázar, se ha reunido hoy, lunes, con la presidenta del ejecutivo regional, María José Sáenz de Buruaga (PP), para entregar de la Memoria Judicial correspondiente al año 2025, documento que hace balance de la situación de la Justicia en nuestra región y detalla las necesidades que tienen los tribunales del territorio.

El encuentro, el primero institucional que mantienen los presidentes de ambas instituciones, también ha contado con la presencia de la vocal del Consejo General del Poder Judicial delegada para Cantabria Pilar Jiménez Bados y de la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia de los Mozos.

La Memoria Judicial plantea, un año más, la necesidad de ampliar la planta judicial, que responde al volumen de asuntos que asumen los actuales órganos judiciales y que superan los módulos previstos de ingreso.

También, surge del análisis de la evolución de las jurisdicciones, como ocurre con la civil y la laboral, que en los últimos años han experimentado incrementos significativos en litigiosidad.

En concreto, la Memoria Judicial estima necesaria la creación de dos plazas judiciales para la Sección Social, una plaza para la Sección Civil y otra plaza para la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander; una plaza para cada uno de los tribunales de instancia de Santoña, San Vicente de la Barquera, Medio Cudeyo y Torrelavega; y dos plazas penales y tres civiles, esto es, una nueva Sección Civil, para la Audiencia Provincial. 

Un plan director

En materia de infraestructuras, la Memoria pone de manifiesto la situación en que se encuentran los órganos de Santander: repartidos en tres sedes alejadas, las dos principales completas y sin posibilidad aparente de crecer; con una localización de los servicios muy complicada tras la implantación de la nueva organización judicial, lo que dificulta que la señalética instalada sirva a su fin; y con deficiencias en los sistemas de calefacción y refrigeración, con particular e irritante efecto en el edificio Europa.

Por eso, apunta el documento a la necesidad de acometer un Plan Director de Infraestructuras Judiciales que estudie las necesidades y proponga unas soluciones viables con compromiso de gasto y plazo concreto, incluso, si fuera necesario, mediante la creación de una subcomisión de obras e infraestructuras dentro de la Comisión Mixta Sala de Gobierno-Gobierno de Cantabria.

Mejora en materia tecnológica

Además de las necesidades de planta e infraestructura, la Memoria apunta a otros aspectos que requieren mejora, como los sistemas de videoconferencia y grabación en salas de vistas, con el fin de evitar la suspensión de actos; o acciones encaminadas a facilitar el trabajo con el expediente judicial electrónico: más y mejores escáneres para incorporar documentos al expediente, actualización de las plantillas del sistema de gestión procesal o un sistema de reconocimiento de voz que permita textualizar las actuaciones grabadas en sala de vistas.

Asimismo, se hace eco la Memoria Judicial, en materia de personal, de los problemas que surgen cuando llegan interinos carentes de formación adecuada para ejercer en un órgano judicial, lo que habría que solucionar, o la necesidad de formar presencialmente a todos los funcionarios en el uso del sistema de gestión procesal Vereda tras la adaptación del mismo al nuevo modelo organizativo.

Sobre los servicios que colaboran con la labor judicial, vuelve a poner de manifiesto la Memoria la tardanza en la emisión por parte de los equipos psicosociales de informes que son esenciales en todos los procedimientos que puedan tener efecto en la vida de los menores de edad.

Y es que la demora en su emisión afecta inevitablemente al derecho a la tutela judicial efectiva por no adecuarse a la exigencia de un juicio en plazo razonable.

También propone la Memoria adoptar medidas que permitan dar un tratamiento adecuado a la infancia y a la adolescencia, como espacios seguros para realizar pruebas preconstituidas con garantías. Así, solicita mejoras en las cámaras Gesell de Santander y Torrelavega, y desarrollar el proyecto Barnahaus.

Asimismo, se solicita un impulso a la inclusión, favoreciendo la participación de facilitadores que permitan a las personas con discapacidad entender y ser entendidos en su relación con la administración de justicia, o el uso de un lenguaje claro y accesible a través del sistema de lectura fácil.

