Santander no subirá los impuestos en 2026 y mantendrá las bonificaciones, exenciones y gratuidades

El Ayuntamiento de Santander no subirá los impuestos municipales el próximo año y mantendrá una línea de bonificaciones, exenciones y gratuidades fiscales que, en su conjunto, supondrán un ahorro de 12 millones de euros para los vecinos.

El IPC tampoco se aplicará, excepto en la actualización del servicio de agua y alcantarillado, que, por obligación del contrato, debe adaptarse al índice de inflación marcado por el Gobierno de España, que en este caso se sitúa en el 2,7 por ciento.

“No subimos nada, sólo actualizamos el índice de Precios al Consumo (IPC) en el agua y en el alcantarillado, bonificamos y seguimos apostando por que el dinero se quede en el bolsillo de los santanderinos”, ha resumido la alcaldesa Gema Igual (PP).

La regidora ha explicado que la Junta de Gobierno Local ha aprobado la propuesta de ordenanzas fiscales para 2026, de forma que se mantienen las medidas fiscales “proteccionistas” que el equipo de gobierno ha adoptado desde el año 2013.

Igual ha enmarcado esta política fiscal del Ayuntamiento de Santander en un contexto generalizado de aumento de precios, “con una inflación acumulada del 22 por ciento desde 2018, una subida exagerada del precio de la vivienda o un incremento del 38 por ciento en la cesta de la compra desde 2018”.

Ante esta situación, y ante la progresiva pérdida de poder adquisitivo y la creciente presión fiscal derivada de las 94 subidas de impuestos aplicadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, Igual ha puesto de relieve que el Ayuntamiento de Santander “debe proteger a los santanderinos”.

En el mismo sentido, se ha referido a la entrada en vigor el nuevo año de la nueva tasa por el servicio de gestión de residuos, que, como ha recordado Igual, los ayuntamientos deben aplicar obligados por la ley impuesta por el Gobierno central.

“Por eso, la frase coloquial que enviamos a los santanderinos es: bastante tenéis con este Gobierno de España, por lo que este Ayuntamiento va a intentar ser autónomo y va a propiciar que el dinero se quede en vuestro bolsillo”, ha apuntado Igual.

De esta manera, y de acuerdo a lo que representan estas ordenanzas fiscales, Igual ha cuantificado en 2,6 millones la cantidad que el Ayuntamiento deja de ingresar al no actualizar el IPC en los tributos municipales, lo que, unido a los 9,4 millones que suponen la aplicación de las bonificaciones y exenciones, suman un total de 12 millones de euros que los santanderinos se ahorrarán en impuestos el próximo año.

La alcaldesa también ha criticado los perjuicios que supone para la organización económica de los ayuntamientos la no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, y ha sostenido que “sólo el colchón que tiene el Ayuntamiento de Santander, debido a su solvencia económica, nos permite continuar con esta política de congelación de impuestos”.

Impuestos en el mínimo legal

Por otra parte, la alcaldesa también ha recordado que, en el caso del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), en los últimos años se ha producido en Santander un importante descenso en el tipo impositivo, que es la parte sobre la que puede actuar el Ayuntamiento, ya que el valor catastral viene determinado por el Estado.

En este sentido, ha recordado que el Ayuntamiento aplica un 0,40 por ciento, lo que representa el mínimo que permite la Ley Reguladora de Haciendas Locales, es el mínimo histórico en Santander y la sitúa como la capital de provincia con el tipo impositivo más bajo de España.

En términos similares se ha referido sobre el impuesto de plusvalía, en el que Santander tiene el segundo tipo más bajo de toda España, sólo por detrás de Bilbao.

“Es decir, los dos impuestos que generan más economía a este Ayuntamiento, ya que entre los dos suman cerca del 60 por ciento de los ingresos fiscales, son los que más baratos tenemos en comparación con otros ayuntamientos”.

En cuanto a las tasas de agua y alcantarillado, en las que, por obligación del contrato, sí debe aplicarse el IPC, la alcaldesa ha precisado que, para paliar este incremento, se mantienen los tramos y las bonificaciones para reducir las facturas a las familias santanderinas.

De esta forma, se aplicarán bonificaciones consistentes en las siguientes reducciones: 95 por ciento a los desempleados, a todas las familias con rentas inferiores a 1.5 el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) y a las familias numerosas y monoparentales con ingresos brutos inferiores a tres veces el Imprem. Del 50 por ciento a todas las familias con rentas entre el 1,5 y 2,5 Iprem y a las familias numerosas y monoparentales sin límite de renta.

