Las viviendas de uso turístico tienen un nuevo decreto para su regulación con el fin de ordenar el sector

El Gobierno de Cantabria ha aprobado hoy, jueves, el nuevo decreto regulador de las viviendas de uso turístico en el ámbito de la Comunidad Autónoma, cuya finalidad es ordenar el sector y poner coto a los pisos y viviendas que pretendan ejercer este servicio de manera ilegal.  

El renovado reglamento aprobado por el Consejo de Gobierno se publicará mañana, viernes, en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) y entrará en vigor este sábado, 26 de julio.  Éste incorpora nuevos requisitos y condiciones con los que se busca regular el sector de “forma efectiva”, estableciendo una normativa de obligado cumplimiento que les equipare al resto de los modelos de alojamientos turísticos.

El nuevo decreto, que será de obligado cumplimiento tanto para las viviendas registradas como para las nuevas solicitudes, respeta la autonomía municipal en materia urbanística e incorpora, entre otras novedades, la exigencia de incluir en la declaración responsable para el inicio de actividad un certificado de compatibilidad urbanística, así como el certificado municipal de convivencia para aquellas viviendas de cesión compartida en las que el propietario reside en la vivienda alquilada. Otro de los requisitos previos corresponde a la obligatoriedad de presentar el permiso de la comunidad de propietarios para ejercicio de la actividad turística.

Además, en aras de la seguridad de inquilinos y vecinos de las comunidades de propietarios se exige como requisito de carácter esencial el contar en la vivienda con un detector de humo, un sistema de monitorización del ruido y un botiquín de primeros auxilios. Asimismo, se establece un horario de ocupación desde las 15 horas del primer día del periodo contratado hasta las 11.00 horas del día señalado como fecha de salida sin perjuicio de la posibilidad de que las partes acuerden otro distinto.

Así lo ha dado a conocer hoy en rueda de prensa el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad (PP), quien ha subrayado que se trata de un decreto "largamente trabajado con todos los agentes del sector y que contempla numerosas de sus aportaciones”.

“Este deseo de llegar al mayor consenso posible es el que ha motivado que los plazos para la aprobación definitiva del decreto se hayan alargado”, ha explicado el consejero. “Es cierto que a todos nos hubiese gustado tenerlo antes, pero ha sido mejor aprobar un buen decreto para todos, que haber aprobado uno menos completo y riguroso por haberlo tenido antes”.

Martínez Abad ha dado a conocer los contenidos de la norma acompañado de la directora general de Turismo y Hostelería, María Saiz, y de la subdirectora de Turismo, Elena Sedes, en un encuentro con los medios de comunicación, en el que también han estado presentes el presidente de la Federación de Municipios de Cantabria, Javier Camino, y el presidente de la Asociación de Turismo Rural, Jesús Blanco.

Para el consejero, se trata de “un buen decreto” y éste tiene que servir “para dejar de mirar al pasado y centrarse, a partir de ahora, en el futuro”. En este sentido, ha hecho hincapié en que en el mismo “se han incluido el mayor número posible de peticiones del sector y se ha tenido muy en cuenta las diferentes competencias que corresponden a cada administración”, ha afirmado

“Desde el Gobierno de Cantabria solo podemos establecer y controlar aquellos requisitos o condiciones necesarias para la prestación de un servicio turístico.”, ha señalado Martínez Abad, al destacar que el trabajo que hagan los Ayuntamientos “va a ser fundamental”, ya que es a éstos a los que, dentro de sus competencias urbanísticas, les corresponde atribuir los distintos usos del suelo.

“Sin certificado de compatibilidad urbanística, no habrá vivienda de uso turístico”, ha enfatizado el consejero. “No significa que vaya a haber 102 decretos distintos, significa que tenemos un buen decreto que establece un marco general de actuación y que respeta la autonomía municipal en materia urbanística”.

Martínez Abad ha profundizado en el reconocimiento que se hace en el artículo 4.2 del decreto a la competencia de los Ayuntamientos también para establecer limitaciones por razón de interés general.  “Se contempla la potestad de éstos para limitar el número máximo de viviendas de uso turístico por edificio, sector, áreas o zonas y cualquier otra medida que puedan tomar a través de sus instrumentos del planeamiento”, ha señalado, una competencia que cuenta con jurisprudencia y a la que hace mención en Consejo de Estado en el dictamen emitido sobre la norma cántabra.

Más requisitos

El nuevo Decreto por el que se regulan las viviendas de uso turístico consta de 11 artículos dispuestos en dos capítulos (Capítulo I ‘Disposiciones Generales y clasificación’ , artículos uno a tres, y Capítulo II  ‘Régimen jurídico, procedimiento de inicio, ejercicio de la actividad y régimen sancionador’, artículos cuatro a 11; una disposición transitoria; una derogatoria; dos disposiciones finales y cinco anexos.

Entre las novedades que se incorporan a la nueva norma reglamentaria destacan las ya mencionadas sobre informe de compatibilidad urbanística, permiso de la comunidad de propietarios y requisitos que velan por la seguridad como detector de humos y un sistema de monitorización del ruido, así como otras referentes al ámbito de definiciones y plazos.