Otro de los aspectos que señala la Memoria es la necesidad de que se constituyan los servicios de Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) y de que se visibilicen los mecanismos alternativos para resolver conflictos.

Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Capítulo aparte merecen las necesidades del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cantabria. Un año más se pone de manifiesto que el IMLCF carece de sede propia, sus salas de consulta son reducidas, muchas carecen de ventanas y no existen salas de espera para los lesionados y las víctimas de violencia de género, que tienen que permanecer en el pasillo hasta ser atendidos.

Además, el Servicio de Patología no cuenta en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla con una sala de autopsia que reúna los requisitos legales para estas instalaciones.

Más allá de las necesidades de infraestructura del IMLCF, también se subraya que es preciso dotar al instituto de un sistema informático de gestión propio, como los que sí tienen institutos de medicina legal de otros territorios.

Balance en 2025

Los órganos judiciales de Cantabria ingresaron durante el pasado año un total de 81.196 nuevos asuntos, lo que representa un descenso del 11,7 por ciento respecto a 2024.

Las disminuciones más acusadas en el ingreso se observan en las jurisdicciones civil (-20,4 por ciento) y social (-13,6 por ciento), que en los últimos años han visto cómo sus asuntos crecían trimestre a trimestre.

La entrada de asuntos en la jurisdicción penal disminuyó un 1,6 por ciento, mientras que en la jurisdicción contencioso-administrativa los procedimientos aumentaron un 24,1 por ciento.

A nivel nacional, el número de asuntos registrados también disminuyó, un 3,2 por ciento, y lo hizo fundamentalmente en civil (-7,7 por ciento).

En 2025 los órganos judiciales cántabros resolvieron 84.323 asuntos, esto es, un ocho por ciento menos que los ventilados un año antes. A nivel nacional, la resolución aumentó un dos por ciento.

La relación entre el ingreso y la resolución, conocida como tasa de resolución- se situó en 1,4, lo que significa que los tribunales de Cantabria resolvieron un número de asuntos igual a los que ingresaron y un cuatro por ciento más.

Esa tasa de resolución coloca a órganos de Cantabria en la segunda posición entre los territorios más resolutivos del país, solo por detrás de La Rioja (1,7) y frente a una media nacional de 0,98.

Por jurisdicciones, destaca el buen comportamiento de la civil, que elevó esa tasa a 1,09 (resolvió la entrada y un nueve por ciento más) frente a una media nacional de 1,01; y de la social, que pese a no llegar a resolver toda la entrada, hay que tener en cuenta que cada juez ingresó el doble que lo que recibió un juez medio español, logró ventilar el 98 por ciento (tasa de 0,98) de los asuntos que entraron, por encima de la tasa de resolución del país, que fue de 0,9.

La jurisdicción penal, por su parte, resolvió un número de asuntos igual a los que registró (tasa de 1,00), superior a la media del país (0,98); y la tasa de resolución de la jurisdicción Contencioso-Administrativa en Cantabria se situó en 0,88, con una la media nacional de 1,07.

Durante el pasado año 2025, los órganos judiciales de Cantabria dictaron un total de 84.076 resoluciones finales, entre sentencias (26.840), autos (36.236) y decretos (21.000).

El hecho de que en Cantabria se hayan resuelto más asuntos que los que han entrado, supone que los que permanecían en trámite a 31 de diciembre de 2025 fueran 38.280, un cinco por ciento menos de los que se encontraban en esa situación en 2024. A nivel nacional, sin embargo, la pendencia se incrementó un 3,4 por ciento.

La tasa de litigiosidad en Cantabria en 2025 fue de 136,78 asuntos registrados por cada 1.000 habitantes, inferior a la del conjunto de las comunidades autónomas, que se situó en 153,70.

Si se analiza por jurisdicciones, se observa que la litigiosidad en los juzgados laborales de Cantabria se encuentra por encima de la media nacional: 11,93 asuntos por cada mil cántabros, frente a 10,45 asuntos por cada mil españoles.