En el detalle de lo que supone esta subida para los santanderinos, Igual ha recordado que, en la ordenanza municipal de Santander, existen dos tipos de tarifas, doméstica y no doméstica, y dentro de cada una se factura por bloques, de manera que se paga por lo que se consume, y, además, paga más el que más consume.

Así, según un cálculo estimativo, para una casa donde vivan dos personas, con un consumo trimestral de 21 metros cúbicos, la subida será de aproximadamente 0,31 euros al mes, mientras que para una unidad familiar de tres o cuatro personas, con un consumo trimestral de 28 metros cúbicos, el incremento será de 0,34 euros. Estas reducciones beneficiarán a 3.491 contribuyentes, con un ahorro aproximado de 330.000 euros.

En el caso de un bar medio, el aumento se situará en torno a los 0,47 euros al mes y para una cafetería grande, la subida supondrá 4,72 euros mensuales.

Tramitación

Tras su aprobación en la Junta de Gobierno Local, las ordenanzas fiscales se someterán al dictamen de la Comisión de Economía y se llevarán al Pleno para su aprobación inicial.

Después de la aprobación en el pleno, continuaría la tramitación habitual, de forma que se someterán a exposición pública durante 30 días hábiles y, si transcurrido ese plazo no hubiera alegaciones, quedarían aprobadas definitivamente de manera automática.

En caso de presentarse alegaciones, deberán ser examinadas y resueltas antes de llevar de nuevo las ordenanzas al Pleno para su aprobación definitiva, de cara a su entrada en vigor el día 1 de enero de 2026.

PSOE

El PSOE de Santander ha denunciado hoy que el Partido Popular pretende engañar a los vecinos al anunciar una supuesta congelación de tasas e impuestos municipales, cuando en realidad lo que más afecta a la economía de las familias se encarece: la factura del agua, el alcantarillado y el nuevo cobro por la recogida de basuras.

El secretario General y portavoz del PSOE en Santander, Daniel Fernández, ha acusado a la alcaldesa Gema Igual de “mentir deliberadamente a la ciudadanía con titulares falsos”.

“El PP repite cada año el mismo engaño, hablando de congelación fiscal mientras prepara subidas en los recibos básicos de cada hogar. La realidad es que las familias van a pagar más por servicios esenciales como el agua, el alcantarillado y la basura”, ha afirmado.

Fernández ha recordado que en los últimos años las subidas en el agua y el alcantarillado han sido “muy significativas, con un incremento acumulado del 13,1 por ciento en dos años (10,8 por ciento en 2023 y 2,3 por ciento en 2024), y ahora anuncian otra subida para 2026 del 2,7 por ciento”.

“Las cifras no engañan. Cuando llegue la carta de pago, cada vecino verá en su recibo que la alcaldesa miente”, ha insistido.

El portavoz socialista ha advertido de que, a esta subida, se añade la nueva tasa de basuras que entrará en vigor en 2026, con un coste estimado de hasta 48 euros anuales más por hogar, “una nueva carga injusta para las familias santanderinas”.

“Se trata de un nuevo golpe al bolsillo de la gente, mientras la ciudad está cada día más sucia y con más ratas. Los vecinos pagan más, pero reciben menos”, ha denunciado.

En este sentido, Fernández ha subrayado que “los santanderinos no piden milagros, piden unos servicios públicos que estén a la altura de lo que pagan”.

“No basta con cobrar más, lo mínimo es que Santander esté limpia, que se recojan los residuos con eficacia y que se controle la presencia de plagas”, ha señalado.

Además, ha criticado que Gema Igual anunciara los cambios fiscales en los medios antes de presentarlos en el Pleno:

“Santander no se gobierna desde los micrófonos ni con titulares. Anunciar primero a la prensa lo que debe debatirse en la Corporación es una falta de respeto democrático gravísima y confirma que el PP gobierna de espaldas a la ciudad”.

Finalmente, el secretario General del PSOE Santander ha dejado clara la posición del Grupo Municipal: “nos opondremos frontalmente a cualquier subida del recibo del agua y exigiremos que la tasa de basuras se implante con criterios sociales y progresivos, porque no puede pagar lo mismo quien apenas llega a fin de mes que quien más tiene. El PP engaña a los santanderinos: dicen una cosa en los titulares, hacen la contraria en los recibos, y al final siempre pagan los mismos, las familias de Santander”.

