El consejero de Desarrollo Rural, Pablo Palencia (PP), se niega a recibir a la Plataforma Unión Sector Primario de Cantabria

El consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, Pablo Palencia (PP), que se comprometió a recibir a los representantes de la Plataforma Independiente de la Unión Sector Primario de Cantabria (USPCan), y con los representantes de este colectivo  a las puertas del Parlamento ha decidido faltar a su palabra y no recibirles, ni escuchar sus justas reivindicaciones.

La actitud del consejero ha disgustado profundamente al grupo de trabajadores del sector que se han acercado al Parlamento para mantener una breve entrevista y tener la oportunidad de entregarle en mano las reivindicaciones de un sector hondamente preocupado por la deriva que están tomando las políticas nacionales y europeas con respecto al sector primario.

El consejero parece haberse alineado con las tesis gubernamentales de escuchar solamente a los viejos sindicatos de clase que, lejos de representar a la mayoría de agricultores, ganaderos, transportistas y pescadores, se han acostumbrado a vivir a la sombra de la Administración para, únicamente, mantener sus propias prerrogativas y privilegios.

Desde la Plataforma USPCan se quiere dejar claro su más profundo rechazo a esta actitud, así como a la tendencia de un gobierno del PP que mal empieza desoyendo a los representantes directos del sector primario, que se le han acercado desde una posición de diálogo y colaboración, para obtener la indiferencia por respuesta.

Cantabria no se vende redacta un Manifiesto en defensa de las necesidades del sector primario cántabro.

En su opinión, las protestas desatadas son lógicas y necesarias y se tiene que identificar los problemas que asfixian al sector para cambiarlo, de tal forma que se evite su desvío por intereses ajenos y soluciones en falso.

En su opinión, uno del os problemas es presión de la agroindustria que ha obligado a numerosos campesinos a endeudarse para intentar en vano mantener el pulso competitivo o cerrar. “La actividad artesanal ha sido prácticamente desplazada por usos agroindustriales que generan mucho menos empleo, acaparan la tierra, destruyen suelos y acuíferos; haciendo desaparecer las variedades y razas autóctonas, adaptadas a nuestras condiciones territoriales sin necesidad de tantos químicos y sustancias nocivas para medioambiente y seres humanos, empobreciendo la biodiversidad de los paisajes campesinos”, indican.

A ello añaden el abuso de las grandes empresas distribuidoras y comerciales que acaparan el valor añadido del trabajo en el sector primario. Su concentración monopolística les permite explotar a agricultores y ganaderos, obligándolos a asumir precios incluso por debajo de los costes de producción. A su juicio “las grandes superficies han desplazado a comercios locales y mercados que permiten una relación más equilibrada y cercana entre productores, comercializadores y consumidores finales”.

No se olvidan de los Tratados de libre comercio y especulación, ya que la regulación medioambiental es igual de necesaria en Europa, África o Norteamérica. Desde su punto de vista “anteponer los productos importados y desregulados a los productos locales destruye nuestro sector primario y ofrece unas condiciones alimentarias y sanitarias deficientes a los hogares, para una mayor ganancia de las grandes empresas distribuidoras. Que el cereal o el agua comiencen a cotizar en bolsa es señal de que se está especulando con lo más básico para la vida”.

Por otro lado, inciden en la pérdida del acceso a la tierra y escasez de agua. Para este colectivo “la política de desorden territorial y urbanístico, de monocultivo turístico, provoca que cada vez menos carros puedan mantener su uso agroganadero. Además, en los entornos rurales las redes de agua están en un estado deficitario, no existen tratamientos de potabilización, ni depósitos de acumulación adecuados. Hace falta que la administración deje de tratar a los habitantes del mundo rural como “ciudadanos” de segunda.

Administración

Para finalizar, hacen hincapié en la Administración contra las explotaciones familiares, ya que mucha normativa, ayudas y papeleo benefician a los grandes terratenientes y empresas, ahogando al común. “Las instituciones públicas debieran velar por el interés colectivo, la formación e incorporación de jóvenes, las indemnizaciones justas, la simplificación administrativa o el reconocimiento y valorización social de los productores de alimentos de calidad”, señalan.

En definitiva, remarcan que el sector primario, vital para nuestra economía y sociedad, está desapareciendo al igual que lo hace la biodiversidad y en paralelo al agravamiento de la crisis climática. “Lejos de huir hacia adelante, utilizados por los de siempre, hay que corregir el modelo agroindustrial y la globalización que lo están provocando”, comentaron,