Discrepancias entre el consejero y el Ayuntamiento en la actuación por la okupación de una de las tres viviendas públicas en Marina de Cudeyo

El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media (PP) ha denunciado hoy, viernes, la ocupación ilegal de una de las tres viviendas públicas que hace unos meses fueron rehabilitadas por Gesvican en la localidad de Orejo, en Marina de Cudeyo. De hecho, su adjudicación estaba prevista en las próximas semanas mediante sorteo entre las 95 personas que se habían inscrito en este proceso.

Las discrepancias han surgido entre el consejero de Vivienda y el Consistorio por la actuación, aunque el Ayuntamiento lo primero que aseguró es las tres viviendas están terminadas hace más de 10 meses y sin entregar.

Media ha explicado que, tras conocer la situación ayer se puso en contacto tanto con el alcalde del municipio, Pedro Pérez (PSOE), como con el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares (PSOE), para solicitar la intervención de la Policía Local y la Guardia Civil “y desalojar inmediatamente a los ocupas”.

Sin embargo, ha calificado de “absolutamente decepcionante” la respuesta recibida, al asegurar que ambos han manifestado la imposibilidad de actuar “porque no saben cuando entraron ni si existe delito fragrante”, tal y como recoge la Ley estatal.

El Ejecutivo autonómico ha presentado la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil para iniciar el proceso de desalojo, un asunto que, según ha asegurado, “desgraciadamente tardará más tiempo del que nos gustaría”.

No obstante, ha exigido a Casares que actúe “de forma rápida y urgente” para devolver estas viviendas, propiedad del Gobierno de Cantabria, a aquellas personas que lo habían solicitado, que tenían derecho a ellas y que habían actuado “de buena fe.

“Son familias que habían visto la oportunidad de acceder a una vivienda digna a un precio asequible y que ahora se van a quedar en la calle porque se la han ocupado y no podemos hacer nada para echarles”, ha asegurado.

El consejero ha recordado que estas tres viviendas, en las que el Ejecutivo invirtió 265.000 euros cofinanciados con fondos europeos, estaban totalmente acabadas, cuentan con cocina y “altísimas calidades” y estaban completamente preparadas para su entrega.

Protege al okupa

Durante su intervención, el consejero ha criticado la actual Ley estatal de Vivienda, que “protege al delincuente, al okupa, y deja absolutamente abandonado al propietario, que en este caso es el propio Gobierno de Cantabria”.

“Necesitamos cambiar esta Ley. La propiedad privada es sagrada y también la del Gobierno de Cantabria”, ha afirmado, al tiempo que ha asegurado que no se puede permitir que personas “sin ningún tipo de derecho ocupen bienes públicos destinados a quienes realmente los necesitan”.

Por ello, ha reiterado la necesidad de derogar esta norma estatal y dotar a las fuerzas y cuerpos de seguridad de las herramientas necesarias para proceder al desalojo de los ocupantes ilegales.

Por último, ha asegurado que la Ley de Vivienda de Cantabria, actualmente en tramitación, dispone de medidas en este ámbito, entre las que ha destacado la oficina de apoyo a las víctimas de la ocupación y la inquiocupación, para dar asesoramiento jurídico a quienes sufren esta problemática. 

Otras okupaciones

“Se acabó el cuento de decir que en Cantabria no hay ocupación”, ha expresado, en referencia a casos similares que también han afectado a inmuebles del parque público de vivienda.

En concreto, ha señalado que, desde 2021, el Gobierno autonómico ha presentado siete denuncias ante la Guardia Civil de Santoña por la ocupación de ocho viviendas en Argoños, con sentencia de derribo desde 2022, y tras la indemnización a sus propietarios. Pese a ello, ha asegurado que no ha sido posible desalojarlas, una situación que ha vuelto a atribuir a la actual Ley de Vivienda.

Asimismo, ha lamentado que los juzgados han llegado a dar la razón a los okupas al considerar que no existía vocación de permanencia, “al tratarse ocupaciones rotatorias y sin estancia fija”, lo que ha impedido su desalojo.

El consejero ha añadido que también se han producido intentos de ocupación en viviendas públicas en Cerrias, en el municipio de Piélagos, que en este caso han podido ser evitados. No obstante, ha advertido de que estos episodios han obligado al Ejecutivo a contratar servicios de vigilancia y seguridad, con el consiguiente gasto para todos los cántabros.

Una situación que se ha repetido en las viviendas de sustitución en Arnuero, ya finalizadas, donde se ha tenido que recurrir a una empresa de seguridad, tras varios intentos de ocupación, que ha supuesto un coste de 250.000 euros de dinero público.

Ayuntamiento

El alcalde de Marina de Cudeyo, Pedro Pérez, aseguró que Carlos Gala, de la empresa pública Gesvican, me avisa el jueves, a las 20.41, sobre la posibilidad de que existan personas ocupando una vivienda de su propiedad en Orejo, prevista para sortear como alquiler social.

Inmediatamente, el regidor municipal llamó al subinspector de la Policía Local para informarle y personarnos en el lugar, al tiempo que contacto con responsables de la empresa pública Gesvican que se encontraban en las viviendas.

A las 21.15 el regidor municipal llegó a Orejo donde se encontraba el subinspector de la Policía Local quien me comenta que ha avisado a la Guardia Civil, de tal forma que acudieron también al lugar.

“Tanto el subinspector de la Policía Local como los guardias civiles comentan que ya es inviable hacerles abandonar la vivienda porque eso sólo es factible en caso de inmediatez entre la acción “okupa” y la policial”, comentó Pedro Pérez.

Por tanto, lo que procede es que Gesvican denuncie en el cuartel de la Guardia Civil el hecho, al tiempo que los agentes llaman a la puerta y piden la identificación a las personas que están en su interior, dos mujeres y una niña de cinco años, quienes muestran su Documento Nacional de Identidad.

Posteriormente, el alcalde declara que un vecino me dice que han llegado el lunes a la vivienda.

“Todos estos datos los conoce el consejero de mi boca por sendas conversaciones la noche del jueves y la mañana del viernes. Entiendo que también los debe conocer por Gesvican ya que, como he relatado antes, había presente una persona de la empresa. Sin embargo, ha preferido omitirlos para que su construcción mental, cegada por el sectarismo, no se vea alterada, aprovechando para acusarme de inacción y calificar mi comportamiento como decepcionante”, remarcó el alcalde.

Para el máximo responsable municipal, el consejero de Vivienda, Roberto Media (PP), ha faltado a la verdad despreciando las relaciones institucionales, algo que siempre procuro cuidar por responsabilidad y porque soy un firme creyente de las instituciones democráticas, también absoluto creyente en la Guardia Civil y de su impecable labor y un fiel creyente en este gran país que es España.

“Me queda claro que Roberto Media no comparte mi credo”, matizó.