Los ganaderos pueden reclamar indemnizaciones tras la sentencia del Supremo sobre el cártel de la leche
Los productores de leche tienen derecho a recuperar entre el dos y el diez por ciento de la facturación obtenida entre 2000 y 2013 más los intereses legales
Miles de ganaderos que vendieron leche cruda de vaca entre los años 2000 y 2013 podrán recuperar entre el dos y el diez por ciento de la facturación obtenida durante ese periodo, además de los intereses legales correspondientes. "Muchos productores siguen sin saber que pueden reclamar una indemnización por los perjuicios ocasionados que les causó el cártel de la leche", advierte Ulises Corona, abogado y director General de Grupo AlegA Abogados.
El Tribunal Supremo ha confirmado la sanción que por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso en 2019, ratificando la existencia de un cártel de la leche en España. "Esta sentencia da mayor seguridad jurídica a las reclamaciones de los afectados", señala Corona.
La investigación de la CNMC, que se saldó con multas por valor de 80,6 millones de euros a conocidas marcas españolas del sector lácteo, acredita que las grandes industrias pactaron en secreto pagar menos por la leche a los ganaderos, se intercambiaron información sobre lo que abonaban a cada productor y se repartieron a los clientes durante más de una década.
La sentencia abre la puerta a que los ganaderos reclamen esas indemnizaciones con intereses. El debate se centra ahora en cuantificar el perjuicio de cada caso. "Hay que calcular con precisión el daño sufrido por cada productor para determinar la indemnización que le corresponde", explica Corona.
Quién puede reclamar
Los ganaderos y explotaciones que vendieron leche cruda de vaca entre 2000 y 2013 a alguna de las industrias sancionadas -Grupo Lactalis Iberia, Nestlé España, Celega, Aelga y Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña, entre otras-, pueden reclamar como afectados por el cártel de la leche. También pueden ejercer este derecho los herederos del titular fallecido, quienes vendían a través de cooperativas y los primeros compradores.
"Haber cerrado la explotación o no conservar toda la documentación no impide reclamar. Cada caso es distinto y hay que analizarlo de forma individual”, subraya Corona.
Más de 7.800 ganaderos de Cantabria, Asturias, Castilla y León, Galicia y Cataluña han iniciado ya sus reclamaciones por un importe estimado de 1.200 millones de euros.
