lunes. 15.04.2024
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El Gobierno regional construirá 171 viviendas de alquiler a precios asequibles en siete municipios con una inversión de 26 millones de euros

La presidenta de Cantabria, María José de Buruaga (PP), anunció que las promociones se ejecutarán antes de marzo de 2026 en Polanco (40), Reinosa (58), Santoña (28), Torrelavega (27), Santillana (ocho), Piélagos (siete) y Orejo (tres)

Las autoridades políticas en Polanco.
Las autoridades políticas en Polanco.
El Gobierno regional construirá 171 viviendas de alquiler a precios asequibles en siete municipios con una inversión de 26 millones de euros

El Gobierno de Cantabria, por medio de Gesvican, construirá 171 viviendas de alquiler a precios asequibles en siete municipios con una inversión de 26 millones de euros, cofinanciada a partes iguales por la Comunidad Autónoma y los fondos europeos con 13 millones de euros.

Concretamente, las promociones se construirán antes de marzo de 2026, fecha tope para ejecutar las ayudas comunitarias, en Polanco (40), Reinosa (58), Santoña (28), Torrelavega (27), Santillana (ocho), Piélagos (siete) y Orejo (tres), tal y como ha anunciado hoy la presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga (PP), en el primero de estos municipios, desde el lugar donde se llevará a cabo la actuación en el Alto de Pedroa, donde ha estado acompañada por el consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media (PP); la alcaldesa, Rosa Díaz (PRC); el director General de Vivienda, Carlos Montes, y otros representantes de la Corporación local.

Buruaga ha explicado que todas las viviendas se levantarán en terrenos propiedad de Gesvican o de titularidad municipal, previa firma de un convenio de cesión, y que el plazo límite para la ejecución de esos fondos europeos, enmarcados en un programa de ayudas a la construcción de viviendas en alquiler en edificios energéticamente eficientes, obliga al Gobierno regional a trabajar “contra reloj” y a completar los trámites en un “tiempo récord”.

Unos fondos, ha añadido, “que estaban bloqueados y a punto de perderse” por la gestión del anterior Gobierno, al que ha recriminado que en ocho años no fue capaz de construir ninguna vivienda social. “En apenas 100 días hemos pasado de cero a 171. Y lo vamos a hacer con gestión con resultados, convirtiendo lo que iba a ser otro fiasco en una oportunidad”, ha apuntado.

Del total de 171 viviendas, 86 se ejecutarán en una primera fase con una inversión de cerca de 13 millones de euros, 6,5 millones de fondos propios y otros 6,5 millones de fondos europeos, para lo que el Ejecutivo cántabro trabaja ya en la firma de los correspondientes convenios con el Estado. Es decir, “por cada euro de financiación europea, el Gobierno de Cantabria aportará otro”, ha subrayado la presidenta.

Más adelantada

La actuación más adelantada en estos momentos, según ha informado, es la de Santillana del Mar, que está pendiente de la licencia municipal para poder licitar las obras, una vez que el Ayuntamiento ha cedido el terreno y Gesvican dispone del proyecto básico.

En Polanco se van a construir dos fases de 20 viviendas, cada una de ellas, en parcelas de propiedad municipal, mientras que en Torrelavega se van a levantar 15 viviendas en una parcela propiedad del Gobierno de Cantabria en el Zapatón y se rehabilitarán otras 12 viviendas en un edificio de propiedad municipal en la Inmobiliaria.

Las 58 viviendas de Reinosa se van a ubicar en parcelas propiedad de Gesvican y las ocho de Piélagos, en una parcela municipal en Liencres. Finalmente, las 28 de Santoña se construirán también en terrenos de propiedad municipal y las tres en Orejo (Marina de Cudeyo), en locales propiedad de Gesvican.

Buruaga ha solicitado la “máxima colaboración” de los ayuntamientos para ejecutar en plazo estas promociones, “porque no podemos permitirnos el lujo de perder dinero público”, y ha puesto a su disposición todo el apoyo de Gesvican, empresa pública que, ha enfatizado, “va a recuperar su misión original, que es construir vivienda pública”.

Compromiso

La presidenta ha asegurado que este plan de construcción de vivienda asequible en régimen de alquiler tiene “vocación de permanencia” en el futuro y ha recordado su compromiso de facilitar el acceso de los jóvenes y las familias que lo necesitan a este tipo de viviendas, en la línea ofrecer oportunidades para todos los cántabros, “sin sectarismo, con objetividad y atendiendo el interés general”.

Según ha dicho, este compromiso se refuerza con los 10 millones de euros que se consignarán en los presupuestos de 2024 para los programas de ayuda al alquiler y también con la reforma fiscal, que será una herramienta más de la política de vivienda y que incluirá deducciones para los colectivos más vulnerables, las familias numerosas y monoparentales, las personas con discapacidad y los menores de 36 años.

Concretamente, ha señalado que el ITP se rebajará del 10 al siete por ciento en los 200.000 primeros euros, llegando hasta el cuatro por ciento en el caso de los menores de 36 años, los colectivos especiales y las zonas rurales. Asimismo, se eliminará el límite de renta en la deducción del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por alquiler para jóvenes, colectivos especiales y municipios en riesgo de despoblamiento.

Mención aparte ha hecho la presidenta Buruaga a la nueva Ley de Vivienda, que, ha puntualizado, garantizará el acceso de los cántabros a una vivienda digna, contribuirá a luchar contra la ocupación y aportará seguridad jurídica a los propietarios.

Finalmente, ha confirmado que el Gobierno va a seguir incrementando el parque público autonómico, con viviendas de construcción propia y mediante la adquisición a la Sareb, y readaptará el Plan Moviva para hacerlo “más atractivo”, de forma que sea la administración la que gestione las viviendas y asuma los riesgos derivados del alquiler para incentivar la oferta de vivienda vacía.

Por su parte, Rosa Díaz ha agradecido a María José Sáenz de Buruaga la rápida respuesta que su Gobierno ha dado, en apenas dos meses, a la demanda planteada por el Ayuntamiento para construir viviendas con destino al alquiler, una demanda que la pasada legislatura fue desatendida y que ahora se va a materializar en beneficio, fundamentalmente, de los jóvenes del municipio.