jueves. 10.09.2026
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La Justicia anula el cambio del calendario anual del año 2024 del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SCIS) y bomberos

 El Tribunal de Instancia de Santander anuló el decreto por el que el Consistorio modificó unilateralmente el calendario laboral

Parque de Bomberos de Torrelavega. R.A.
Parque de Bomberos de Torrelavega. R.A.
La Justicia anula el cambio del calendario anual del año 2024 del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SCIS) y bomberos

La Justicia ha anulado el cambio del calendario anual del año 2024 del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SCIS) y bomberos.

La Sección Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) en el Ayuntamiento de Torrelavega ha denunciado que la falta de planificación del Consistorio se ha convertido, una vez más, en un problema para los bomberos de la capital del Besaya.

La crítica surge después de que la sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Santander diera la razón a la representación sindical y anulara la modificación del calendario anual del año 2024 de la plantilla del SCIS, condenando al Ayuntamiento a abonar 800 euros en concepto de costas.

“La sentencia que anula la modificación unilateral del calendario de Bomberos evidencia un grave problema de planificación y gestión en el Ayuntamiento de Torrelavega. Desde CCOO lo venimos denunciando y la justicia nos arropa y lo dicta con una claridad meridiana”, ha subrayado David Obregón, delegado de CCOO en el SCIS.

Así, la sentencia estima íntegramente el recurso presentado por CCOO y anula el decreto de Alcaldía del día 31 de enero de 2024 por el que el Ayuntamiento modificó unilateralmente el calendario laboral de los bomberos.

“¿Cómo es posible que una Administración Pública necesite que un juzgado le recuerde que no puede modificar unilateralmente las condiciones laborales previamente negociadas? y ¿Por qué una formación que se venía gestionando desde finales de 2023 terminó utilizándose como argumento para modificar unilateralmente, en enero de 2024, el calendario laboral de los bomberos?”, se ha preguntado David Obregón.

El propio fallo subraya que no existía la urgencia que pretendía justificar el Ayuntamiento y que las gestiones para organizar los cursos habían comenzado a finales de 2023 y que había tiempo suficiente para convocar una mesa extraordinaria y negociar la modificación.

“La medida afectó a 15 empleados públicos durante seis jornadas de trabajo. No estamos hablando de un simple ajuste administrativo sino de turnos de trabajo, descansos y organización de la vida personal de trabajadores de un servicio esencial. Los bomberos no tienen que pagar con cambios de calendario la falta de previsión de quienes tienen la responsabilidad de organizar el servicio”, ha criticado Obregón.

Formadores

“El horario de los formadores no era compatible con el calendario, pero la solución del Ayuntamiento fue saltarse la negociación y presentar después la urgencia como hecho consumado y alegando la potestad organizativa como excusa, cuando el problema es que quiso imponer ignorando a las personas afectadas”, ha subrayado.

Por tanto, la Sección Sindical ha exigido responsabilidades políticas y de gestión, así como las explicaciones pertinentes de los responsables políticos y técnicos que participaron en la elaboración, propuesta y tramitación de la modificación del calendario para analizar qué fallo y evitar que vuelva a suceder.

El delegado de CCOO ha sido contundente al respecto: “no vamos a permitir que se gobierne el Servicio de Bomberos a golpe de improvisación. Ojalá que esta sentencia sirva para que el Ayuntamiento de Torrelavega entienda de una vez por todas que los derechos laborales no son un obstáculo para gestionar los servicios públicos, sino que forman parte de las reglas que cualquier Administración está obligada a respetar”.

Así, CCOO seguirá utilizando todas las vías legales y sindicales necesarias para impedir que la mala planificación de la Administración termine convirtiéndose en un problema para los trabajadores y, por extensión, para la calidad del servicio público que se presta a la ciudadanía.