IU

En vísperas de la Comisión en la que se aprobarán las modificaciones de las Ordenanzas Fiscales del agua y del alcantarillado para 2026, Izquierda Unida (IU) de Santander ha mostrado su rechazo a la propuesta del equipo de Gobierno del PP de incrementar un 2,7 por ciento ambas tasas, advirtiendo que estas medidas “blindarán de nuevo los beneficios privados de Aqualia a costa de un bien público esencial”.

El concejal de la formación, Keruin Martínez, ha señalado que “el Ayuntamiento habla de equilibrio económico-financiero, pero ese equilibrio siempre se traduce en beneficios para la empresa y en subidas para la ciudadanía. Mientras Aqualia multiplica beneficios, los vecinos reciben cada año facturas más altas, tanto en el agua como en el alcantarillado”.

Martínez ha recordado que en 2021 el propio Ayuntamiento aprobó una minoración de 5,55 millones de euros al constatarse que la concesionaria había obtenido beneficios extraordinarios, pero, “a día de hoy, no hay transparencia sobre cómo se está aplicando esa minoración ni si ha tenido impacto real en los recibos del agua y el saneamiento”.

“Los vecinos han visto cómo se anunciaba a bombo y platillo la corrección de los excesos de la empresa, pero en la práctica se enfrentan ahora a una doble subida. Es la muestra de que este modelo está diseñado para proteger el beneficio privado de grandes empresas, nunca el bolsillo de la ciudadanía”, ha añadido el edil.

De igual modo, Martínez ha recordado que existe un procedimiento judicial abierto a raíz de la denuncia de más de veinte asociaciones vecinales de Santander, que han recurrido ante los tribunales la sistemática subida de las tarifas y los beneficios millonarios de una empresa privada. “Si los vecinos han tenido que acudir a los jueces, es porque el PP no ha hecho su trabajo: defender el interés público frente a la concesionaria”, ha denunciado.

El edil ha subrayado además la contradicción del PP, que proclama públicamente que “baja impuestos” mientras aprueba subidas en servicios básicos como el agua y el alcantarillado cada año. “Es una incoherencia total: presumen de rebajar algunos tributos, pero mantienen como prioridad garantizar el beneficio de una empresa privada y cargan sobre las familias el coste real de servicios esenciales, muchos de los cuales son además muy mejorables”, ha afirmado.

Martínez ha insistido en que los beneficios extraordinarios deberían reinvertirse en el propio servicio. “Lo lógico sería mejorar la red de alcantarillado, que sufre averías recurrentes, como vemos con las inundaciones, en lugar de repartir dividendos a una concesionaria privada. Sin embargo, la realidad es que se prioriza la cuenta de resultados de una empresa privada, socializando las pérdidas y privatizando las ganancias. Eso no es equilibrio, es injusticia”, ha subrayado.

Además, el edil ha recordado que el Tribunal de Cuentas ha advertido repetidamente, la última este mismo año, de que una tasa no puede ser recaudada por una empresa privada. “Pese a ello, el PP de Santander sigue agarrándose a un clavo ardiendo para aplicar este sistema con la excusa de que se trata de un contrato antiguo, rubricado antes de la presente ley que obliga a que las tasas sean solo recaudadas por las administraciones públicas”.

Por ello, el edil pedirá en la Comisión que se detenga la subida de tarifas hasta que se aclare cómo se está desarrollando la minoración de los 5,55 millones de beneficios extraordinarios, se revele los ingresos reales de la empresa, el nivel de inversiones efectuadas y las obligaciones de mantenimiento de la red. “La ciudadanía tiene derecho a saber cuánto cuesta realmente el ciclo integral del agua y cuánto gana la concesionaria cada año”, ha defendido Martínez.

Por ello, Martínez considera que la concesionaria debería someterse a una auditoría pública independiente sobre la concesión que revele los ingresos reales de la empresa, el nivel de inversiones efectuadas y las obligaciones de mantenimiento de la red, muchas veces cuestionadas por las averías recurrentes.

Finalmente, Izquierda Unida considera imprescindible que el Ayuntamiento comience de inmediato a preparar la remunicipalización del servicio en 2031.

“El agua y el alcantarillado no pueden seguir siendo un negocio privado con rentabilidad garantizada. IU estará del lado de la ciudadanía y de las asociaciones vecinales que ya han llevado este abuso a los tribunales para recuperar un bien que nunca debió privatizarse”, ha concluido el concejal, “tenemos buenos ejemplos de éxito en la remunicipalización, como el caso de Valladolid, donde en cinco años no sólo no ha subido la tarifa, sino que con los beneficios se ha ido mejorando y actualizando la red”.