Ana Obregón toma posesión como diputada regional del PRC en sustitución de Francisco Javier López Marcano

La número nueve en la candidatura autonómica del PRC en 2023, Ana Obregón, tomó hoy, lunes, posesión del cargo de diputada regional en sustitución de Francisco Javier López Marcano tras fallecer de un infarto el pasado día 2 de abril

Natural de Santa María de Cayón y nieta del histórico fundador del PRC Eduardo Obregón Barreda, la nueva diputada regionalista tiene 45 años y ya ocupó escaño en el Parlamento cántabro en las legislaturas 2015-2019 y 2019-2023. En esta última fue secretaria primera de la Mesa de la Cámara.

En la actualidad es concejala de Cayón desde 2007, tarea que compatibiliza con su actividad profesional como ingeniera química en la empresa pública Cantur, donde trabaja desde 2004 y ha ocupado diversos cargos en los departamentos Técnico, de Calidad y Prevención de Riesgos Laborales. En la actualidad es responsable del área de Seguridad Laboral.

En cuanto a la sesión plenaria, la Cámara aprobó la moción de Vox, defendida por Armando Blanco y con el voto contrario del PP, consistente en implantar un Plan Estratégico Marco de la Dependencia 2025-2040, una iniciativa que ya se aprobó, por unanimidad en el Parlamento hace un año, y que se han incumplido por parte del PP.

“Es una demanda histórica del sector que se ha incumplido cuando Cantabria es una de las Comunidades peor valoradas con un 3,5, según el Observatorio de la Dependencia”, comentó el diputado regional.

Para la socialista Norak Cruz el PP ha incumplido este acuerdo a pesar de votar a favor y cuando en 2040 el 31 por ciento de la población superará los 60 años y por lo tanto se debe conocer de antemano las necesidades de esta situación demográfica.

El PRC, por medio de Rosa Díaz, incide en que existe un problema estructural en el sector y por lo tanto se necesita un estudio para planificar a medio y largo plazo y dotar de financiación suficiente a largo tiempo, algo en lo que se debe implicar el Gobierno cántabro y el Estado que no cumple con la Comunidad.

Por el PP, Alejandro Liz, declaró que es falsa la acusación de Vox, ya que el Gobierno regional ha dado los pasos necesarios, al tiempo que destacó la gestión de la consejera en la tramitación de los expedientes. “El 21 de abril de 2025 se comenzó con el plan, se ha retrasado su adjudicación por una baja temeraria que se ha debido avalar la solvencia de la empresa y se está a la espera de su contratación”, comentó.

En su opinión, no se pueden saltar los procedimientos y la normativa, cuando además es el presidente de España, Pedro Sánchez (PSOE), quien incumple con la dependencia”.

En otro punto en el orden del día, el Parlamento rechazó la proposición No de Ley de Voz para rechazar la regularización extraordinaria de más de 500.000 inmigrantes ilegales impulsada por el Consejo de Ministros.

En esta ocasión, Leticia Díaz tomó la palabra para remarcar que esta decisión pone el riesgo el estado de bienestar, genera un déficit estructural, satura la sanidad y la vivienda, además de aumentar el gasto social y generar un efecto llamada donde se benefician las mafias y se crean cementerios en el mar.

Enmienda

Los populares presentaron una enmienda, que fue rechazada, consistente en rechazar la regularización extraordinaria de más de 500.000 inmigrantes ilegales en España impulsada por el Consejo de Ministros y adoptar las medidas necesarias para agilizar los procedimientos de retorno de inmigrantes en situación irregular a los que se les haya denegado la solicitud de asilo para lograr la readmisión efectiva de estos. Asimismo, reclama que se impulse los retornos efectivos de inmigrantes en coordinación con los países de origen y tránsito, y garantizar la inmediata ejecución de las órdenes de expulsión tramitadas por medio de los correspondientes expedientes.

También, pide promover la expulsión de quienes incurran en delitos graves y la reincidencia dolosa en delitos leves o menores, así como la revocación de permisos a extranjeros con vínculos criminales o radicales, mediante resolución motivada cuando existan pruebas sólidas, acreditadas en sede judicial o administrativa con garantías, de participación en actividades delictivas graves, pertenencia a organizaciones criminales o procesos de radicalización violenta.

Al mismo tiempo, apuesta por establecer una política migratoria firme, ordenada y acorde a las necesidades del mercado laboral, que asegure la sostenibilidad de nuestro estado de bienestar, así como la integración real y efectiva y la capacidad de adaptación a nuestra cultura y costumbres.

No se olvida de evitar que la percepción de ayudas públicas pueda convertirse en el propósito ni en el modo de vida de ningún ciudadano en España, por lo que las ayudas económicas deben exigir la acreditación de residencia legal, no el mero empadronamiento, sin perjuicio del acceso a los servicios esenciales garantizados por la Ley.

Además, el acceso a determinadas prestaciones económicas, como el Ingreso Mínimo Vital, debe ligarse a la búsqueda activa de empleo y, en el caso de inmigrantes legales, a los años de cotización, y se debe revisar las subvenciones a asociaciones, organizaciones, fundaciones u Organización No Gubernamental (ONG) que promuevan o faciliten de cualquier forma la inmigración ilegal y el tráfico de personas, así como a endurecer las penas contra las mafias de la inmigración ilegal y a todos sus colaboradores.

 No deja de Lado, el PP que hay que acabar con las políticas de efecto llamada que han llevado a miles de personas a perder la vida intentando llegar a Europa en manos de las mafias

La enmienda incluye revisar el carácter excepcional del arraigo, que actualmente opera en muchos casos como vía ordinaria de regularización para quienes accedieron ilegalmente al país y llevar a cabo las reformas legales necesarias para impedir que ningún inmigrante ilegal pueda cometer un fraude de ley en la tramitación de su expediente de extranjería o petición de asilo.

En otro orden de cosas, insta a garantizar que el Padrón Municipal sirva para fines estadísticos y de planificación, no pudiendo servir por sí mismo para acreditar una residencia legal que justifique el acceso a determinadas ayudas económicas y a revisar los acuerdos bilaterales con países de origen para garantizar su colaboración efectiva, incluidos los acuerdos de cooperación al desarrollo.

Para finalizar, solicita endurecer las penas contra las mafias de la inmigración ilegal, sobre todo en casos de explotación o pertenencia a organización criminal; y también para quienes colaboren con ellas, incluyendo fabricantes, proveedores o intermediarios que, a sabiendas del uso delictivo, suministren embarcaciones, motores, combustibles, dispositivos, teléfonos, GPS u otros materiales destinados a facilitar la actividad criminal.

Y por último que el Parlamento de Cantabria rechaza las regularizaciones masivas y automáticas debido a que no pueden constituir un derecho colectivo derivado del mero paso del tiempo, sino un procedimiento excepcional, individualizado, condicionado y verificable, vinculado al empleo real, a la integración efectiva y a la seguridad jurídica, y manifiesta su posición favorable

a la implementación de un modelo responsable que vincule la residencia al empleo, mediante contrato de trabajo, alta en la Seguridad Social, actividad económica real o proyecto empresarial viable, recuperando el carácter verdaderamente excepcional del arraigo social y familiar y estableciendo la exclusión expresa de personas con antecedentes penales, órdenes de expulsión o reincidencia delictiva.

En este asunto, el PSOE considera que esta iniciativa es un ataque a los vulnerables y propaganda filofascista, mientras el PRC argumenta que crea alarmismo con datos manipulados, es inconstitucional y Cantabria es una Comunidad solidaria que no puede afrontar este reto sola, sino con ayuda del Estado y Europa.