viernes. 19.04.2024
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El STEC reclama medidas a la Consejería de Educación para velar por la salud de sus trabajadores

Según una encuesta, más de la mitad del profesorado cántabro no se han hecho un reconocimiento médico en toda su vida laboral

Representantes del sindicato STEC.
Representantes del sindicato STEC.
El STEC reclama medidas a la Consejería de Educación para velar por la salud de sus trabajadores

El sindicato mayoritario de la Enseñanza Pública de Cantabria, STEC, reclama a la Consejería de educación velar por la salud de los trabajadores.

En una rueda de prensa han expuesto las conclusiones de una encuesta realizada durante los últimos días entre el profesorado de esta Comunidad, en la que más de la mitad del profesorado consultado, el 56 por ciento, ha afirmado no haber recibido siquiera la propuesta de la Administración para hacerse el debido reconocimiento médico, en toda su vida laboral como docentes.

Con más de dos centenares de trabajadores consultados, 45 por ciento funcionarios de carrera, 55 por ciento personal interino, la encuesta “refleja bien la realidad que el sindicato venía percibiendo en experiencia propia y las visitas informativas que realizamos por todos los centros del territorio”, explica Quino Fernández Torre.

En concreto, la media de años que han venido transcurriendo hasta que un docente de Cantabria ha recibido la notificación administrativa de que puede hacerse el reconocimiento médico, es de más de seis años.

Desde el STEC explican que esto incumple, de manera flagrante, la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, que en su artículo 22.1. establece que “el empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo”. Esta normativa, posteriormente se adapta a la Administración Pública en el Real Decreto 67/2010.

La Consejería de Educación tiene que ofertar, y así lo venía llevando a cabo de forma rotatoria por los distintos centros educativos, un reconocimiento médico de carácter voluntario a los trabajadores, pero cada vez se ha ido haciendo más infrecuente, hasta el punto de suspenderse totalmente. “Esta situación, de estar más de seis años para poder hacer un reconocimiento médico, es insostenible”, señala Quino.

En el último curso, la Administración ha retomado al menos las revisiones médicas a quienes obtienen plaza de funcionarios de carrera, pero son necesarias medidas para acelerar el ritmo, porque “con el actual tardaríamos 45 años más en atender a toda la plantilla”.

“Por otro lado, la salud laboral no se limita a cuidar las condiciones físicas del trabajador, sino que también debe ocuparse del estado psicológico, conocido como el riesgo psicosocial representado en estrés laboral y patologías de salud mental”, inciden.

A este respecto, el STEC entiende que son muchos los signos de alerta del deterioro de la salud mental que muestran diversos estudios e informes, de la población en general y del profesorado en particular, que se venían arrastrando en los últimos años y que se ha visto empeorada con la covid-19.

Factores como la inestabilidad en el caso de las personas interinas, las altas ratios en las aulas, el aumento de los problemas de salud mental del alumnado y la falta de recursos para dar respuesta a las mismas, son algunos de los factores. Es por ello que el sindicato ha solicitado en varias ocasiones un plan de prevención y actuación que comience con un diagnóstico de la situación, que permita diseñar acciones dirigidas a reducir la prevalencia de problemas de salud mental para toda la comunidad educativa.

Campaña

En este sentido, se han adherido a la campaña estatal de “bienestar educativo” a través de nuestra Confederación Intersindical, en el que está representada toda la comunidad educativa y que está a la espera de respuesta de la Ministra de Educación, Pilar Alegría.

En cuanto a la situación de las mujeres embarazadas, el STEC lleva varios años planteando la necesidad de realizar un estudio de riesgos durante el embarazo  para cada puesto de trabajo. Actualmente se valora caso a caso, lo que nos parece que genera más trabajo para el servicio de prevención de riesgos y más inseguridad para las mujeres embarazadas.

“Somos de las pocas profesiones que no cuentan con esta valoración y no entendemos cuáles son las resistencias de esta Consejería para determinar en qué puesto y en qué semana existe riesgo para el embarazo, independientemente de la valoración de cada caso que se realice por parte del servicio de prevención de riesgos”, señalan.

La Ley Estatal de Prevención de Riesgos Laborales y la normativa europea, establecen la necesidad de un plan estratégico en las empresas, para determinar la naturaleza, el grado y la duración de la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente a la exposición a condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en su salud y la del feto, algo que en nuestra empresa no existe a pesar de las reiteradas peticiones que hemos venido realizando.

Para realizar este plan, el Ministerio realiza una guía de ayuda, en el que se detallan claramente las situaciones de riesgo para las docentes, riesgos que se pueden determinar en cada puesto laboral, ya que no es lo mismo trabajar como maestra de Educación Especial, Educación Física, Agraria o Laboratorio, que en un aula ordinaria.

Por ello, exigen que se cumpla con la normativa, se realice el plan estratégico y se detalle en qué semana existe riesgo para cada puesto de trabajo de esta Consejería.