El edadismo se cuela en la Administración cántabra

El sindicato cántabro hace público un nuevo caso poniendo de manifiesto una práctica que, desde el sindicato cántabro consideran preocupante: el edadismo institucional. Esta discriminación afecta de manera directa a Rocío Bedoya Vega, una funcionaria interina con trayectoria en el ámbito de la educación especial y en la interpretación de lengua de signos.

Rocío Bedoya Vega es maestra, intérprete de lengua de signos con años de experiencia y formación especializada, que ha estado cubriendo una vacante en el Centro de Educación Especial de Parayas donde asistía a un menor sordo que requería de este recurso para poder acceder en condiciones de igualdad a la educación.

Gracias a su trabajo, el alumno no solo accedía a los contenidos curriculares, sino que también se promovía su integración plena en el entorno educativo, un proceso que va mucho más allá de enseñar signos ya que la figura del intérprete de aula no se limita a la traducción de signos; sino que desempeña un papel esencial, traduciendo, en tiempo real, los contenidos e interacciones, adaptando los materiales y permitiendo la integración total del alumno sordo con el resto del grupo durante clases, recreos, comedor o cualquier actividad que se produzca en el centro haciendo posible que el alumno sordo siga el mismo ritmo que sus compañeros oyentes durante todas las actividades del centro.

El problema surge cuando el alumno promociona y el centro deja de necesitar los servicios de la trabajadora, quien, al ser funcionaria interina, debería regresar a la bolsa de empleo. Sin embargo, al haber alcanzado los 65 años, es automáticamente excluida de la misma.

En el caso de Rocío, se da una circunstancia particularmente injusta, ya que no cumple los requisitos legales para la jubilación (ni por edad ni por años cotizados). A pesar de que en la zona existen centros que aún requieren de sus servicios y podrían beneficiarse de su valiosa labor (hay otro centro con dos menores que requieren este servicio), la decisión del gobierno la obliga a salir del sistema sin posibilidad de seguir trabajando, incluso cuando podría continuar ejerciendo hasta alcanzar la edad necesaria para acceder a la jubilación ordinaria.

Esta medida tomada por el Gobierno de Cantabria se convierte en una trampa social y laboral, para Rocío ya que, al acudir a las oficinas del SEPE, se encuentra con que no puede acceder a prestaciones por desempleo debido a que se encuentra en "edad de jubilación", pero tampoco tiene acceso a la pensión porque aún no ha cumplido con los años de cotización necesarios. Una situación que deja claro el profundo problema de edadismo que atraviesa el sistema y que afecta gravemente a los trabajadores mayores, a pesar de que aún tienen mucho que ofrecer a la sociedad.

Este caso pone de manifiesto un problema más amplio que afecta directamente al sistema educativo público en Cantabria, en particular al colectivo de intérpretes de lengua de signos en el aula: la externalización encubierta. A pesar de que la Administración reconoce la falta de intérpretes en lengua de signos, la próxima Oferta Pública de Empleo ha previsto dos plazas, algunos centros han optado por no mantener el servicio público, y en su lugar, han dado preferencia a un servicio privado, donde las horas de atención a los alumnos son limitadas y centradas solo en enseñar lengua de signos, sin ofrecer los servicios de integración integral que un intérprete de aula como Rocío proporciona.

El Gobierno de Cantabria no solo está marginando a trabajadores con años de experiencia y formación, sino que está poniendo en riesgo la calidad de la educación y la integración de los alumnos con discapacidad auditiva. Y lo que es más grave, esta situación no es aislada. Rocío no es la única que está siendo afectada por este tipo de políticas. La asesoría jurídica de CSIF Cantabria está impugnando esta medida por discriminatoria y contraria al principio de igualdad del Trebep (Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público), que establece que los funcionarios interinos tienen los mismos derechos que los de carrera, salvo aquellos directamente vinculados a la propiedad de la plaza. Actualmente, tiene dos casos judicializados con esta problemática, y éste sería el tercero del sindicato, que se sumaría a quienes hayan iniciado denuncias similares por su cuenta.

Desde CSIF Cantabria, se exige al Gobierno de Cantabria que revierta esta medida injusta, que se garantice la integración de los trabajadores mayores en el sistema laboral, y que se garantice la igualdad de oportunidades para todos los trabajadores, independientemente de su edad.