El juicio contra el acusado de, presuntamente, ofrecer dinero por sexo a cuatro adolescentes tras contactar en Instagram será el miércoles
También se juzgará al acusado de abusar de su hija, de 13 años de edad, el jueves, a las 9.30 horas, en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria
El juicio contra el acusado de, presuntamente, contactar con cuatro adolescentes por medio de la red social Instagram y proponerles sexo a cambio de dinero será el miércoles, a las 10.00 horas, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria.
Según la Fiscalía, el acusado, que padece una discapacidad intelectual que le afecta levemente, contactó por medio de una cuenta de Instagram con cuatro chicos, de entre 13 y 15 años de edad, a los que les propuso “en numerosísimas ocasiones” encontrarse para mantener relaciones sexuales.
“Con el fin de convencerles de que accediesen a sus reiteradas peticiones, les ofreció diversas cantidades de dinero, que sin embargo los menores no aceptaron”, añade el escrito.
Los hechos constituyen, según el Ministerio Público, cuatro delitos continuados de explotación sexual y corrupción de menores, con la concurrencia de la circunstancia atenuante de la responsabilidad penal de alteración mental.
La pena solicitada para cada delito es de cinco años de prisión, así como siete de alejamiento y prohibición de comunicar con los adolescentes, diez de libertad vigilada y veinte de inhabilitación para desempeño con menores.
Como indemnización, la Fiscalía pide que abone mil euros a cada uno de ellos en concepto de daño moral.
Jueves
Además, se juzgará al acusado de abusar de su hija, de 13 años de edad, el jueves, a las 9.30 horas, en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria.
La Fiscalía relata en su escrito de calificación que el acusado, al menos en tres ocasiones, aprovechando el régimen de visitas, cuando dormía con su hija en el sofá del salón que compartían, dado que la vivienda era de reducidas dimensiones, realizó diversos tocamientos en los órganos sexuales de la menor.
Califica los hechos como delito continuado de abusos sexuales y solicita una pena de seis años de prisión, prohibición de comunicar y aproximarse a la menor, libertad vigilada de ocho años, inhabilitación para desempeño con menores de doce y privación de la patria potestad sobre la menor hasta que cumpla la mayoría de edad.
En concepto de responsabilidad civil, pide la fiscalía 6.000 euros de indemnización, dado que la joven presenta estado de ánimo depresivo y sintomatología mixta ansiosa.
Nieta
De igual forma, el jueves, a las 10.00 horas, Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria, comenzará el juicio contra una mujer por obligar a su nieta a mantener relaciones sexuales con un conocido de la familia, donde el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass)se persona como acusación particular,
Según el escrito de acusación, la mujer trajo a su nieta a España, cuando esta tenía once años, con la promesa de que en nuestro país tendría una vida mejor.
En fechas no determinadas, cuando la menor contaba con 13 años, señaló el Icass que la acusada la obligó a mantener relaciones sexuales con un hombre mayor, ya fallecido.
Al mismo tiempo, añadió que durante el confinamiento la obligó a realizarse fotografías y vídeos de contenido sexual para enviárselos a aquel.
Junto a ello, relata el Icass que la obligaba a realizar todas las tareas domésticas y de limpieza del hogar, recibiendo continuos desprecios y castigos.
Por eso, considera que es autora de un delito continuado de abuso sexual a menores y de otro continuado de corrupción de menores, merecedores de una pena que asciende a 15 años de prisión, alejamiento y prohibición de comunicar con su nieta durante ocho años, libertad vigilada tras la prisión de diez años e inhabilitación para desempeño con menores durante otros diez años.
En concepto de responsabilidad civil, pide una indemnización para la menor de 30.000 euros, por los daños morales y en atención a la continuidad y gravedad del delito, la gran diferencia de edad con el fallecido, la relación de parentesco de la menor con la acusada y su especial vulnerabilidad por estar sujeta al control absoluto de esta.
Por su parte, la Fiscalía y la defensa no respaldan el mencionado relato de hechos y, por tanto, solicitan la absolución.
En este sentido, el ministerio público explica en su escrito la situación de la chica, que al año de llegar a España comenzó a recibir atención de los Servicios Sociales por situaciones de agresividad.
Su situación escolar se agrava y comienza a no asistir a clase a primeras horas de la jornada, tiene respuestas violentas hacia sus compañeros y presenta bajo rendimiento escolar.
En el domicilio familiar, la menor considera que está siendo injustamente tratada al tener que realizar las tareas domésticas.
La situación se agrava cuando parece que debe regresar a su país. Ella rechaza volver y prefiere vivir en un centro alejada de su familia, donde permanece actualmente.
