El Ayuntamiento de Santander reduce su deuda en un 52 por ciento en lo que va de legislatura
La alcaldesa Gema Igual (PP) informa al sector empresarial sobre las bonificaciones en la tasa de gestión de residuos
El Ayuntamiento de Santander ha reducido su deuda viva en 27 millones de euros, un 52 por ciento, en lo que va de legislatura, al pasar de esta cantidad en diciembre de 2022 a 25 millones en el mismo mes de 2025.
El concejal de Economía, Javier García Ruiz, ha puesto de manifiesto que, gracias a la gestión responsable y rigurosa de los recursos públicos, se han podido liberar 2,8 millones de euros en estos tres años destinados tanto a inversiones municipales como a mejoras de servicios.
Del mismo modo, ha apuntado que la evolución de la deuda del Ayuntamiento en lo que va de legislatura supone una disminución de 160 euros por habitante.
Con ello, ha subrayado el concejal, “el equipo de Gobierno del PP cumple con el programa electoral, y presenta un resultado que supone un ejemplo de gestión eficiente y visión de futuro”.
“Santander es en la actualidad sinónimo de estabilidad y capacidad inversora, rebajando su deuda a mínimos históricos”, ha resaltado García Ruiz, quien ha contrapuesto estas cifras con las que presenta el Gobierno de España.
En este sentido, ha precisado que, desde que Pedro Sánchez (PSOE) preside el Ejecutivo central, la deuda se incrementa en más de 220 millones al día, lo que supone un aumento de más de 9.000 euros por habitante.
“En siete años, la deuda del Gobierno de Sánchez ha subido sin control, España se endeuda a razón de 150.000 euros por minuto comprometiendo la estabilidad económica y condenando a las próximas generaciones a pagar la factura”, ha constatado el edil.
Frente a ello, Javier García Ruiz ha defendido “una política responsable como la que practica el Ayuntamiento de Santander, que permite invertir en la mejora del bienestar de los ciudadanos sin hipotecar su futuro ni vaciar sus bolsillos con subidas de impuestos”.
Bonificaciones
La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ha mantenido hoy en el Centro de Iniciativas Empresariales (CIE) un encuentro con representantes del sector empresarial para explicar las bonificaciones establecidas por el Ayuntamiento en la nueva tasa de gestión de residuos, en vigor desde el pasado día 1 de enero.
La regidora ha detallado el contenido de la ordenanza fiscal, y ha recordado que la nueva tasa de residuos responde al cumplimiento de la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que ha obligado a todos los ayuntamientos de España a implantar una tasa específica, diferenciada y no deficitaria que cubra el coste real del servicio municipal de recogida, transporte y tratamiento de residuos.
En este sentido, ha subrayado que Santander “cumple con una exigencia que afecta a todos los municipios, y trata de proteger a las familias y empresas santanderinas con una serie de bonificaciones”.
Igual ha explicado que, para determinar la cuota tributaria en inmuebles de uso catastral distinto al residencial, se fija una tarifa comercial en función de la actividad desarrollada en el inmueble y la superficie total del mismo.
A partir de ahí, la ordenanza recoge expresamente medidas destinadas a este tipo de inmuebles, orientadas a reconocer el esfuerzo de las actividades económicas que gestionan adecuadamente sus residuos y que adoptan medidas contrastables de mejora ambiental.
Para acceder a las bonificaciones, las solicitudes deben presentarse por medio de la sede electrónica, mediante una instancia general, hasta el día 31 de enero, con una declaración responsable indicando la reducción que se pide y adjuntando la documentación indicada en la ordenanza fiscal.
Una de las opciones es acogerse a la reducción de la cuota tributaria por la gestión total o parcial de residuos con gestor autorizado, regulada en el artículo 9 de la ordenanza.
Esta reducción se dirige a actividades económicas que acrediten que gestionan de forma privada, total o parcialmente, los residuos que generan, mediante contratos con gestores debidamente autorizados.
A efectos de tramitación, el solicitante debe indicar el alcance de esa gestión privada, diferenciando entre la gestión de la totalidad de los residuos, la fracción orgánica, la fracción orgánica junto con una fracción adicional, o bien una, dos o tres fracciones diferenciadas distintas de la orgánica.
La ordenanza vincula los porcentajes de reducción a estas opciones, de forma que contempla bonificaciones que van desde el 15 por ciento al 50 por ciento de la cuota en función de las modalidades de gestión de residuos que practiquen las empresas.
La segunda modalidad se refiere a la bonificación del 10 por ciento para empresas de distribución alimentaria y de restauración que cuenten con sistemas de reducción del desperdicio alimentario, regulada en el artículo 10 de la ordenanza.
Esta bonificación está pensada para aquellas empresas que tienen implantados sistemas de gestión que reduzcan de forma significativa y verificable los residuos alimentarios, en colaboración con entidades de economía social carentes de ánimo de lucro. La forma de acceso se concreta en una declaración responsable acompañada de la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ordenanza.
La tercera posibilidad de bonificación corresponde a las reducciones medioambientales de la cuota comercial para incentivar y fomentar la separación de residuos generados, previstas en el artículo 11 de la ordenanza.
En este caso, los establecimientos pueden solicitar una reducción máxima del 20 por ciento sobre la cuota tributaria por la aplicación de uno de los sistemas contemplados, como la participación en programas de recogida específica, la implantación de sistemas de devolución y retorno o la adopción de un sistema de gestión ambiental.
Notificaciones individualizadas
A partir del mes de mayo de 2026 se enviarán las notificaciones individualizadas con la información de la cuota y del periodo de pago, disponibles también en la sede electrónica y en la Oficina Virtual Tributaria.
La alcaldesa ha trasladado “el compromiso del Ayuntamiento para mantener una interlocución fluida con las asociaciones empresariales con el fin de resolver dudas y facilitar que la información llegue con precisión, especialmente en lo relativo a los tres trámites de uso no residencial y a la documentación requerida”.