|
El Partido Animalista Pacma presentará una denuncia ante la Fiscalía tras la matanza de una loba lactante en Cantabria en la primera semana de junio en la Comarca del Besaya.
Posiblemente, aseguró la formación política, la matanza se produjo con motivo de la resolución del día 2 de abril de 2025, por la que se establece el cupo de extracción de ejemplares de lobo, aprobada por el Gobierno de Cantabria y que, actualmente, se encuentra recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).
“El animal había sido fotografiado gestando en mayo, y su ejecución se produjo tras haber parido, lo que implica la muerte de cachorros de menos de un mes de vida y amplifica gravemente el impacto de la matanza”, comentó.
Pacma denunciará esta acción pues, según afirma un testigo, habría sido ejecutada por orden de la Administración autonómica para "responder a las exigencias de un ganadero", lo que supondría, de ser cierto, un "acto deliberado de exterminio planificado y amparado por las instituciones". “Hasta la fecha, el Gobierno de Cantabria ya ha mostrado con creces su campaña de persecución y erradicación del lobo”, en una comunidad donde el cupo de extracción de lobos en 2025 es de 41, y solo cinco en la Comarca del Besaya. “Sin embargo, las muertes colaterales de cachorros lactantes a raíz de la eliminación de la madre no son tenidas en cuenta para dicho cupo”, indicaron.
Pacma denuncia que las órdenes de caza no sólo siguen siendo desproporcionadas, sino que se aplican sin controles eficientes, aprovechando que los agentes medioambientales a menudo no están presentes o no tienen capacidad para fiscalizar las batidas mientras se desarrollan.
De haberse producido la muerte de esta loba y sus cachorros a causa de la Resolución del día 2 de abril de 2025, desde Pacma afirman que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria habría sido "cómplice necesario" de esta matanza al haber denegado las medidas cautelares solicitadas para suspender las órdenes de extracción mientras se resolvían los recursos judiciales.
“Esta loba y sus cachorros serían, presuntamente, víctimas no sólo del Gobierno de Cantabria, sino también de un poder judicial que habría fallado gravemente en su deber de proteger la legalidad y el interés general”.
Pacma, que ha logrado sentencias que anulan órdenes de caza por ilegales, exige una moratoria inmediata de todas las autorizaciones de extracción y una revisión profunda del papel de la justicia en la protección efectiva de la biodiversidad. Mientras tanto, anuncian que seguirán acudiendo a los tribunales y a la sociedad civil para frenar lo que califican como un "exterminio descarado".
Podemos
Podemos Cantabria ha solicitado formalmente al Defensor del Pueblo la apertura de una investigación sobre la gestión del lobo ibérico por parte del Gobierno de Cantabria. Esta petición se fundamenta en las numerosas irregularidades detectadas en el actual Plan de Gestión del Lobo, así como en la reciente autorización de su caza, que la formación considera incompatible con la legislación ambiental vigente.
La iniciativa se enmarca en el proceso ya iniciado por Podemos para impugnar la retirada del lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), una decisión que la organización considera inconstitucional y profundamente regresiva desde el punto de vista ecológico.
"Estamos ante una gestión basada más en presiones políticas que en criterios técnicos o científicos. El Gobierno de Cantabria está autorizando la caza de una especie protegida sin base rigurosa y vulnerando normativas nacionales y europeas", ha denunciado Pablo Gómez, secretario de Medio Ambiente de Podemos Cantabria. "La cifra de 41 ejemplares autorizados para la temporada 2025-2026 es arbitraria, no tiene en cuenta la estacionalidad reproductiva ni la existencia de manadas compartidas con otras comunidades autónomas", ha añadido.
Podemos Cantabria denuncia que se han abatido al menos siete lobos en la Comunidad durante el periodo en el que aún era legal la interposición de recursos judiciales, un hecho que pone en entredicho la transparencia del procedimiento. Asimismo, se alerta de que el número de lobos que se pretende eliminar se ha justificado mediante una sobreestimación del tamaño medio de las manadas, otorgando a estas, tamaños que no se adecuan a los datos aportados por el propio censo, que apunta a cifras sensiblemente inferiores.
Otro de los elementos más graves que señala la formación es que las extracciones se están llevando a cabo en plena primavera, cuando las poblaciones de lobos se encuentran en mínimos y atraviesan su periodo reproductivo. Esta práctica no solo resulta ecológicamente irresponsable, sino que contraviene la Directiva Hábitats de la Unión Europea, al poner en riesgo la viabilidad de la especie.
Además, Podemos ha denunciado la falta de una evaluación individualizada de los lobos abatidos. Entre los casos más alarmantes destaca el de una loba recién parida que fue cazada por agentes del medio natural, lo que evidencia una absoluta falta de criterios selectivos y un grave impacto sobre las crías y la dinámica de las manadas.
La formación también pone de manifiesto que el Gobierno de Cantabria no ha llevado a cabo una evaluación técnica seria de los resultados obtenidos desde que el Plan de Gestión se puso en marcha en 2019, a pesar de que la propia normativa autonómica lo exige. Esta falta de seguimiento y control demuestra, a juicio de Podemos, un abandono de responsabilidades en la protección de la biodiversidad.
“El Ejecutivo cántabro no sólo está incumpliendo su propia normativa, sino que además está poniendo en riesgo una especie emblemática que forma parte del patrimonio natural de toda la ciudadanía”, ha advertido la coordinadora autonómica de Podemos Cantabria, Mercedes González. “Este modelo de gestión va en contra del sentido común, de la ciencia y de la cooperación territorial. No se puede actuar unilateralmente sobre especies que se mueven entre comunidades como si fueran propiedad exclusiva de un gobierno autonómico”, ha subrayado.
Podemos Cantabria recuerda también que la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, emitida el 29 de julio de 2024, establece que la caza del lobo al norte del Duero solo puede autorizarse si se demuestra que la especie goza de un estado de conservación favorable a nivel estatal, algo que actualmente no está acreditado por ninguna institución.
Por todo ello, la formación solicita al Defensor del Pueblo que determine si la actuación del Gobierno de Cantabria se ajusta a los principios de legalidad, proporcionalidad y base científica que exige la legislación ambiental; cumple con los requisitos de evaluación de impacto ambiental y de protección de especies en estado de conservación desfavorable, y respeta la normativa europea, especialmente la Directiva 92/43/CEE, y el principio de cooperación entre comunidades autónomas.
Desde Podemos Cantabria se exige la revisión inmediata y en profundidad del Plan de Gestión del Lobo, así como la suspensión de cualquier actividad cinegética hasta que se aclaren las numerosas irregularidades señaladas.
“Vamos a seguir utilizando todas las herramientas institucionales, jurídicas y sociales a nuestro alcance para defender al lobo ibérico, símbolo de nuestros ecosistemas y víctima de políticas irresponsables”, ha concluido Pablo Gómez.
|
