sábado. 25.05.2024
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El Parlamento insta al Ministerio a resolver las concesiones de las empresas en dominio público-terrestre

La iniciativa, presentada por el Grupo parlamentario del PP, contó con el apoyo del Vox, Cs, PRC y la diputada no adscrita, Marta García

El diputado regional del PP, Iñigo Fernández.
El diputado regional del PP, Iñigo Fernández.
El Parlamento insta al Ministerio a resolver las concesiones de las empresas en dominio público-terrestre

El Pleno del Parlamento de Cantabria aprobó instar al Ministerio de Transición Ecológica la resolución de las concesiones administrativas de las empresas ubicadas en dominio público-terrestre anteriores a la Ley de Costas de 1988, que están pendientes de resolución desde el 1 de julio de 2018.

La iniciativa, presentada por el Grupo parlamentario del PP, contó con el apoyo de Vox, Cs, PRC y diputada no adscrita, Marta García, y el voto la abstención del PSOE.

Según el portavoz del PP, Iñigo Fernández, se trata de pedirle al Ministerio, que dirige Teresa Ribera (PSOE), que deje de bloquear la renovación de las prórrogas a los afectados, ganaderos, talleres, fábrica, actividad turística, con el fin de preservar los puestos de trabajo.

“La Ley de Costas concedió 30 años más, pero en 2013 se impuso dos condiciones, cumplir los criterios ambientales y que continúe la misma actividad para conceder las prórrogas, pero a partir de 2018 con Pedro Sánchez se han paralizado”, declaró el diputado regional.

Además, una sentencia del Tribunal Supremo anula que la actividad se tenga que instalar en otro lugar y que no exceda en 75 años su concesión y válida la prórroga de la concesión administrativa en dominio público marítimo-terrestre a favor de la papelera gallega ENCE, lo que en su opinión "abre la puerta para retomar los expedientes de prórroga que la Demarcación de Costas en Cantabria no acaba de resolver".

Iñigo Fernández también pide la destitución del jefe de la Demarcación de Costas, José Antonio Osorio, ante la falta de respuesta sobre el número de afectados que hay en Cantabria, una información que tiene el PSOE y al mismo tiempo se niega a comparecer en el Parlamento de Cantabria.

Desde Vox, Armando Blanco, calificó de radicalismo climático el intento del Ministerio de expulsar a las empresas y con ello la pérdida de puestos de trabajo. “hay que hace factible la renovación acorde a la sentencia del Tribunal Supremo”, indicó.

El portavoz de Cs, Félix Álvarez, definió sectarismo y fanatismo los criterios medioambientales de  los socialistas por encima de los negocios.

Por su parte, el diputado regional Javier García-Oliva, informó que en Cantabria hay 30 afectados en Cantabria que han acudido a la vía judicial. “Las concesiones son préstamos de todos los españoles para un lucro particular y se tiene que devolver cuando caduca la fecha”, matizó. En su opinión, cuando se judicializa un asunto, se paraliza el trámite administrativo.

Desde los regionalistas, Francisco Ortiz, expuso que no es aceptable una demora tan larga cuando no está judicializado, ya que lo peor es la incertidumbre, y más cuando el TS concede la prórroga a la papelera en la ría de Pontevedra sobre en un terreno de más de 300.000 metros cuadrados, cumpliendo los criterios medioambientales.

Auditoria

Los Grupos parlamentarios del PRC y el PSOE han rechazado que el Pleno del Parlamento apruebe una iniciativa promovida por Vox, y respaldada por el resto de la oposición, para que la Intervención lleve a cabo una "exhaustiva auditoria" sobre "todos" los contratos de las distintas Consejerías a "las principales licitadoras y adjudicatarias", entre ellas la de Obras Públicas, donde se ha producido la 'trama de carreteras'.

Vox ha defendido la necesidad de esta auditoria "para determinar hasta dónde alcanza esta trama" y ver si afecta a otros departamentos de Obras Públicas o a otras Consejerías del Gobierno de Cantabria en las que también participaban, con actuaciones, algunas de las empresas presuntamente implicadas en lo trama, "casi todas en el ámbito del PRC".

El PP vio "muy razonable" que se lleve a cabo la auditoria porque cree que "hay hechos que requieren explicación adicional" y hay "muchas cosas raras". "No digo más de lo que puede decir porque hay una instrucción judicial y hay que hablar acompasado por los hechos y no sacar conjeturas indebidas", ha dicho su portavoz, Íñigo Fernández.

Cs también ha estado de acuerdo en esta auditoria, aunque cree que debería retrotraerse hasta 1995, desde que la Consejería "cae en manos del PRC con Revilla".

La iniciativa de Vox también reclamaba la destitución de José Luis Gochicoa como consejero de Obras Públicas, una petición que ha llegado al Pleno cuando ya se ha formalizado la dimisión del regionalista.

