viernes. 26.04.2024
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El STEC se opone a eliminar la Educación Infantil pública en Villacarriedo

El sindicato denuncia la voluntad de la Consejería de beneficiar al centro privado religioso de la localidad e insiste en la necesidad de construir aulas públicas

Municipio de Villacarriedo. R.A.
Municipio de Villacarriedo. R.A.
El STEC se opone a eliminar la Educación Infantil pública en Villacarriedo

El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Cantabria (STEC) se opone a la eliminación de la Educación Infantil en Villacariedo.

En su opinión, la Consejería de Educación pretende beneficiar al centro privado religioso de la localidad e insiste en la necesidad de construir dos aulas públicas.

El asunto de la escolarización de alumnado del primer y segundo ciclo de Educación Infantil de entre dos y cinco años en Villacarriedo es un problema que se viene arrastrando desde hace décadas, y que ninguna administración educativa ha querido abordar, reseñan.

Ya incluso desde antes de que Cantabria asumiese las competencias en materia educativa, primero la Dirección Provincial del Ministerio, y desde el año 1999 el departamento de Educación del Gobierno de Cantabria, han venido manteniendo escolarizados en una situación completamente irregular a los niños de esas edades”, sostienen.

En efecto, durante más de dos décadas la administración ha optado por matricular al alumnado de esta etapa en un colegio público (el CRA Río Pisueña) con sede en Santibáñez; pero los niños de Villacarriedo acuden a dos aulas de Educación Infantil ubicadas dentro de un colegio privado en esta localidad, que, además, están dotadas de personal docente (funcionario) provisto por la Consejería.

Durante este tiempo, el STEC ha denunciando que esta solución no era buena, porque por un lado genera problemas organizativos al colegio público y beneficia al colegio privado que hace una competencia desleal a la escuela pública, al fidelizar desde los dos años de edad a este alumnado. “Proporciona, de hecho, un aula de dos años gratuita a un centro privado de carácter religioso, cuando este nivel no está concertado con la red privada en Cantabria”, inciden.

Cuatro años

La Consejería de Educación de Marina Lombó (PRC) ha tenido, como las anteriores administraciones, cuatro años para solucionarlo, y ahora se lo plantea en el último curso de la legislatura. Durante una mesa técnica reciente y después de una serie de informaciones a las que ha tenido acceso el STEC, hemos podido saber que la Consejería de Educación piensa eliminar las dos aulas públicas de Infantil ubicadas dentro del colegio privado, concediendo a dicho colegio dos conciertos educativos para que escolarice al alumnado de esta etapa.

Desde el STEC muestran su rechazo frontal a una medida que privará a las familias de la posibilidad de escolarizar a sus hijos en un centro público de la localidad de Villacarriedo, puesto que tendrán que optar entre hacerlo en otro pueblo o enviarlos al centro privado al que ahora se le conciertan, con un coste superior a los 86.000 euros, dos aulas de Infantil. Desde un punto de vista puramente laboral, implicará la pérdida de tres puestos de trabajo públicos: dos maestras y una técnico superior de Educación Infantil.

Este sindicato considera que la situación de dos aulas públicas ubicadas dentro de un colegio privado es impresentable por lo que tiene de único e irregular en el conjunto de la red pública de Cantabria; pero que la solución que ahora se pretende dar no es admisible.

“La Consejería ha tenido tiempo de sobra para negociar una salida a este problema histórico, y pretende hacerlo ahora, sin negociación, con prisas, al final de la legislatura, perjudicando a la enseñanza pública y beneficiando a la privada. Es una tendencia que viene repitiendo la Consejería, la de beneficiar a la enseñanza concertada en detrimento de la pública, que atenta contra toda lógica educativa y social”, indicaron el STEC.

A su juicio, el Partido Regionalista, que asumió la Consejería de Educación hace cuatro años, tiene que explicar a la sociedad cántabra qué sentido tiene subvencionar con dinero público negocios educativos privados, en lugar de dotar correctamente la única red que depende directamente de ellos y garantiza la igualdad de oportunidades para todo el mundo: la Educación Pública.