El mantenimiento de la pasarela del Bocal, en Santander, correspondía a Costas y la Justicia dirige su acción penal contra dos de sus funcionarios

El mantenimiento de la pasarela del Bocal, en Santander, correspondía a la Demarcación Territorial de Costas y dirige su acción penal contra dos de sus funcionarios.

Así, lo considera la titular de la Plaza número uno de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander quien considera que es la Ddministración central “la única responsable de garantizar la adecuada conservación y mantenimiento” de la pasarela de la playa del Bocal siniestrada el pasado día 3 de marzo y en la que fallecieron seis jóvenes.

En concreto, la acción penal se dirige contra el jefe de Servicio de Proyectos y Obras de la Demarcación de Costas y contra el director de Obras del proyecto de la senda costera de 2014, jefe de la citada Demarcación.

En un auto dado a conocer hoy y contra el que cabe recurso de reforma ante la magistrada y de apelación ante la Audiencia Provincial, se declara a la Demarcación Territorial de Costas en Cantabria posible responsable civil dado que es la única responsable del mantenimiento de las unidades de obras ejecutadas dentro del proyecto de la senda peatonal al tratarse de obras no finalizadas, hallando “serios indicios de la existencia de un posible actuar negligente en el mantenimiento de la pasarela”.

En concreto, explica la magistrada que la reparación llevada a cabo en el verano de 2024 se limitó a la estructura de madera pese a que, según el informe de la Policía Científica, todos los elementos metálicos estaban completamente oxidados, por lo que la instructora considera que esa actuación “ha podido resultar insuficiente concurriendo, por ello, serios indicios de negligencia”.

Costas

La decisión de dirigir la acción penal contra dos funcionarios de la Demarcación de Costas se adopta a la vista de la documentación requerida y aportada por la propia Administración central y por el Ayuntamiento Santander.

Tras analizar la información, la instructora concluye que “las obras de ejecución de la senda peatonal en modo alguno han finalizado”.

Así, las obras iniciadas con el primer proyecto de 2012 se paralizaron porque Demarcación de Costas decidió resolver el contrato con la empresa adjudicataria por “desistimiento”, y el segundo Proyecto de “Finalización” de 2016 ni siquiera llegó a aprobarse mientras que “el compromiso municipal asumido por el Ayuntamiento de Santander de hacerse cargo del mantenimiento de tales obras quedaba condicionado o supeditado, lógicamente, a que tales obras finalizaren”.

“Son obras no finalizadas ni recepcionadas por el Ayuntamiento de Santander, de forma que era y es Demarcación de Costas en Santander la única responsable de garantizar la adecuada conservación y mantenimiento de tales unidades de obra, entre ellas, la pasarela objeto de autos, que, como tal, desde el año 2014 se ha hallado en todo momento abierta al público en general sin ningún tipo de restricción”, señala la magistrada.

Además, indica que Demarcación de Costas “era muy consciente de tal deber de conservación y mantenimiento”, y es que un informe de mayo de 2024 elaborado por un vigilante de Costas advertía al jefe de Servicio de Obras “del mal estado de ciertas maderas”, por lo que meses después se llevó a cabo una reparación de las infraestructuras, entre ellas la siniestrada.

Actuar negligente

Si bien la magistrada ya ha solicitado un informe pericial sobre distintos extremos técnicos que ayuden a esclarecer los hechos, pendiente de emisión, “del conjunto de lo actuado hasta la fecha concurren serios indicios de la existencia de un posible actuar negligente en el mantenimiento de la pasarela”.

Y lo infiere a partir del acta de inspección de la Policía Científica que advirtió de que “todos los elementos metálicos de la estructura se encuentran completamente oxidados”, mientras que el único mantenimiento documentado de la pasarela, realizado cuando ya llevaba 10 años construida, intervino solo sobre su estructura de madera “lo que, a nuestro juicio, ha podido resultar insuficiente, concurriendo serios indicios de negligencia en ello”, razona la magistrada.

Por ello, también acuerda en su auto ampliar el objeto del informe pericial que ya solicitó el pasado día 13 marzo. Ahora, la magistrada pide que el mismo aclare si la reparación que Costas llevada a cabo en el mes de julio de 2024 en la pasarela “interviniendo exclusivamente sobre la estructura de madera fue suficiente”.

“Procede, pues, investigar la actuación de aquellas personas que, por el cargo que ostentaban y ostentan, pueden tener responsabilidad directa en su deber de garantizar la adecuada conservación y mantenimiento de la pasarela”, por su posición de garante, concluye la magistrada.