En el resto de jurisdicciones, la litigiosidad fue inferior a la del conjunto de España: en civil se situó en 61,54 asuntos frente a una media nacional de 66,93; en penal fue de 60,13 frente a 72,26, y en Contencioso-Administrativo, en 3,18 frente a 4,05.

La tasa de pendencia, que pone en relación los asuntos que permanecen en trámite al final del periodo con los que salieron del juzgado, sigue estando en Cantabria por debajo de la media: 0,45 frente a 0,63.

En todas las jurisdicciones, la pendencia es menor que la media del país: en civil, 0,52 frente a 0,81; en Penal 0,26 frente a 0,36, y en Contencioso-Administrativo 0,80 frente a 1,03.

En la jurisdicción Social la pendencia también es menor a la media del país: 1,01 en Cantabria frente a 1,13 en España. No obstante, cabe resaltar que se trata de la jurisdicción con peor situación, ya que este indicador se sitúa en 1,01 (1,13 a nivel nacional), más del doble que la pendencia del conjunto de jurisdicciones (0,45 en Cantabria y 0,63 en España).

La tasa de congestión del conjunto de jurisdicciones arroja cifras que colocan a Cantabria por debajo de la media del país. Así, al poner en relación el total de asuntos por resolver, los que ya estaban en el juzgado al comienzo del año y los nuevos que entraron en el periodo, con los que se resuelven, la tasa de congestión en Cantabria se sitúa en 1,44, frente a una media nacional de 1,62.

Nuevamente, la tasa de congestión en la jurisdicción social es más elevada y asciende a 2,03 (2,14 a nivel nacional). En el resto de jurisdicciones, la tasa de congestión se sitúa en 1,51 en civil (frente a una media nacional de 1,81); 1,23 en penal (1,35) y 1,78 en Contencioso-Administrativo (2).

Cada miembro de la carrera judicial en Cantabria recibió durante el pasado año una media de 1.015 asuntos (1.347,2 a nivel nacional), y dictó una media de 335,5 sentencias (331,1 a nivel nacional).

Cabe destacar el elevado número de procedimientos que recibe cada plaza de lo Social en Cantabria, que duplica el de la media del país: 708,1 asuntos por juez en Cantabria frente a 346 de media en España.

Del mismo modo, la respuesta de las seis plazas de lo Social ha dado lugar a un número de sentencias por juez que casi duplica las dictadas por el magistrado medio español: 399,6 en Cantabria frente a 223,8 de media en España.

La duración media estimada de los procedimientos en primera instancia en Cantabria es de 6,2 meses, y en segunda instancia, de 6,6 meses; tiempos ligeramente inferiores a los registrados por la media del país, que en primera instancia se sitúa en 8,1 meses, y en segunda, en 7,2 meses.

No obstante, los tiempos de respuesta en Cantabria superiores en la primera instancia de la jurisdicción Social, donde la media estimada se eleva a 13,4 meses (12,7 de media a nivel nacional).

De las sentencias dictadas en Cantabria que fueron recurridas en apelación, se confirmaron el 70,1 por ciento, mientras que de las sentencias de órganos colegiados cántabros que se elevaron al Tribunal Supremo en casación se confirmaron el 91,9 por ciento. A nivel nacional las medias se sitúan en el 71,2 por ciento en apelación y en el 87,3 por ciento en casación.

La Memoria Judicial de 2025, elaborada con los informes de los miembros de la carrera judicial que ejercen en Cantabria y aprobada por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, pide la creación de trece nuevas plazas judiciales, así como un Plan Director de Infraestructuras Judiciales con soluciones viables, compromiso de gasto y plazo de ejecución.

También, solicita mejoras en materia tecnológica, de servicios y de personal, una adecuada atención a la infancia y la adolescencia en su relación con la administración de justicia, impulsar la inclusión y constituir los servicios de Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC).