Laredo contará con un nuevo cuartel de la Guardia Civil con una inversión de 10 millones de euros

El municipio de Laredo contará con un nuevo cuartel de la Guardia Civil con una inversión de 10 millones de euros del Ministerio del Interior. Así, lo anunció hoy, miércoles, el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares (PSOE), quien adelantó que las nuevas instalaciones serán “más amplio, más moderno y más funcional”.

Casares, junto al jefe de la Guardia Civil en Cantabria, el coronel Jorge Bodelón, y el alcalde de Laredo, Miguel González, ha visitado las instalaciones del actual cuartel que será demolido para construir el nuevo en la misma ubicación.

“Una actuación indispensable para mejorar las condiciones del centenar de efectivos de la Guardia Civil que desarrollan su trabajo en este puesto desde el que se da servicio a una amplia zona de la Comarca del Asón”, ha ensalzado el representante del Estado.

Casares ha detallado que el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ya ha aprobado esta inversión para el nuevo cuartel en el marco de la segunda fase del Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado.

Un plan, autorizado ya por el Consejo de Ministros del Gobierno de España, y con el que “se van a impulsar inversiones de reforma o nueva construcción de infraestructuras policiales hasta 2034”.

En el caso de Cantabria, el delegado ha indicado que las necesidades están definidas por la Dirección General de la Guardia Civil para que se pueda iniciar ya la redacción del anteproyecto de las obras por parte de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse).

Inicio

“Los plazos que maneja el Ministerio de Interior es que a lo largo de 2027 se puedan iniciar las obras”, ha avanzado Casares, que ha explicado que, mientras se desarrollen los trabajos, el puesto de la Guardia Civil estará en unas instalaciones provisionales.

También, ha indicado que actualmente trabajan en este puesto de Laredo un centenar de efectivos y el nuevo cuartel dispondrá de más viviendas que el actual.

“Se trata de una gran noticia para la Guardia Civil, para Laredo y para Cantabria, porque contaremos en no mucho tiempo con un nuevo y moderno cuartel”, ha dicho.

Casares ha ensalzado que esta actuación para el nuevo cuartel de Laredo “se suma a otras importantes inversiones que el Ministerio del Interior ha realizado en Cantabria para la remodelación de los cuarteles de la Guardia Civil en Potes, Cabezón de la Sal o Reinosa”.

Y es que, ha afirmado, “la mejora de las condiciones laborales y los medios con los que cuentan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son una prioridad para este Gobierno de España”.

“Vamos a seguir trabajando junto a la Policía Nacional y la Guardia Civil en la mejora permanente de sus recursos para seguir haciendo de España y de Cantabria uno de los lugares más seguros del mundo”, ha concluido.

Reclamación

El Ayuntamiento de Laredo, por medio del alcalde Miguel González, ha solicitado al delegado del Gobierno de España en Cantabria, Pedro Casares, una compensación económica para el municipio por el gasto de 200.000 euros anuales que supone para el Consistorio la custodia de detenidos en los calabozos de la Policía Local. En concreto, González ha propuesta que dicha compensación se materialice mediante inversión directa en la Puebla Vieja, una de las zonas de la villa que actualmente requiere “una intervención prioritaria y urgente”.

Desde hace más de dos décadas, y ante la ausencia de calabozos habilitados en la comarca, el Ayuntamiento asume la custodia de detenidos procedentes de las comandancias de Laredo, Ramales de la Victoria y Ampuero, y desde hace tres años, también de Castro Urdiales y otras comisarías de policía de la zona oriental. El alcalde ha señalado que este esfuerzo económico “limita la capacidad del Ayuntamiento para impulsar otras actuaciones prioritarias en beneficio de la ciudadanía”.

Por este motivo, y después de haber planteado en múltiples ocasiones este asunto a Casares por distintos canales sin obtener respuesta, el mandatario laredano ha decidido expresar su preocupación mediante una carta oficial, solicitando que se adopten las medidas necesarias. “No podemos seguir asumiendo este gasto sin recibir nada a cambio. Es injusto que no se nos respalde de ninguna manera, cuando llevamos décadas garantizando esta atención tan necesaria”, ha señalado.

