La Justicia deniega dejar sin efecto el Plan de Gestión del Lobo que pedía Pacma

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha denegado las medidas cautelares solicitadas por el Partido Animalista con el Medio Ambiente (Pacma) contra el Plan de Gestión del Lobo aprobado el pasado mes de marzo por la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria.

En un auto hoy dado a conocer, la Sala no entra a valorar la legalidad del Plan de Gestión del Lobo; lo que hace es examinar la conveniencia o no de adoptar la medida cautelar que solicitó Pacma, consistente en dejar sin efecto el Plan en tanto el tribunal resuelve el recurso Contencioso-Administrativo que deberá decidir si el citado Plan es conforme o no a derecho.

Y la Sala acuerda que no cabe adoptar la medida cautelar. A su juicio, el hecho de que la Orden que aprueba el Plan de Gestión del Lobo siga vigente “no genera daño irreparable o irreversible”, como venía argumentando Pacma, ya que “no se está recurriendo una resolución que autorice la extracción de determinados ejemplares”.

“La vigencia y eficacia del Plan no implicará ninguna extracción ni tendrá ningún efecto inmediato y directo, ni en relación a las manadas ni en relación a los ejemplares”, reitera el auto.

Añade que son las medidas para el control de ejemplares que recoge el Plan en su capítulo dos, “si se acuerdan, las que permitan contemplar el alcance real de los efectos de esas extracciones”.

Suspender el Plan

La Sala explica que Pacma pide la suspensión de toda la orden cuando su reproche se refiere a los cupos de extracción de ejemplares. Y es que el objetivo de la orden “no es autorizar extracciones concretas y precisas, sino aprobar el Plan de Gestión que incluye no sólo la medida de fijación de un cupo, sino la adopción de otras medidas que persiguen garantizar la conservación de la especie en un estado de conservación favorable, la coexistencia con la ganadería y otros objetivos”.

En este sentido, señala el auto que, “junto con la discutida medida del cupo de extracción”, el Plan prevé, entre otras actuaciones, la zonificación, el control de la mortalidad ilegal de la especie, medidas para el pago de los daños que pudieran ocasionarse, el apoyo a medidas preventivas no letales y una futura regulación del pago de servicios ambientales.

En definitiva, “la medida de suspensión de la orden implicaría la suspensión de todas estas medidas sin que la parte actora haya formulado siquiera un solo alegato de la conveniencia, proporcionalidad o corrección de la suspensión de estas previsiones que también contempla la orden”.

“La suspensión de la orden pretendida, concluye la Sala, es completamente desproporcionada y nada apunta a que sirviera a las finalidades perseguidas, ni siquiera de conservación de especies”.

Valoración

La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos (PP), ha mostrado su satisfacción porque el TSJC haya denegado la medida cautelar solicitada por el partido animalista Pacma, que solicitaba la suspensión del nuevo Plan de Gestión del Lobo, que fue aprobado el pasado mes de marzo.

En este sentido, la consejera ha celebrado que el auto incluya la imposición de costas a la parte demandante, lo que refuerza, a su juicio, la solidez jurídica del plan.

En este sentido, ha destacado que el Tribunal, sin entrar en el fondo del asunto, deja claro que el nuevo Plan de Gestión del Lobo de Cantabria se ajusta al marco normativo vigente, derivado de la Ley aprobada por el Congreso el pasado año, que supuso la salida del lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) al norte del río Duero. “Según el Tribunal, esta Ley no ha sido suspendida, sigue en vigor y, por lo tanto, es plenamente eficaz”, ha recordado.

Asimismo, la consejera ha explicado que la solicitud de Pacma no se limitaba únicamente a las medidas de control poblacional, sino que pretendía la suspensión cautelar total del Plan, incluyendo todas las herramientas de gestión previstas.

“Pacma aprovechaba, además, para pedir la suspensión de todas las medidas incluidas en el Plan de Gestión y su suspensión cautelar completa, no sólo de las medidas de extracción”, ha concretado.

Sobre este hecho, María Jesús Susinos ha remarcado que el Gobierno de Cantabria comparte el criterio del TSJC al considerar que “una suspensión global habría supuesto importantes perjuicios para el interés general, la suspensión del Plan conllevaría daños irreversibles para el sector, como por ejemplo la anulación del pago por servicios ambientales o las medidas establecidas para compatibilizar la convivencia del lobo y la ganadería extensiva”, ha remarcado Susinos.

Por otro lado, la titular de Ganadería ha hecho referencia a los argumentos de la parte recurrente en relación con los datos sobre la población de lobos y los daños al ganado, y ha subrayado que el propio Tribunal ya se ha pronunciado en ocasiones anteriores.

Para la consejera, “Pacma intenta desacreditar los datos aportados por el Gobierno en cuanto a número de lobos, manadas y daños producidos por sus ataques, a lo que el Tribunal ya había dado respuesta en autos anteriores favorables al Gobierno de Cantabria”, ha recordado.

En este sentido, Susinos ha insistido en que el Gobierno seguirá defendiendo el Plan de Gestión del Lobo, basado en criterios técnicos, jurídicos y científicos, y orientado a garantizar el equilibrio entre la conservación de la especie y la viabilidad de la ganadería extensiva.

“El Tribunal se mantiene firme, al igual que nos mantenemos firmes en el Gobierno de Cantabria, con nuestro Plan de Gestión del Lobo, que cuenta con todos los parabienes de la Justicia”, ha concluido.