Precintar

El auto de la magistrada también advierte de que, aunque el mantenimiento corresponda a Costas, “el Ayuntamiento de Santander ostenta la llamada potestad de policía administrativa en materia de seguridad en espacios accesibles al público”.

Así, “detectado un riesgo debe proceder a acotar, señalizar o precintar el mismo, aunque la infraestructura afectada corresponda a otra Administración, más aún en el supuesto de autos, donde el Ayuntamiento promovía o incluía la zona en rutas turísticas o senderos”.

Por ello, “resulta relevante y necesario conocer si, en la fecha del siniestro, el deterioro de la pasarela era visible y en qué grado, es decir, si el riesgo de colapso podía ser perceptible”.

Para clarificar este punto, la magistrada acuerda en su auto pedir al Grupo III UDEV de la Brigada Provincial de la Policía Judicial que trate de recabar “material probatorio sobre el estado que presentaba para cualquier ciudadano la pasarela días o semanas antes del siniestro, en forma de fotografías anteriores al derrumbe y testimonios de personas que frecuentaran la misma”.

También, quiere escuchar a una vecina miembro de la Asamblea en Defensa de la Senda y Costa Norte que fue identificada después de que la magistrada pidiera a la Policía Judicial recabar quejas sobre la pasarela.

Esta vecina comparecerá como testigo el próximo viernes, día 27 de marzo, después de los ya citados: los dos ciclistas que avisaron del accidente, el vecino que llamó al 112 el día previo, la operadora que recibió su llamada, la policía local que a su vez recibió la comunicación del 112 y los agentes que realizaron la inspección ocular tras el accidente.

Medidas

El Ayuntamiento de Santander ha balizado el puente natural situado junto a la pasarela que colapsó en El Bocal como medida de seguridad tras la solicitud realizada por un vecino.

Se trata de un paso de tierra de pescadores con 1 metro aproximado de anchura.

El Consistorio trasladará esta incidencia a la Demarcación de Costas, dependiente del Gobierno central y responsable de los terrenos donde está ubicado el puente, para que determine las actuaciones que sean necesarias.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Santander ha acotado de forma provisional la zona de la playa de Mataleñas más cercana al acantilado natural, tras los desprendimientos detectados en el talud y con el objetivo de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Además, se ha colocado nueva cartelería preventiva en el arenal advirtiendo del riesgo y la necesidad de extremar la precaución.

Esta actuación municipal se ha llevado a cabo tras el oficio recibido de la Demarcación de Costas en el que da cuenta de un nuevo corrimiento de tierras y solicita la colocación de carteles que informen del peligro.

Desplegadas las medidas, el Ayuntamiento ha informado al Ministerio para su aprobación y con el objetivo de conocer si es necesario implementar acciones complementarias.

La señalización instalada es la misma que la existente en la parte superior de la playa, junto a los accesos, y advierte del riesgo de desprendimientos y la necesidad de extremar la precaución en estas áreas.

El Ayuntamiento recordó que en agosto de 2022 se detectaron desprendimientos en el talud de la playa, circunstancia que fue comunicada a Costas para que procediera a su estabilización.

En aquel momento, tras el aviso del servicio de socorrismo -que contactó con la Policía Local y los Bomberos-, los servicios municipales de emergencias procedieron a balizar la zona y se notificó a Costas para que actuara en la consolidación del talud, al tratarse de una competencia de dicha administración.

Por otro lado, el Ayuntamiento también ha señalizado el tramo final del paseo del Chiqui, como respuesta a los antecedentes registrados en la zona. En septiembre de 2025 se recibió un aviso en el centro de coordinación de la Policía Local informando de la caída de piedras en los acantilados situados bajo la senda de Mataleñas, por lo que se procedió a acordonar la parte del paseo afectada. Los agentes municipales actuaron nuevamente el pasado 5 de marzo como medida preventiva y para evitar posibles incidentes tras detectar nuevos desprendimientos.

CCOO

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Cantabria (CCOO) ha advertido que la tragedia de El Bocal, donde fallecieron seis jóvenes al colapsar un puente de madera, evidencia las consecuencias de la falta de medios y de recursos en los servicios de seguridad y emergencias, tanto municipales como regionales.