Por otro lado, González ha recordado que en varias ocasiones ha solicitado una reunión con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez García, para abordar la rehabilitación de la Puebla Vieja con la implicación del Gobierno de España, encuentro que aún no se ha celebrado. Cabe destacar que, en febrero de 2024, durante una cita con el consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, la ministra se comprometió a estudiar el caso y valorar una posible actuación del Ejecutivo nacional para impulsar un plan integral de rehabilitación.

En este sentido, y “ante la inacción tanto de la Delegación del Gobierno como del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana”, el alcalde se ha visto en la obligación de tomar acción. "Mi responsabilidad como alcalde es velar por los intereses de mis vecinos, y es desde ese compromiso desde el que planteo esta cuestión, confiando en que podamos encontrar una solución conjunta desde el diálogo y la colaboración institucional. Casares no se puede limitar a venir de visita, sino que es necesario atender, comprometerse e interesarse por las verdaderas necesidades de los vecinos", ha explicado.

El regidor pejino ha concluido mostrando su total disposición para mantener un encuentro con Casares en la Alcaldía de Laredo, así como con la ministra en Madrid, con el objetivo de “alcanzar un acuerdo que beneficie a todos los laredanos”. No obstante, González ha advertido que, “si en un plazo de dos meses no se recibe una respuesta concreta ni se adopta una solución que respalde la carga económica del municipio, el Ayuntamiento se verá obligado a cerrar los calabozos de Laredo para el uso de otras localidades.

Unidos x Laredo

El Grupo municipal de Unidos x Laredo exige transparencia y desmonta el “demagógico y manipulador relato del alcalde sobre el coste de los detenidos”

Por este motivo, ha registrado sendos escritos ante el Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno para esclarecer qué hay realmente detrás del coste de la custodia de detenidos en Laredo: datos, legalidad y responsabilidades. 

La iniciativa responde a las declaraciones del alcalde, quien sostiene que el Ayuntamiento asume un gasto anual de 200.000 euros frente a una compensación estatal de apenas 35 euros por detenido y día, planteando incluso el cierre del servicio para otros municipios. Sencillamente, porque él lo decide así.

Sin embargo, Unidos x Laredo advierte que este planteamiento no resiste un análisis mínimo de coherencia. “El alcalde afirma que se han recibido en torno a 11.000–12.000 euros por más de 200 detenidos, en base a los 35 euros diarios. Pero utilizar ese dato para dividir el coste global de 200.000 euros y sugerir cifras cercanas a 1.000 euros por detenido supone mezclar costes estructurales con ingresos variables, generando una imagen inflada y distorsionada, haciendo “tontos” a los laredanos y no lo somos, ni mucho menos” afirma el portavoz de Unidos x Laredo, Ramón Arenas.

“No se puede convertir un dato complejo en un eslogan”, señalan desde Unidos x Laredo. “Lo que se ha presentado no es un análisis económico, sino una simplificación demagógica que puede inducir a error a la ciudadanía”.

El grupo municipal no niega ni afirma que pueda existir un problema de financiación, pero advierte de que la solución no puede construirse sobre cifras mal planteadas, sino sobre datos verificables, desglosados y jurídicamente fundamentados.

“Y tratar de conectar este relato con la Puebla Vieja, como si su rehabilitación dependiera de esta cuestión, es una maniobra claramente oportunista que busca desviar el foco del problema real, que es la desatención que sufre la Puebla Vieja por parte de este alcalde”, afirma Arenas.

Por ello, Unidos x Laredo ha solicitado acceso completo al expediente municipal, incluyendo el informe de Intervención, el desglose real de costes y los datos de detenidos de los últimos cinco años. Asimismo, exige conocer los convenios o acuerdos con el Ministerio del Interior y las cantidades efectivamente percibidas. 

De forma paralela, ha requerido a la Delegación del Gobierno que aclare si existe base jurídica para este servicio, cuál es su régimen económico real y qué ocurriría en caso de que el Ayuntamiento deje de prestarlo.

Para UxL, el fondo del asunto es claro o hay un problema real que debe explicarse con rigor, o se está construyendo un relato de ficción política sobre cifras mal interpretadas y peor explicadas.

