Un maltrato institucional sin fin a cientos de familias

Lamentablemente, lo que aquí se describe no es una metáfora ni una exageración, sino el sufrimiento real de cientos de familias causado por la actuación y, sobre todo, la inacción, de las Administraciones públicas en Cantabria. La triste inocentada anual consiste en escuchar a nuestras autoridades prometer soluciones mientras, en la práctica, hacen exactamente lo contrario.

La AMA podría reutilizar, sin apenas cambios, una nota de prensa publicada hace más de veinte años para resumir y hacer balance del año 2025. Un año más, y como diría el cantante, “la vida sigue igual”. Otro año perdido. Otro año sin soluciones. Otro año marcado por promesas incumplidas. Resulta desesperante comprobar cómo, después de décadas, las Administraciones públicas y, muy especialmente el Gobierno de Cantabria y la Consejería de Fomento, competente en materia de urbanismo, continúan maltratando a las víctimas de las sentencias de derribo mediante el reiterado incumplimiento de sus compromisos.

Viene a la memoria aquella frase de un conocido cronista deportivo: “ni una mala palabra, ni una buena acción”. Es duro y profundamente triste ver cómo pasa el tiempo, cómo nuestros amigos van falleciendo, mientras los responsables siguen sin reparar el gravísimo daño causado a cientos de familias.

Desde AMA advertimos reiteradamente de la necesidad de contar con un plan B, ya que era perfectamente previsible que el recurso de casación contra el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, presentado por el Gobierno de Cantabria, no prosperaría. No se nos escuchó. Cuando el Tribunal Supremo dictó sentencia, la reacción del Gobierno fue inmediata: una cascada de promesas con el único objetivo de eludir una responsabilidad que era, y sigue siendo, directa.

Se prometieron viviendas de sustitución, la compra de terrenos en pocos meses y el inicio del proyecto de construcción de nuevas viviendas durante el presente año. Finalizado el año, y como viene siendo habitual, de todo ello nada se sabe.

En abril, la AMA conmemoró su vigésimo aniversario. Cuando se fundó, se confiaba en que desaparecería en esa misma legislatura, una vez reparado el daño causado a cientos de familias. Jamás imaginamos que, décadas después, seguiríamos denunciando los mismos incumplimientos y el mismo maltrato a familias absolutamente inocentes. Inocentes por no tener culpa alguna y por haber creído, de buena fe, que el Gobierno cumpliría sus reiteradas promesas y, sobre todo, lo aprobado por unanimidad en el Parlamento de Cantabria.

Durante el acto del 20 aniversario, la presidenta del Gobierno de Cantabria dio su palabra de honor de que, en esta legislatura, todos los afectados tendrían una solución. Sin embargo, desde la Consejería competente en urbanismo no solo no se ha informado a los afectados, sino que se ha optado por el silencio y la indiferencia. Somos ignorados por el simple hecho de recordar compromisos públicos.

Es duro, penoso y profundamente triste seguir denunciando que, cerca de treinta años después en muchos casos, las administraciones condenadas continúan sin cumplir las sentencias, sin ofrecer soluciones y, ahora incluso, sin proporcionar información.

En Argoños, la situación es de absoluta desesperación, alimentada por rumores, noticias contradictorias y una alarmante falta de soluciones.

En Piélagos, más de veinte años después, el Plan General de Ordenación Urbana sigue sin ver la luz.

En Escalante, las viviendas de sustitución han sufrido cambios de proyecto comunicados a hechos consumados.

En Arnuero, las viviendas de sustitución acumulan un retraso superior a un quinquenio respecto a lo acordado.

Por si fuera poco, el Plan General de Ordenación Urbana de Argoños, tras la sentencia sobre el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, presenta una ilegalidad más que previsible. Un futuro inquietante.

El Parlamento de Cantabria ha aprobado la aplicación de los convenios a todos los afectados. El Gobierno de Cantabria hace caso omiso. Incluso, pese a las promesas del consejero de Fomento, Roberto Media (PP), las familias del Camino del Portillo, en Argoños, siguen sin disponer ni siquiera del convenio comprometido.

Una imagen especialmente reveladora tuvo lugar el día 3 de agosto: por la mañana estaba prevista una reunión informativa con los afectados, a la que el Gobierno alegó no poder asistir; sin embargo, ese mismo día y en el mismo municipio, los responsables sí estuvieron presentes en las fiestas locales.

El día 13 de diciembre, la AMA celebró el acto de apoyo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Como siempre, se invitó a las autoridades. La presidenta del Gobierno respondió delegando en el consejero de Fomento, quien, dos días antes y a través de terceros, comunicó que no acudiría. Al preguntar si habría alguna representación del Gobierno para informar a los afectados, el silencio fue la única respuesta. Hay gestos que definen con claridad a quienes gobiernan.

Resulta difícil mantener la esperanza y cada vez más complicado creer en estas autoridades. Basta revisar las hemerotecas o leer el Diario de Sesiones del Parlamento de Cantabria de la legislatura pasada para constatar el abismo entre lo prometido y lo hecho. Y eso que, tras tantos años, ya hemos visto casi de todo.

Los periodos electorales no están lejos, y denunciar estos comportamientos es una obligación democrática para que la ciudadanía conozca cómo actúan quienes aspiran a representarla.

Nos queda, al menos, la información de los medios de comunicación, imprescindibles para dar visibilidad a una realidad tan injusta y dolorosa, y para que la verdad no quede sepultada por el silencio institucional.

Por todo ello, solo nos resta expresar nuestro agradecimiento y, el deseo de que el próximo año traiga, por fin, justicia, dignidad y reparación para todas las familias afectadas. Que la salud, la solidaridad y el respeto a los derechos de todos dejen de ser promesas y pasen, de una vez, a ser una realidad.

Feliz 2026