El centro penitenciario El Dueso se queda sin personal médico y el Ministerio del Interior recurre a una empresa privada

El centro penitenciario El Dueso se quede sin personal médico y el Ministerio del Interior recurre a una empresa privada. El sindicato Acaip-UGT ha denunciado hoy, viernes, que el penal de El Dueso, tras la jubilación de toda su plantilla y la falta de reposición de las siete plazas previstas, lo que ha solucionado el Ministerio del Interior con la privatización del servicio y la contratación de una empresa 60 horas mensuales.

El sindicato critica que 400 personas internas se queden sin asistencia médica pública y que se recurra “al parche insuficiente de la contratación de una empresa privada por sólo 60 horas mensuales o 15 semanales, lo que colapsará los servicios de urgencias del Hospital de Valdecilla”.

Acaip-UGT, sindicato mayoritario en las instituciones penitenciarias españolas, considera inaceptable que en la actualidad la prisión santoñesa “no tenga ni un solo médico en activo, lo que deja a la población interna sin la asistencia sanitaria mínima estipulada por la Ley”.

60.000 euros

Para el sindicato, “solucionar esta carencia de profesionales médicos públicos con la contratación de una empresa por un coste anual aproximado de 60.000 euros es una chapuza y a todas luces insuficiente para atender a centenares de reclusos, muchos de ellos con patologías crónicas, psiquiátricas y graves dependencias”.

Además, Acaip-UGT subraya que “la falta de médicos en el interior de la prisión generará el efecto dominó que afecta directamente a la sanidad pública cántabra y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado porque, es incuestionable, que provocará saturación hospitalaria por la ausencia de diagnóstico previo en el propio centro hospitalario y afectará a la seguridad ciudadana en la custodia y vigilancia en esos desplazamientos al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla”.

El sindicato agrega que “es también preocupante que personal externo de una empresa privada tenga acceso a expedientes clínicos e información altamente sensible de la población reclusa, una tarea que siempre ha recaído en personal funcionario bajo estrictos protocolos de seguridad y confidencialidad”.

Acaip-UGT exige a la secretaría General de Instituciones Penitenciarias “soluciones reales y estables y recuerda que la propia normativa legal (Ley 16/2003) obligaba a la integración de la sanidad penitenciaria en los servicios de salud autonómicos hace más de dos décadas, un mandato que el Gobierno sigue incumpliendo mientras el sistema sanitario de las prisiones se desmorona”.