El grupo insiste en que decisiones de esta magnitud, incluido el eventual cierre del servicio, no pueden anunciarse en vídeos, sino que deben sustentarse en expedientes administrativos, informes técnicos y garantías legales.

Finalmente, Unidos x Laredo ha solicitado la convocatoria urgente de una comisión informativa para que el interventor y el secretario municipal expliquen con claridad qué cuesta realmente el servicio, por qué y bajo qué cobertura legal.

PSOE

El Grupo Municipal Socialista de Laredo considera inverosímil la insistencia del alcalde Miguel González (PP) en atribuir un supuesto coste anual de 200.000 euros al mantenimiento del depósito de detenidos ubicado en las dependencias de la Policía Local. Un argumentario, que el regidor afirma basar en datos del departamento de Intervención, que "carece de rigor, evidencia un notable desconocimiento normativo y refleja una preocupante irresponsabilidad institucional".

A criterio de los ediles socialistas, presentar como un "coste extraordinario el funcionamiento del depósito de detenidos supone un despropósito y una evidente falta de sentido común", dado que las cantidades señaladas corresponden a las retribuciones ordinarias de los agentes que integran la plantilla municipal. "Aunque el depósito desapareciera mañana, el Ayuntamiento seguiría afrontando exactamente los mismos gastos", señalan.

Los representantes del Grupo municipal socialista consideran especialmente grave que desde la Alcaldía se planteen amenazas de cierre de la instalación o la posibilidad de no aceptar detenidos trasladados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para su puesta a disposición judicial, este tipo de manifestaciones «superan los límites de la sensatez y ponen en cuestión un servicio esencial».

Los concejales muestran también su sorpresa ante el anuncio del alcalde de haber solicitado la intervención del Defensor del Pueblo para reclamar al Ministerio del Interior un nuevo criterio de financiación para los ayuntamientos que mantienen depósitos de detenidos. Al mismo tiempo, recuerdan que esta misma institución ha requerido en reiteradas ocasiones al propio alcalde la entrega de documentación solicitada por la oposición municipal, sin que hasta la fecha se hayan atendido dichos requerimientos.

A su entender, resulta llamativo que quien ha incumplido sistemáticamente las peticiones del Defensor del Pueblo sea ahora quien acuda a él en demanda de amparo que no obstante consideran positiva cualquier iniciativa que implique el cumplimiento de las obligaciones institucionales pendientes.

Para los representantes socialistas, los gastos que el alcalde expone en redes sociales y medios de comunicación corresponden a las retribuciones obligatorias de la actual plantilla de la Policía Local, compuesta por solo dieciocho agentes operativos para cubrir tres turnos diarios, frente a una plantilla total fijada en treinta efectivos.

«La situación es preocupante y no se resolverá cuestionando servicios esenciales, sino completando la plantilla como exigen los requerimientos ya trasladados al alcalde», afirman reclamando a su vez que acelere el pago de las cantidades adeudadas desde septiembre pasado a los efectivos policiales por distintos servicios prestados. En este sentido, consideran que trasladar a la ciudadanía la idea de que la desaparición del depósito de detenidos reduciría el gasto municipal «demuestra un desconocimiento profundo del funcionamiento del servicio policial».

Por ello, recuerdan los corporativos socialistas que, la Policía Local es un servicio esencial para garantizar la seguridad de los vecinos, especialmente en un municipio que es cabeza de partido judicial y que multiplica su población en determinados periodos del año. Al mismo tiempo, los ediles critican que desde la Alcaldía se utilicen datos "retorcidos y poco precisos" para cuestionar servicios básicos, mientras se silencian otros gastos discrecionales que dependen exclusivamente de decisiones políticas del equipo de Gobierno".

A su juicio, la seguridad no es un lujo ni una fiesta; es una obligación, señalan los concejales, que instan al alcalde a evaluar y reclamar también, los costes derivados de competencias impropias asumidas por el Ayuntamiento, "analice y reclame todo ello a la presidencia del ejecutivo regional y al conjunto del Gobierno de Cantabria así como, la consignación económica de los compromisos prometidos a la villa en su presencia, ahora caídos por la borda", concluyen.