El sindicato ha subrayado que la falta de personal, la ausencia de herramientas adecuadas, la inexistencia de protocolos claros para la gestión de determinadas incidencias o la externalización de los servicios deben tenerse en cuenta a la hora de analizar y buscar responsables a lo ocurrido ahora que la jueza ha citado a declarar este viernes, día 27 de marzo, a las personas que atendieron las llamadas avisando del mal estado del puente.

“La investigación judicial tendrá que determinar los hechos y las responsabilidades que correspondan pero es evidente que existen deficiencias estructurales que condicionan el trabajo diario de los y las empleadas públicas y que el posible error humano puede estar relacionado con fallos organizativos más importantes”, ha señalado el secretario General de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en Cantabria, David Estévez.

De hecho, el sindicato ha recordado que lleva tiempo denunciando la falta de medios con los que trabaja el personal de los servicios públicos en el Ayuntamiento de Santander. En el caso de la Policía Local, por ejemplo, son varias las veces en las que se ha denunciado los problemas derivados del sistema de comunicaciones, que durante años ha presentado graves deficiencias y ha obligado incluso a los agentes a recurrir a sus propios teléfonos móviles para poder coordinarse.

“Cuando una administración recorta recursos, no actualiza los sistemas de gestión o mantiene durante años infraestructuras y herramientas obsoletas, está trasladando la presión del sistema a los trabajadores y trabajadoras que sostienen los servicios públicos porque lo más fácil en casos como el de la tragedia de El Bocal es buscar un chivo expiatorio en lugar de asumir que detrás de los errores humanos hay otras causas y responsabilidades”, ha afirmado Estévez.

Desde la Federación de Servicios a la Ciudadanía han insistido en que la responsabilidad última del funcionamiento de los servicios públicos recae en las administraciones y ha criticado que, en ocasiones, las administraciones públicas priorizan el ahorro a la seguridad. Como ejemplo, han apuntado que el Ayuntamiento de Santander en todo 2025 sólo convocó dos comités de seguridad y salud laboral cuando la ley establece uno cada tres meses mínimo y el reglamento de funcionamiento interno del propio comité de seguridad y salud obliga a celebrar uno al mes.

Por ello, el sindicato ha exigido al Ayuntamiento de Santander que refuerce las plantillas, modernice los sistemas de gestión, y establezca protocolos claros de actuación para mejorar la coordinación entre los distintos servicios implicados.

“La seguridad de la ciudadanía no puede depender de la improvisación. Los servicios públicos necesitan inversión, planificación y medios suficientes. Todo lo demás es mirar hacia otro lado”, ha concluido Estévez.

Cantabristas

Cantabristas ha denunciado los carteles y precintos que el Ayuntamiento de Santander está colocando por toda la ciudad en lugares peligrosos y en mal estado de mantenimiento con el único objetivo de eximirse de responsabilidades legales y salir indemnes en caso de que vuelva a ocurrir alguna desgracia, en lugar de actuar y buscar soluciones.

Desde el partido cantabrista no han dudado en tildar de "auténtica desfachatez" la actuación del Ayuntamiento del PP, que en lugar de moverse y actuar, pidiendo implicación a otras instituciones cuando sea necesario- para solucionar el gravísimo problema de abandono y deterioro de infraestructuras de Santander, "se está limitando a lavarse las manos para poder echar la culpa a otro si vuelve a ocurrir una desgracia"

En este sentido, la agrupación local de Cantabristas Santander considera "de una bajeza política sin precedentes" que lo único que vaya a hacer el PP tras las muertes del Bocal sea colocar "señalizaciones indecentes" que tienen como principal función eximir de responsabilidad al Ayuntamiento ante posibles pleitos. "Estos carteles anuncian el estadio final de la decadencia del Ayuntamiento de Santander, que no piensa mover un dedo para corregir el abandono y la falta de mantenimiento que asolan la ciudad", han explicado desde Cantabristas.

Por eso, desde Cantabristas Santander han vuelto a incidir en que, aunque serán los tribunales quienes determinen las posibles responsabilidades judiciales de organismos como Costas o de la policía local, el Partido Popular ha incurrido en una tremenda irresponsabilidad política y moral por la gestión de la ciudad durante los últimos años y “tiene que haber dimisiones”.

IU

Izquierda Unida (IU) de Santander ha señalado que el auto judicial sobre el accidente de El Bocal refuerza las advertencias que la formación viene trasladando desde hace años sobre las competencias del Ayuntamiento a la hora de actuar ante el deterioro de infraestructuras en la ciudad, especialmente cuando estas son de uso público.

