El Ayuntamiento de Ribamontán al Mar pagará más de 44.600 euros por los atrasos a la Junta Vecinal de Somo

El Ayuntamiento de Ribamontán al Mar pagará más de 44.600 euros por los atrasos a la Junta Vecinal de Somo. Así se acordó en el Pleno, por consenso y con los votos del PRC, PP y PSOE, la moción del Grupo municipal del PP que pidió cumplir con el abono de las cantidades adeudadas correspondientes a las anualidades 2019, 2020, 2021 y 2022, conforme a la actualización del Índice de Precios al Consumo (IPC).

A pesar de la aprobación unánime de dicho acuerdo, a día de hoy solo se ha realizado el pago complementario correspondiente al ejercicio 2023, indicaron los populares. Para el equipo de Gobierno del PRC se carece de consignación en el presupuesto y hay que realizar una modificación de crédito.

Otra de las mociones del PP del Grupo Popular también salió adelante, por unanimidad, consistente en que los contratos menores de más de 3.000 euros se adjudiquen mediante mesa de contratación por

Para los proponentes de esta iniciativa contribuirá a una contratación más transparente y los ciudadanos tendrán una mayor confianza en la gestión pública, ya que con esta medida se reducirá mucho el riesgo de irregularidades en los procesos.

Aun así, el PRC indicó que con la mesa de contratación se perderá agilidad en la tramitación.

PSOE

En la sesión plenaria, el PSOE defendió una moción para poner en marcha un registro de las viviendas vacacionales y una regulación que permita mejorar y consolidar el tejido social comunitario, la convivencia y la sostenibilidad de los servicios municipales, limitando el crecimiento exponencial de las viviendas de uso turísticos, de tal forma que se establezca un número máximo y unas condiciones de uso detalladas.

El primer punto se aprobó, por consenso, y el segundo se rechazó con la posición del PP, el apoyo del PSOE y la abstención del PRC. Los populares remarcaron que no se cierran a que en un futuro se pueda presentar una iniciativa en conjunto, ya que no son partidarios de limitar el crecimiento estableciendo un número máximo.

Por su parte, el PRC considera oportuno que el punto dos se desarrolle conforme a la Ley.

En el debate, el PSOE mostró su preocupación sobre el impacto producido por el incremento de las viviendas vacacionales y las plazas desde el año 2020 al año 2025. “Dicho incremento ha sido de 25 a 300 viviendas turísticas ofreciendo actualmente 1.321 plazas en un municipio de 5.000 habitantes que pone en riesgo la sostenibilidad residencial y social.”, señaló.

A su entender, esta situación reduce la oferta de viviendas disponibles para residencia permanente, lo que encarece los precios y dificulta la fijación de familias jóvenes o la permanencia de las segundas generaciones locales.

Además, afecta en la cohesión social ya que la alta rotación de visitantes provoca una menor estabilidad vecinal, debilitando la vida comunitaria y reduciendo la participación ciudadana en asociaciones, actividades locales y vínculos sociales y comunitarios entre las vecinas y vecinos.

De igual forma, genera sobrecarga en la gestión de residuos, abastecimiento de agua, incremento de la suciedad, y otros servicios diseñados para un volumen poblacional inferior e incrementa los problemas de convivencia y el riesgo de despoblación estructural al limitar las posibilidades de residencia estable, se compromete la continuidad del municipio como comunidad viva, dificultando la fijación de población en el medio y largo plazo.