Unión Profesional denuncia ante la Inspección General de Servicios la falta de colegiación de personal de la Administración

Unión Profesional Cantabria, asociación que agrupa a 31 colegios profesionales en representación de más de 22.000 profesionales, ha presentado un escrito a la Inspección General de Servicios del Gobierno de Cantabria para poner en conocimiento “las irregularidades en materia de colegiación que se vienen detectando en la toma de posesión de los nuevos funcionarios y personal laboral, además de en la falta de exigencia del Gobierno de Cantabria a los funcionarios y trabajadores que prestan servicios de profesiones cuya colegiación es obligatoria”.

Desde Unión Profesional se busca que “se adopten las medidas necesarias para acomodarse a la legalidad” ya que, con independencia de las acciones judiciales de toda índole que se propone ejercitar, considera necesario que la Inspección conozca esta “situación ilegal” que se viene produciendo, para que en cumplimiento de sus funciones, “proceda a la exigencia de la colegiación a todos los departamentos en los que presten sus servicios funcionarios o personal cuya profesión obligue a la colegiación obligatoria”.

Unión Profesional viene reclamando “desde hace bastante tiempo” al Gobierno de Cantabria el cumplimiento de la exigencia legal de pedir a los funcionarios que realicen funciones propias de una profesión de colegiación obligatoria, la justificación de encontrarse inscritos en el Colegio Profesional que les corresponda”, explica el presidente de Unión Profesional, Andrés de Diego.

Sentencia

La sentencia 82/2018, de 16 de julio de 2018 de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, estimó la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Juzgado de lo Contencioso ­Administrativo número uno de Santander respecto a los párrafos segundo y tercero del artículo 17 .2 de la Ley 1 /2001, de 16 de marzo, de colegios profesionales de Cantabria, en la redacción dada por la Ley 5/2011, de 29 de diciembre, declarando la nulidad de dicho precepto legal autonómico que regulaba las obligaciones de colegiación de empleados públicos eximiéndoles de la exigencia de colegiación.

Desde la asociación profesional cántabra señalan que, “pese al tiempo transcurrido y a las innumerables gestiones realizadas por Unión Profesional, el Gobierno de Cantabria no ha adoptado las decisiones que corresponden para cumplir con el mandato constitucional y, en este sentido, ni ha exigido la colegiación a los funcionarios que están desempeñando funciones propias de una profesión de colegiación obligada, entre otros y en concreto la plaza afectada por la Sentencia del Tribunal Constitucional, ni ha exigido a los funcionarios y personal de nuevo ingreso el documento que acredite la colegiación.

Para UP Cantabria es una “situación de manifiesta ilegalidad, que incumple el contenido de una sentencia del Tribunal Constitucional y se mantiene pese a que, en las conversaciones mantenidas, se había asumido el compromiso de dar cumplimiento a dicha exigencia”.