El Gobierno de Cantabria (PP) cifra en más de 2.100 los peces muertos por el vertido de Purines en los ríos Pisueña y Llerana
La Consejería de Desarrollo Rural abrirá un expediente de infracción administrativa contra el infractor en base a la investigación y los datos aportados por el Seprona de la Guardia Civil
El Gobierno de Cantabria ha cifrado en más de 2.100 los peces muertos por el vertido de purines que se ha detectado el pasado viernes en el municipio de Saro y que ha afectado a los ríos Pisueña y Llerana, “quedando este último arrasado y completamente sin vida”.
En concreto, el vertido ha afectado a 6.000 metros de río, repartidos entre el río Pisueña, que se ha visto afectado en un tramo de 4.500 metros hasta el puente colgante de Ruda, en Santa María de Cayón, y el río Llerana, donde se ha detectado el origen del vertido, y que se ha visto afectado en un tramo de 1.500 metros.
Como resultado, los agentes del Medio Natural de la Consejería, han recogido 1.998 truchas y 49 anguilas muertas, más un número indeterminado de peces de menor valor, como piscardos, y alevines que no se pueden contabilizar. El vertido ha provocado que, el tramo del río Llerana afectado, haya quedado totalmente arrasado y sin vida, mientras que en el río Pisueña, al tener más anchura y más caudal de agua, el impacto ha sido menor, si bien habrá que valorarlo más detenidamente.
En base a la investigación y los datos aportado por el servicio del Servicio de Protección d ela Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, la Consejería de Desarrollo Rural abrirá un expediente de infracción administrativa contra el infractor, que podría suponer una infracción muy grave recogida en la Ley de Pesca de Cantabria, con multas que podrían ir de 3.000 a 60.000 euros, más la indemnización que podría superar los 300.000 euros.
En el caso de la Guardia Civil, este tipo de delitos ecológicos, están recogidos en los artículos 3.25 y 3.31 del Código Penal, por lo que, en caso de abrirse la causa penal, el procedimiento administrativo se paralizaría.
Una vez que la Consejería de Desarrollo Rural tenga los datos definitivos del caso aportados por la investigación de la Guardia Civil, y una vez iniciado el procedimiento judicial, el Gobierno de Cantabria valorará si se persona en la causa.
Los agentes del Medio Natural de la Consejería de Desarrollo Rural siguen trabajando en la zona para comprobar si el vertido ha afectado a más peces. Además, se han encargado de conservar algunos de los cadáveres encontrados por si fuera necesario utilizarlos como prueba en los procesos judiciales que se pudieran iniciar.
Tal y como ha explicado el director general de Montes y Biodiversidad del Gobierno de Cantabria, Ángel Serdio, “se trata de una afección bastante grave que va a tardar varios años en recuperarse, por lo que vamos a iniciar las labores de recuperación y regeneración de toda la vida acuática del tramo afectado, que es muy singular desde el punto de vista de los ríos de Cantabria, al ser un espacio protegido dentro de la Zona de Especial Conservación (ZEC) Pas-Pisueña”.
PSOE
El PSOE de Cantabria ha denunciado la falta de gestión del Gobierno de Cantabria en las Zonas de Especial Conservación (ZEC) como Pas Pisueña.
Así lo ha expresado el secretario de Transición Ecológica de la Comisión Ejecutiva Autonómica, Gonzalo Fernández Villegas, quien ha lamentado que “esa falta de control y protección” ha provocado el vertido de purines procedente de una explotación ganadera en el municipio de Saro.
“Estos vertidos no pueden pasar nunca en ningún río y deben intensificarse los controles que se llevan a cabo, pero es aún más grave y alarmante que se haga en una zona de especial conservación como son los ríos Pas y Pisueña, integrado dentro de la Red Natura 2000”, ha señalado el responsable socialista.
Fernández Villegas ha señalado que la actuación del Gobierno de Cantabria “no puede limitarse únicamente a reconocer que la zona afectada tardara años en recuperarse, en cifrar en 2.100 los peces muertos por el vertido y en abrir un expediente por infracción administrativa a la explotación ganadera que ha provocado los vertidos”.
