El juicio por, presuntamente, intentar agredir sexualmente a una menor de 10 años será el miércoles

El juicio contra un acusado por, presuntamente, intentar agredir sexualmente a una menor de 10 años tendrá lugar el miércoles, día 29 de marzo, a las 9.30 horas, en la Audiencia Provincial de Cantabria.

Según el escrito del Ministerio Fiscal, el acusado, con antecedentes penales y numerosas sentencias por delitos sexuales, aprovechó que una niña de 10 años entraba en el portal de su vivienda para acceder tras ella.

Una vez dentro, “con la finalidad de tener acceso sexual con la menor, la abordó y la dijo que entrara en el ascensor”.

“Al negarse esta, la sujetó fuertemente por la muñeca, lo que hizo que ella empezara a chillar, tapándole el acusado la boca con la mano”, continúa el escrito.

Entonces, la niña, para zafarse “le propinó un golpe en la cabeza con una sartén que acababa de comprar, ante lo que él la sujetó fuertemente por la coleta y la propinó un puñetazo en la nariz y boca, tras lo que salió huyendo del lugar sin conseguir su propósito”.

Los hechos narrados, acaecidos en junio de 2020, constituyen, a juicio de la Fiscalía, un delito de agresión sexual en grado de tentativa y otro leve de lesiones, con la concurrencia de la circunstancia agravante de la responsabilidad penal de reincidencia.

La pena solicitada por el Ministerio Público es de cuatro años de prisión, 360 euros de multa, prohibición de comunicar y acercarse a la menor durante diez años, libertad vigilada tras la puesta en libertad de siete años e inhabilitación para cualquier profesión u oficio que conlleve el contacto con menores durante nueve años.

En concepto de responsabilidad civil, pide la fiscalía que sea condenado al pago de una indemnización a la menor de 3.150 euros por las lesiones y el daño moral causado.

Por su parte, la acusación particular que ejerce la familia de la menor eleva la petición de condena a seis años de prisión y 540 euros de multa, alejamiento y prohibición de comunicación con ella durante dieciséis años, libertad vigilada durante diez años e inhabilitación para profesión con menores durante once años.

La indemnización solicitada por la acusación particular es la misma que la pedida por el Ministerio Fiscal.

Además, el jueves, a las 9.30 horas, comenzará el juicio contra un acusado de cometer, presuntamente, varios delitos contra la libertad sexual sobre una joven de 19 años y varias menores de 16 años.

Según el escrito de conformidad presentado al tribunal y suscrito tanto por la Fiscalía como por la acusación particular y la defensa, en enero de 2022 el acusado aprovechó que una joven buscaba algo por el suelo en las cercanías de la estación de Ferrocarril de Vía Estrecha (FEVE) en Bezana para agarrarla por el brazo y desplazarla contra una pared de un taller abandonado donde “le bajó los pantalones para efectuarle tocamientos en sus partes genitales”.

Días después, cuando una pandilla de adolescentes se encontraba en una plaza de la misma localidad, se acercó a ellos y tras entablar conversación con alguno de los integrantes del grupo, se dirigió a una menor, a la que dio un beso en la frente contra su voluntad; acto seguido repitió la conducta con otra menor, a la que besó en la mejilla, a pesar de la insistencia de ella de que la dejara en paz.

Meses después, cuando una menor se encontraba en un parque de la misma población, se aproximó a ella y la intentó besar en la boca, sin conseguirlo, rozando con sus labios la frente de la chica, que en todo momento manifestó su oposición.

El acusado presentaba en todas las acciones “un notorio estado de embriaguez, padeciendo una adicción a sustancias alcohólicas y tóxicas, así como un trastorno adaptativo ansioso-depresivo”.

Según el escrito de conformidad, ha consignado 5.450 euros para el pago de indemnizaciones en favor de las víctimas.

Los hechos constituyen, según todas las partes, cuatro delitos contra la libertad sexual, uno de agresión y tres de abuso, con la concurrencia de las circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de trastorno mental, adicción alcohólica y reparación del daño.

La pena solicitada para el delito de agresión sexual asciende a 11 meses y 29 días de prisión, prohibición de acudir a la población de Bezana y acercarse o comunicar con la joven durante dos años, e inhabilitación para profesión u oficio que conlleve contacto con menores durante cuatro años.

Por otro lado, para cada uno de los delitos de abuso, la pena pedida es de seis meses de prisión, prohibición de acudir a la misma localidad y acercase o comunicar con las víctimas durante un año y medio, e inhabilitación para el desempeño de profesión u oficio con menores por un plazo de tres años y medio.

Además, en el escrito de conformidad figura la necesidad de que el acusado se someta a tratamiento médico ambulatorio para el control de sus adicciones y de que realice un curso de reeducación sexual.

En concepto de responsabilidad civil, el escrito pide que de la cantidad consignada judicialmente se entreguen 5.000 euros a la joven de 19 años y 150 euros a cada una de las menores a las que besó o trató de besar.

Tercer juicio

El tercer juicio será el viernes, día 31 de marzo, a las 10.00 horas, contra un acusado por, presuntamente, abusar sexualmente de la hija de un amigo, de 13 años de edad.

Según el escrito de la Fiscalía, el acusado se encontraba en el domicilio de un amigo. En la madrugada, “con ánimo libidinoso” y mientras la hija de su amigo se encontraba durmiendo, “se tumbó a su lado y le metió la mano por el interior del pantalón del pijama a la altura de la zona vaginal, con intención de meterla dentro de las bragas de la niña”.

En ese momento, esta “se giró a un lado”, por lo que el acusado “sacó la mano y le preguntó si podía abrazarla un rato, hecho que no tuvo lugar porque ella se levantó de la cama y se metió en el baño”.

El Ministerio Público considera estos hechos, acaecidos en noviembre de 2020, un delito de abuso sexual a menor con la concurrencia de la circunstancia agravante de la responsabilidad penal de abuso de confianza.

La pena solicitada por la Fiscalía asciende a cinco años de prisión, prohibición de comunicar o acercarse a la menor durante seis años y libertad vigilada tras la puesta en libertad de cinco años.