miércoles. 24.04.2024
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Juicio contra un administrador por, presuntamente, manipular el cuentakilómetros de un vehículo para su venta

La Fiscalía asegura que el coche tenía 180.700 kilómetros, lo paso a 79.200 y lo vendió por 29.000 euros

Juzgados de Santander. R.A.
Juzgados de Santander. R.A.
Juicio contra un administrador por, presuntamente, manipular el cuentakilómetros de un vehículo para su venta

La Audiencia Provincial juzgará el jueves, día 30 de junio, a las 11.00 horas, al administrador por, presuntamente, manipular el cuentakilómetros de un vehículo para su venta.

Según la Fiscalía, el acusado “obrando con la finalidad de obtener ilícitamente un beneficio económico, procedió a manipular el cuentakilómetros del vehículo de segunda mano, cuyo kilometraje real era de 180.746 kilómetros, haciendo figurar tan solo 79.270 kilómetros, para ponerlo a la venta”.

 Así, “fruto del ardid ideado por el acusado para que el vehículo aparentase un estado y condiciones mejores de las que realmente tenía”, una clienta adquirió el mismo por un precio de 29.000 euros, “cuando no lo hubiera hecho de conocer el kilometraje verdadero”.

Añade la acusación particular en su escrito que “poco después de adquirirlo el vehículo comenzó a sufrir problemas, debiendo ser reparado en reiteradas ocasiones”, hasta que en uno de los talleres donde fue reparado informaron a la dueña de que el coche tenía más kilómetros que los que marcaba.

Libro mantenimiento

Solicitada una copia del libro de mantenimiento del vehículo al servicio oficial de la marca del vehículo”, continúa el escrito de la acusación particular, se comprobó que un año antes de la fecha en que se realizó esta petición el coche ya tenía 180.146 kilómetros.

A juicio de la Fiscalía, los hechos constituyen un delito de estafa, merecedor de una pena de dos años y tres meses de prisión, y una indemnización de 29.000 euros, más los gastos, intereses y comisiones del crédito que la compradora suscribió para adquirir el vehículo.

La acusación particular, por su parte, imputa el delito de estafa al acusado, a quien asumió el negocio en 2016 y a la propia empresa.

Para el primero pide tres años de prisión, inhabilitación para ejercer cualquier empleo en entidad bancaria, industria o comercio y multa de 90.000 euros. Para el segundo de los acusados, la acusación particular reclama dos años y medio de prisión e inhabilitación para empleo en entidad bancaria, industria y comercio. Y para la sociedad, solicita una multa de 116.000 euros.

 Además, en concepto de responsabilidad civil, pide que la compradora del vehículo sea indemnizada de manera conjunta y solidaria por todos ellos en 29.000 euros y también en la cantidad resultante de los daños y perjuicios que comprenden las facturas de reparación del vehículo, los intereses, comisiones, seguros y demás gastos de tramitación del préstamo concertado para abonar el vehículo.

También pide una indemnización para la mujer de 6.000 euros por los perjuicios morales que se le han producido.