Para el responsable de políticas de Transición Ecológica, “declarar un espacio como protegido y no dotarlo de vigilancia, inspección y control sobre las actividades que lo rodean convierte esa protección en papel mojado”.
“Lo ocurrido en el Pas-Pisueña demuestra que la figura de ZEC no ha impedido nada porque detrás de ella no hay ni presencia de agentes, ni inspecciones periódicas a explotaciones ganaderas e industrias, ni un sistema de alerta temprana capaz de evitar un desastre de esta magnitud”, ha denunciado.
Así, ha calificado al Gobierno de Cantabria “de un gobierno del PP no cree en la protección efectiva de la naturaleza. Un espacio protegido sin gestión activa no protege absolutamente nada”. Además, Fernández Villegas ha recordado que “no estamos ante un hecho aislado”.
“Desde el PSOE de Cantabria ya hemos exigido en reiteradas ocasiones al Gobierno del PP que apruebe los planes de gestión de los espacios naturales protegidos de la región. La inmensa mayoría de estos espacios carecen de un plan de gestión actualizado o no tienen ninguno, una situación que ya denunciamos en el caso de El Puntal, el bosque de Secuoyas de Cabezón de la Sal o el Parque Natural de Oyambre”, ha explicado.
Por ello, Fernández Villegas ha señalado que el PSOE registro una Proposición No de Ley para exigir que se cumpla la ley y se gestionen de una vez los espacios protegidos de Cantabria. “El PP sigue sin hacerlo, y las consecuencias de esa inacción ya no son hipotéticas, están en el fondo de un río sin vida”, ha enfatizado.
Finalmente, Gonzalo Fernández Villegas ha reiterado que “faltan explicaciones y responsabilidades y sobran excusas” en la gestión de los espacios naturales por parte del Partido Popular.
“Estamos ante un atentado medioambiental de extrema gravedad, con miles de animales muertos y un ecosistema fluvial protegido destruido durante años. Confiamos en que la investigación en curso se traduzca en la depuración de responsabilidades para quien haya provocado el vertido, sin que quede reducido a un simple expediente administrativo”, ha concludio.
PP
La diputada autonómica del Partido Popular, Belén Ceballos, ha aclarado a los socialistas cántabros que el control de los vertidos en los ríos es competencia del Gobierno de España, y ha lamentado “el profundo desconocimiento de las competencias en materia de control de vertidos que parece tener el responsable de Transición Ecológica de los socialistas cántabros”.
Según ha explicado Ceballos, la autorización, inspección y sanción de los vertidos al dominio público hidráulico corresponde en exclusiva a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica.
Por tanto, ha dicho, “si el PSOE considera que deben incrementarse las inspecciones, debe pedírselo a su delegado del Gobierno y secretario general, Pedro Casares, para que lo traslade al Ministerio competente, y no intentar responsabilizar al Gobierno de Cantabria de unas competencias que no le corresponden", ha dicho.
Para la diputada del PP, resulta "muy irresponsable" atribuir el vertido a una supuesta falta de control cuando la Guardia Civil investiga si se trata de un hecho intencionado o accidental, y ha recordado que fueron los Agentes del Medio Natural del Gobierno de Cantabria quienes detectaron esta situación y activaron de inmediato el protocolo de actuación.
Además, tal y como ha explicado el director General de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio, el Gobierno de Cantabria ha anunciado un programa de restauración ambiental del tramo afectado y trabaja para exigir todas las responsabilidades que correspondan.
La parlamentaria autonómica también ha querido desmentir a los socialistas cántabros y ha recordado que la Zona de Especial Conservación Pas-Pisueña cuenta con un Plan de Gestión aprobado desde abril de 2017, por lo que "es falso afirmar que este espacio protegido carezca de planificación". "Está claro que los socialistas cántabros no saben de lo que están hablando”.
“Es lamentable que el PSOE pretenda ahora dar lecciones, cuando durante cuatro de las seis últimas legislaturas, un total de 16 años, la gestión de medio ambiente ha estado en sus manos y no han hecho absolutamente nada”, ha concluido Belén Ceballos.