martes. 23.04.2024
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El PSOE exige dimisiones en el PP por la condena a pagar al Consistorio tres millones en Parques y Jardines

El portavoz del Grupo municipal  del PRC, Felipe Piña, considera “demoledora” la sentencia

Parque de Santander.
Parque de Santander.
El PSOE exige dimisiones en el PP por la condena a pagar al Consistorio tres millones en Parques y Jardines

El portavoz del Grupo Socialista, Daniel Fernández, ha exigido dimisiones en el equipo de Gobierno del PP tras la última sentencia de Parques y Jardines que condena al Ayuntamiento a pagar casi tres millones de euros, sumados los intereses de demora, por la “gestión negligente” y la “cadena de errores políticos” en el contrato.

Fernández ha valorado la sentencia como “un palo tremendo” para Santander y una “hipoteca” de tres millones de euros, una cifra comparable a las partidas del servicio de asistencia a domicilio de personas mayores, las medidas de gratuidad del TUS o la renovación de los Campos de Sport.

Es muchísimo dinero que vamos a pagar los santanderinos de nuestro bolsillo por la gestión nefasta, prepotente y negligente del Partido Popular”, ha denunciado, motivo por lo que el PSOE exige “que se depuren responsabilidades políticas al más alto nivel” porque “a esta situación se llega por la cadena de errores políticos del PP en el contrato de Parques y Jardines”.

Así, recuerda que “jamás habríamos llegado a esta situación si el PP no se hubiera empeñado desde 2018 en adjudicar un concurso, que era desastroso del que terminaron desistiendo”.

De esta manera, explica que la última sentencia es por descuentos “injustificados” en las facturas una vez caducó el anterior contrato y por una judicialización “inexplicable” sobre la que el PSOE advirtió en el Pleno y en trámites presupuestarios “en múltiples ocasiones”. “A esta situación se llega por la mala gestión del PP, única y exclusivamente”, ha reiterado.

Exigimos dimisiones en el equipo de Gobierno con la legitimidad además de que se lo advertimos al PP, y muchas veces”, ha subrayado Fernández, que trasladó personalmente las advertencias como portavoz del Grupo Socialista durante la anterior legislatura.

Lo advertimos en el Pleno, cada vez que debatimos las facturas en el cajón por el contrato caducado de Parques y Jardines, y lo hicimos en la última enmienda a la totalidad del Presupuesto de 2022”, ha detallado.

“Por lo tanto”, concluye Fernández, “tiene que haber dimisiones en el seno del equipo de Gobierno, porque no puede ser que los únicos que paguen el desastre de gobierno del PP sean los santanderinos”.

PRC

El portavoz municipal del PRC en el Ayuntamiento de Santander, Felipe Piña, ha considerado “demoledora” la nueva condena al Consistorio, que costará tres millones de euros a los santanderinos, “contando con los intereses”. “Ya lo avisamos en la campaña y ahora hemos visto el resultado”, ha precisado Piña.

“Los santanderinos vamos a tener que aportar tres millones de euros de nuestros bolsillos para que el Ayuntamiento pueda solucionar sus problemas con las empresas que han realizado los servicios de parques y jardines”, ha precisado tras conocer la sentencia que condena a devolver esta cuantía a la anterior concesionaria del servicio en la ciudad.

Para el regionalista, los problemas judiciales del Ayuntamiento parecen un “suma y sigue que parece no tener fin” y que demuestran la “incapacidad” del equipo de Gobierno del Partido Popular para conseguir que los santanderinos disfruten de unos servicios municipales “dignos”.

PP

 

El Ayuntamiento de Santander ha aclarado que la sentencia conocida ayer del juzgado de lo Contencioso número 2 sobre la anterior adjudicataria del servicio de Parques y Jardines, la UTE Jardines Santander, conmina a devolver las cantidades retenidas que se aplicaron a las facturas de los años 2019 a 2021 en base al informe de control financiero de Intervención.

De esta forma, el Consistorio ha precisado que el auto, que no es firme, obliga a devolver esas retenciones que se aplicaron por responsabilidad, fruto de informes del servicio económico municipal que evidenciaban que no se estaba llevando a cabo el cumplimiento estricto del servicio.

El Ayuntamiento debe velar por los intereses económicos de todos los santanderinos y si existe un informe de control financiero con datos objetivos detectados por Intervención tiene la obligación de actuar, ya que se trata de una decisión justificada en un expediente y nunca atendiendo a criterios caprichosos o arbitrarios.

Desde el Consistorio santanderino se mantiene la firmeza en la exigencia del cumplimiento de los contratos que las empresas mantienen con la Administración local para la prestación de los diferentes servicios. Por eso se adoptarán todas aquellas medidas que, de acuerdo a lo que establezcan los diferentes departamentos técnicos municipales, haya que poner en práctica para asegurar la prestación con las máximas garantías y estándares de calidad de los servicios públicos en la ciudad.

Los servicios jurídicos municipales van a analizar exhaustivamente la sentencia, lo que permitirá que en los próximos días el equipo de gobierno realice la pertinente valoración.

No obstante, el Ayuntamiento ha lamentado la postura destructiva de la oposición, que únicamente se limita a criticar toda la gestión municipal sin aportar alternativas, cuando precisamente esta sentencia constata que se ha ejercido con rigor esa tarea de controlar el cumplimiento de los contratos firmados por el Consistorio con empresas externas.

Según el Ayuntamiento, la oposición parece desconocer que existen unos sistemas muy rigurosos del control del gasto municipal y, ante la mínima duda de que un servicio no cumpla con sus obligaciones contractuales y siempre que existan informes técnicos que lo justifiquen adecuadamente, se debe actuar. Según el equipo de gobierno, la oposición quiere otra vez y como ya están acostumbrados, que se adopten acuerdos en contra de lo indicado por los servicios de fiscalización.

La intención del Consistorio ha sido ahorrar a los santanderinos casi 2,3 millones de euros en las deducciones de las facturas, aunque, si el juzgado considera que no eran correctas, se procederá a su devolución tras el análisis de la sentencia por parte de los servicios jurídicos y en el caso de que no se considere recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.