Tras haber podido acceder al contenido íntegro del documento, el concejal de IU, Keruin Martínez, ha subrayado que el auto no solo sitúa la responsabilidad principal del mantenimiento en la Demarcación de Costas, sino que también recoge de forma expresa que el Ayuntamiento tiene competencias en materia de seguridad en espacios accesibles al público.

“El Juzgado es claro: cuando existe un riesgo, el Ayuntamiento debe actuar, señalizar o limitar el acceso. Por tanto, no se trata únicamente de una cuestión de titularidad, sino de garantizar la seguridad de la ciudadanía”, ha señalado Martínez, recordando además que el propio auto alude a espacios que el Ayuntamiento “promovía o incluía en rutas turísticas o de senderos”.

En este sentido, la formación ha considerado que la investigación judicial, que se encuentra en una fase inicial, deberá avanzar para determinar si el deterioro de la pasarela era visible y perceptible, así como para incorporar nuevos elementos que pueden resultar determinantes. Entre ellos, la formación ha señalado la existencia de registros de llamadas en las horas previas al suceso y las advertencias vecinales trasladadas en distintos espacios de participación, tanto en el origen de las obras como a lo largo de los años.

“Son cuestiones que todavía no forman parte del auto, pero que previsiblemente se incorporarán a la causa tras las declaraciones que tendrán lugar este viernes, y que, por desgracia, pueden evidenciar que hubo avisos previos que no generaron una respuesta adecuada”, ha indicado Martínez, quien ha insistido en que “no es de recibo que el PP pretenda que nadie haga fiscalización ni recuerde la cronología de estos años de protestas y reclamaciones sobre el total del proyecto de la senda costera”.

La formación ha insistido en que este caso no puede entenderse como un hecho aislado, sino como parte de un problema más amplio relacionado con el estado de las infraestructuras en la ciudad. “Llevamos años señalando situaciones de deterioro en distintos puntos de Santander sin que se haya actuado de forma eficaz. Cuando esto ocurre de forma reiterada, deja de ser un problema puntual para convertirse en una cuestión estructural. La diferencia es que, en este fatídico caso, ha costado muy caro a siete jóvenes”, ha afirmado.

En este contexto, IU ha criticado que, tras el accidente, el Ayuntamiento haya optado por una reacción generalizada basada en el vallado de espacios en distintos puntos de la ciudad. “Lo que estamos viendo ahora es una actuación de urgencia y desesperada, que contrasta con años de inacción ante advertencias y problemas conocidos. No se puede pasar de no hacer nada a vallar toda la ciudad de un día para otro”, ha señalado Martínez.

En esa misma línea, la formación ha vinculado esta falta de prevención con el debate mantenido en el pleno municipal celebrado este jueves, en el que el equipo de gobierno rechazó la creación de una comisión especial para abordar la modernización y los problemas reiteradamente denunciados por la Policía Local. “Es difícil sostener que la prioridad es la seguridad cuando se rechazan herramientas para mejorar el funcionamiento de un servicio clave en la detección y gestión de riesgos”, ha afirmado Martínez.

El concejal ha recordado que la Policía Local lleva años alertando de carencias organizativas y de medios, insistiendo en que estas deficiencias tienen un impacto directo en la capacidad de prevención. “No se puede exigir una respuesta eficaz ante situaciones de riesgo si no se dota a los servicios públicos de los medios y la estructura necesarios para anticiparse a ellas”, ha señalado.

Izquierda Unida ha reiterado su respeto a la investigación judicial en curso y a las víctimas y sus familias, insistiendo en la necesidad de actuar con prudencia en esta fase. “Estamos ante un procedimiento que acaba de iniciar la imputación de responsables y que debe seguir avanzando para esclarecer completamente lo ocurrido. La prioridad es que se investigue con rigor y sin dejar ningún elemento fuera”, ha afirmado.

“Costas deberá responder por el mantenimiento, y eso se dirimirá en sede judicial. Pero una cosa no excluye la otra. El Ayuntamiento debe responder por la seguridad en los espacios públicos y, en el plano político, por años de falta de actuación ante problemas conocidos, tal y como muestran las reiteradas quejas, y que se plasmó en pleno municipal en la moción presentada por Izquierda Unida en octubre de 2019 y aprobada por unanimidad, siendo Gema Igual ya alcaldesa de la ciudad”, ha concluido Martínez.