sábado. 27.04.2024
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El Gobierno de Cantabria (PP) no recurre la multa de 37,2 millones a la empresa Sniace en el Tribunal Supremo

La compañía no entregó, posiblemente, 343.482 derechos de emisión en 2020 equivalentes a las de 2019

Empresa Sniace en Torrelavega.
Empresa Sniace en Torrelavega.
El Gobierno de Cantabria (PP) no recurre la multa de 37,2 millones a la empresa Sniace en el Tribunal Supremo

El Gobierno de Cantabria (PP) no ha recurrido la multa de 37,2 millones de euros impuesta a Sniace en el Tribunal Supremo por no entregar 343.482 derechos de emisión en 2020 equivalentes a las emisiones que realizó en 2019.

En enero el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) estimó parcialmente el recurso presentado por Sniace contra el acuerdo del Consejo de Gobierno de Cantabria que en julio de 2022 le impuso una sanción de 37,2 millones de euros por no entregar los citados derechos, anulando así la sanción pero manteniendo la decisión de la Administración de ordenar a la empresa la entrega de los mismos.

El Gobierno cántabro no ha recurrido ante el Supremo dicha sentencia, renunciando así a reclamar la multa de los 37,3 millones de euros a Sniace, han informado fuentes del Ejecutivo autonómico.

En su recurso, Sniace ponía de manifiesto que antes del 30 de abril de 2020 tenía obligación de entregar un número de derechos de emisión equivalente al dato de emisiones verificadas en 2019, pero en marzo de ese año la autoridad judicial acordó la liquidación de la empresa al no poder cumplir el convenio de acreedores de 2015.

A partir de entonces se suspendieron las facultades de administración y disposición de la empresa y esta "no tuvo capacidad para poder cometer una infracción", argumentaba la empresa.

Por su parte, la Administración respondió que la infracción no era por la no entrega de los derechos de emisión pues, a su juicio, "la obligación de entrega de los derechos nace en el momento de la emisión de los gases efecto invernadero".

La Sala señaló que no parecía que a Sniace se le pudiera "hacer reproche", ya que "los órganos sociales no podían tomar decisiones a la fecha en que se consuma la infracción, y los administradores concursales debían actuar conforme a la Ley Concursal y no se les podía exigir saltarse el orden de prelación del pago de las deudas".

Contra la sentencia sólo cabía interponer recurso de casación en el plazo de 30 días desde su notificación ante el Tribunal Supremo, única y exclusivamente en el caso de que concurra algún supuesto de interés casacional objetivo y con los requisitos legales establecidos, y el Gobierno regional ha decidido no recurrir.

PSOE

El secretario General del PSC-PSOE y portavoz parlamentario, Pablo Zuloaga, ha asegurado que “el PP desatiende los intereses de Cantabria continuamente, esta vez el Gobierno de Cantabria ha dejado pasar los plazos para reclamar, vía judicial, los más de 37 millones de euros de multa que adeudaba Sniace a la Comunidad Autónoma por la emisión de gases contaminantes en el año 2020”.

Así se ha manifestado Zuloaga, quien ha estado acompañado por el secretario general del PSOE de Torrelavega, José Luis Urraca y otros concejales socialistas en el Ayuntamiento de ese municipio.

El líder de los socialistas cántabros ha reiterado que es “intolerable que el Gobierno de la presidenta regional, María José Sañenz de Buruaga (PP), deje de lado los intereses de los cántabros y las cántabras, y en esta ocasión los de Torrelavega”.

A su juicio, “que Buruaga no recurra esta sentencia judicial es desatender los intereses de Cantabria”. Asimismo, ha afirmado que “somos conscientes de la situación que vive Sniace, y que ganar una sentencia no significaría cobrar esa sanción, pero desistir de recurrir es dejar de lado los intereses de Cantabria”.

Por ello, ha anunciado, “que los socialistas iniciamos un debate en el Parlamento de Cantabria, por medio de una Proposición No de Ley, para que el Gobierno regional se comprometa a trabajar y a defender los intereses de nuestra tierra en cada uno de los procesos judiciales, llevándolos a término, para que cada una de las sanciones que plantean las instituciones se conviertan en recursos públicos para financiar los servicios públicos de nuestra comunidad”.

La Proposición No de Ley

Tal y como se lee en el texto de la Proposición de Ley, los gases de efecto invernadero son una de las principales preocupaciones medioambientales y uno de los principales responsables del cambio climático del que empezamos a sufrir las consecuencias. Cualquier texto científico, con un mínimo de rigor, establece que son un problema tan grave como real.

Un problema que, para intentar encontrar una solución, al margen de los costosos y necesarios procesos de modernización y descabonización, supusiera un paliativo y una forma de desincentivar este tipo contaminación: se establecieron derechos de emisión; un derecho subjetivo de las empresas a emitir determinadas cantidades de dióxido de carbono, declaró.

En su opinión "estos derechos de emisión, cuantificables, suponían los máximos de producción de gases de efecto invernadero que podían producir las empresas. Unos derechos de emisión que podían llegar a venderse en caso de que la empresa produjera menos contaminación de la establecida, pero que se basaban en un principio lógico y sencillo: quien contamina paga".

"Esto es lo que ocurrió, en 2020, con la empresa Sniace en Torrelavega. Una empresa que no entregó la cuantificación de sus derechos de emisión de este año, que debían haber sido iguales a los del año 2019", aclaró.

Una situación que, como es lógico, derivó en una multa interpuesta por el Gobierno de Cantabria, por valor de 37,2 millones de euros a la que la empresa debería haber hecho frente.

Si bien es cierto que existe una estimación parcial, por parte de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, la vía judicial seguía abierta para el Gobierno a fin de que la empresa pagase la multa establecida. Una vía a la que ha renunciado al no interponer un recurso contra esta estimación parcial, renunciando así a cualquier cobro de dicha multa.

Una decisión, a su juicio, que no genera ningún tipo de beneficio a la Comunidad Autónoma de Cantabria sino, más bien, todo lo contrario: La renuncia a un ingreso público por unos derechos de contaminación que nos han afectado a todos.