También pedía destituir a "todos" los cargos de libre designación de la Consejería por "entender que, tanto por volumen de los fondos presuntamente malversados, como por la duración de la trama en el tiempo, no puede ser una actuación unilateral de un funcionario" (por ahora solo está imputado el jefe del Servicio de Carreteras, Miguel Ángel Díez, quien presuntamente cobró 'mordidas', en dinero u otros beneficios, a cambio de adjudicaciones.

Además de Gochicoa, también dimitió por esta trama su número dos el director General de Obras Públicas, Manuel del Jesus, y fue cesado el subdirector de Carreteras, Sebastián Martín, tras conocer el Gobierno que aparecía en el sumario e iba a acudir a una comida en un restaurante tres estrellas Michelín junto al presunto cabecilla de la red, la mujer de este y dos responsables de la empresa Rucecan, una de las implicadas, que no se llegó a celebrar porque cuatro días antes el juzgado destapó la trama.

Lejos de conformarse con estos ceses y dimisiones, Vox reclama el cese de la "totalidad" de los cargos de libre designación "que el PRC ha ido colocando" en la Consejería.

Además, todos los Grupos de la oposición (PP, Cs y Vox) han coincidido en señalar que la trama de carreteras "solo" operaba cuando el PRC estaba al frente de esa Consejería.

Al mismo tiempo, ha aludido que el presidente de Cantabria y líder de los regionalistas, Miguel Ángel Revilla, fue consejero de Obras Públicas en las legislaturas 1995-1999 y 1999-2003 y, una vez investido jefe del Ejecutivo regional, y después, de 2003 a 2011 y de 2015 a 2019 el puesto lo ostentó el también regionalista y actual diputado nacional José María Mazón, al que siguió el ya dimitido Gochicoa.

A la vista de lo que ha ocurrido y de lo que se ha extendido en el tiempo esta trama, según lo que ha trascendido de la investigación, Vox considera que hay que "replantearse" si la "responsabilidad política" que han asumido Gochicoa y otros cargos de la Consejería "no es exigible" a los que también ejercieron esa responsabilidad en el pasado "con iguales y nefastos resultados".

Para Vox, la "culpa del PRC es gravísima" dado que "durante seis legislaturas" operó una "trama de corrupción" en la Consejería mientras "pasaba por la vista" de los responsables políticos de este departamento "y durante seis legislaturas no hicieron nada para evitarlo".

En este planteamiento, también ha coincidido Cs, que considera que "siguiendo con la misma lógica" que lo ocurrido con Gochicoa, que dimitió por "no enterarse de nada" de esta trama en su consejería, Revilla y Mazón también deberían hacer lo propio.

Al margen de ello, Cs y Vox han criticado que el PP no apoye la comisión de investigación que reclamaba cuando hay "mucho que investigar".

Como respuesta, el PRC ha dedicado gran parte de su intervención a hacer un listado de las inversiones en "miles de kilómetros de carreteras", de seguridad vial; actuaciones en puertos, dragados hechos por Obras Públicas y otras consejerías regionalistas. "Eso son los contratos que interesan a los ciudadanos de Cantabria", ha dicho su portavoz, Pedro Hernando.

Y el PSOE ha incidido en que "ningún cargo político está implicado" y ha indicado que, pese a ello, desde el Ejecutivo se han asumido responsabilidades políticas "con celeridad". Además, para los socialistas, lo ocurrido demuestra que hay que "modificar o intensificar" los controles.

Además, desde el PSOE, se ha censurado a quienes pretenden "aprovechar" la trama para "extender las dudas y sospechas" sobre distintos cargos o instituciones. "Su secretario general también ha entrado en ello", le ha replicado el PP en alusión a las manifestaciones del vicepresidente regional y líder socialista, Pablo Zuloaga.

En el debate de esta iniciativa ha planeado también el homenaje que el PRC organizó ayer a Gochicoa, al que acudieron en torno a un millar de regionalistas.

Así, el PP ha vuelto a criticar el hecho de que el PRC haya homenajeado a una persona a la que le han montado "en sus narices" una trama de corrupción y, en el mejor de los casos, no se ha enterado de nada". "Si te han hecho eso, cállate y agacha las orejas. No saques pecho y te rías de la gente, que eso es lo que ha sucedido", ha dicho Fernández.

Cs ha censurado también que, "entre cocidos montañeses y merluzas", el PRC homenajee a un consejero "que tuvo que dimitir porque no se enteró que de un funcionario tenía una máquina para contar dinero de todos los cántabros".

Y Vox cree que homenajes como el de Gochicoa trasladan a la ciudadanía la idea de que parece que "está bien no enterarse cuando a uno le roban en su propia casa", un mensaje que, a su juicio, no es el correcto.

Por su parte, el PRC considera que ayer se ha demostrado que es un "un partido con dirigentes honestos, trabajadores y sobre los que se puede poner la mano en el fuego".

Además, el portavoz regionalista ha replicado a las críticas del PP reprochándoles que el expresidente de Cantabria y del PP Ignacio Diego y una senadora acudieron a un homenaje al exalcalde de Piélagos, Jesús Ángel Pacheco, tras ser condenado por prevaricación urbanística. "Esos son sus militantes, el PRC cero", ha indicado.