Así, el artículo 2, que recoge una serie de definiciones, amplía el ámbito subjetivo del ejercicio de la actividad de vivienda de uso turístico a las personas jurídicas y a quienes ostenten un derecho de uso sobre la vivienda.

La disposición transitoria recoge la obligatoriedad de aplicación de la nueva norma tanto a las viviendas de uso turístico definitivamente inscritas como a las provisionales. El decreto exige que los titulares de las viviendas declaren que cumplen con los nuevos requisitos contemplados en la normativa aplicable, en tanto que la misma se ha adaptado a los tiempos actuales. 

De esta forma, el decreto establece un plazo de 8 meses para adaptarse a la norma en consideración a la necesidad del informe que los Ayuntamientos deberán emitir sobre la compatibilidad urbanística de la vivienda de uso turístico, así como la dotación de los sistemas de seguridad exigidos. 

Se tendrá en cuenta como excepción que la aprobación previa de la comunidad de propietarios no puede exigirse para aquellas declaraciones responsables o viviendas de uso turístico en funcionamiento previas al día 3 de abril de 2025, fecha de entrada en vigor de la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal que introdujo dicho requisito y que lo dotó de irretroactividad.

Actualmente, el número de viviendas de uso turístico registradas en la Dirección General de Turismo a día 30 de julio alcanza las 6.475, incluidas  las que están en proceso de comprobación.  

El Gobierno de Cantabria velará para que se cumplan todos los requisitos exigidos y será estricto. El titular de Turismo ha reiterado el compromiso de incrementar en cinco el número de inspectores que, apoyados por un técnico, se sumarán a los seis ya existentes en la Dirección General de Turismo. “Quienes sigan ejerciendo la actividad sin presentar la documentación serán cesados”, han asegurado los responsables turísticos, que han recordado que el decreto contempla multas de entre 15.000 y 75.000 euros.

El consejero ha adelantado, por último, que el próximo día 4 de agosto se reunirá con los alcaldes de Cantabria para presentarles el decreto y solventar las posibles dudas técnicas y administrativas.

Podemos

Podemos Cantabria ha expresado su total rechazo al decreto del Gobierno de Cantabria que regula la vivienda turística, indicando que este decreto se revela como una traición a los intereses de la ciudadanía, dado que no incluye las medidas necesarias para frenar el descontrol absoluto que impera en el crecimiento de las viviendas turísticas.

La formación morada ha dejado clara su indignación al afirmar que, aunque se hayan añadido algunos requisitos técnicos, el decreto es una verdadera farsa que no implementa mecanismos eficaces para proteger el acceso a la vivienda, poniendo en grave riesgo la convivencia vecinal y favoreciendo la competencia desleal frente a un al sector turístico regulado. Podemos denuncia que en una coyuntura donde los alquileres se han disparado y se ha creado una burbuja turística insostenible tanto en zonas urbanas como rurales, este decreto no se atreve a enfrentar los desafíos sociales derivados de la turistificación.

Durante el proceso de participación, Podemos Cantabria propuso una serie de medidas urgentes para controlar el crecimiento desmesurado de las viviendas turísticas. Estas incluían la creación de un mapa de zonas tensionadas, limitaciones en el número de viviendas en zonas con aumento de alquileres, la prohibición de que fondos de inversión y entidades jurídicas acumulen viviendas turísticas, y la regulación de edificios con alta concentración de alojamientos turísticos. La formación lamenta que “no solo no se ha tenido en cuenta ninguna de nuestras medidas, sino que se abre la puerta de par a los fondos buitre”.

Podemos considera que el texto aprobado impone cínicamente a los ayuntamientos la responsabilidad de controlar el uso turístico de las viviendas sin proporcionarles los recursos necesarios para cumplir con esta tarea. Esto para Podemos supone un ataque directo a muchos municipios que ya batallan con planeamientos obsoletos. Además, brilla por su ausencia un límite regional sobre el porcentaje de viviendas turísticas y unas directrices sociales claras que protejan a quienes buscan un alquiler residencial. Por otro lado, si bien se exige el visto bueno de la comunidad de vecinos en edificios de propiedad horizontal, esto “se convierte en una mera ilusión”, ya que no se garantiza un mecanismo eficaz que permita a los residentes oponerse a usos que alteren su calidad de vida.

“El Gobierno de Cantabria ha decidido priorizar un modelo turístico que beneficia a las plataformas digitales y a grandes propietarios, mientras que el ciudadano de a pie sufre un aumento desmesurado de precios. Las medidas que podrían haber tenido un impacto real y positivo han caído en saco roto”, ha declarado Pablo Gómez, responsable del área de defensa del territorio de Podemos Cantabria.

Desde Podemos Cantabria se reitera la urgencia de abordar este fenómeno con valentía y una visión a largo plazo, exigiendo la aprobación de medidas más ambiciosas que protejan el derecho a una vivienda asequible, garanticen la convivencia vecinal, eviten la competencia desleal al sector hotelero y frenen la acumulación de vivienda en manos de especuladores.

“No se puede regular un fenómeno tan complejo solamente desde una perspectiva administrativa. Lo que está en juego es el modelo de comunidad autónoma que queremos, el acceso a derechos básicos y la justicia social. Podemos Cantabria continuará su lucha para asegurar que la vivienda se reconozca como un derecho y no como un mero producto de inversión”, concluyó la formación política.