Cantabria exige al ministro de Justicia atender las peticiones de los funcionarios de este área sin el apoyo del PSOE

El Parlamento de Cantabria exige al ministro de Justicia, Félix Bolaños (PSOE), atender las peticiones de los funcionarios de este departamento sin el apoyo de los socialistas.

El Pleno de hoy, lunes, aprobó una Proposición No de Ley (PNL) para atender las reivindicaciones retributivas de los funcionarios de "todo el territorio nacional".

La iniciativa ha sido impulsada por los 'populares', con varios puntos que se resumen en que "no paguemos ningún peaje en Cantabria por el dinero que se va políticamente a otras Comunidades", especialmente las que tienen competencias transferidas en materia de Justicia. "Lo que estamos reclamando es dinero propio y que los 'sanchistas' no sisen a Cantabria", han defendido.

Los Grupos parlamentarios del PP, PRC y Vox han lamentado que el acuerdo alcanzado en abril por Bolaños para los funcionarios incluye sólo a dos sindicatos y "deja fuera a buena parte" de organizaciones representativas y a distintos eslabones de la Administración de Justicia, un asunto que en Cantabria afecta a 700 funcionarios.

Es por ello que este acuerdo "no pone fin al conflicto laboral" que provocó en 2023 varias huelgas de jueces, magistrados y letrados que recientemente se han retomado, lo que repercute en el trabajo diario de la Administración de Justicia y en definitiva en los ciudadanos al retrasarse los juicios y procedimientos.

Así lo han remarcado los portavoces de PP, PRC y Vox, frente a los que el PSOE, el único que ha votado en contra de la PNL, ha defendido que el ministro ha logrado un "exitoso acuerdo con los sindicatos" y ha remarcado el "esfuerzo" inversor del Gobierno central en este ámbito.

"El Gobierno de España está revirtiendo los recortes del PP en la Administración de Justicia", ha sostenido el socialista Mario Iglesias, subrayando que el Ministerio está "está impulsando una justicia sólida, invirtiendo en más profesionales y recursos para garantizar un servicio público eficiente".

Es por ello que el PP ha replicado que los socialistas cántabros "siguen sometidos a las cloacas del sanchismo y les dan igual los 700 funcionarios que hay en Cantabria". "Es un dinero que pertenece a Cantabria y nos lo están robando".

"A ustedes les interesa un Ministerio fiscal que no investigue a Begoña, que tape el caso Koldo". "Quieren al final nombrar a los jueces ustedes", ha lamentado Rafael de la Gándara.

Por su parte, la regionalista Rosa Díaz ha incidido en que el conflicto debe resolverse mediante "el diálogo con todos", ya que las consecuencias para los ciudadanos "están llegando a un punto insostenible"; al igual que, desde Vox, Cristóbal Palacio ha remarcado el "enorme retraso" provocado en los juicios por la pandemia y las huelgas, además de que se ha quejado de que el acuerdo recientemente firmado "provoca una discriminación por Comunidades", ya que ha defendido que éste debe ser "universal".

La PNL aprobada incluye varios puntos en los que pide al Gobierno de Cantabria instar al Gobierno central a incluir en la próxima Conferencia Sectorial de Justicia las propuestas para atender a las reivindicaciones retributivas de los cambios de las leyes de eficiencia proyectadas por el Gobierno de España y su incidencia en las funciones que realizan.

También que presente ante las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Administración de Justicia un plan de compensación económica por las medidas que se adopten para normalizar y resolver los retrasos causados por los conflictos laborales generados por las transformaciones estructurales en la Justicia, así como que el ministro informe "con claridad y transparencia", tanto en el ámbito parlamentario como en el de la Conferencia Sectorial de las propuestas, compromisos retributivos y alcance territorial del acuerdo.

Y además insta a Bolaños a asumir sus responsabilidades en la negociación de las condiciones laborales de todos los integrantes de los cuerpos generales de auxilio, tramitación y gestión de todos los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, así como en la negociación de las propuestas retributivas en el complemento general del puesto respecto a los más de 40.000 funcionarios de Justicia.

Inmigración ilegal

Tras esta propuesta la Cámara ha debatido una PNL de Vox que ha sido rechazada, ya que pedía que el Parlamento rechazara el contenido de la iniciativa legislativa popular (ILP) actualmente en trámite en el Congreso de los Diputados para la regularización de más de 500.000 inmigrantes ilegales.

Los grupos nacionales de PP y PSOE votaron en el Congreso a favor de admitir a trámite la iniciativa y por ello han rechazado la propuesta de Vox, al igual que el PRC, quien la ha tildado de "barbaridad" por su mensaje "racista y xenófobo" y por ir "en contra de 17 tratados internacionales" y de la Constitución Española.

Y es que en su defensa, la portavoz de Vox, Leticia Díaz, ha dicho que la inmigración descontrolada genera "pobreza, violencia y erosión de la democracia".

Y ha aclarado que el grupo no rechaza a los inmigrantes de Iberoamérica, que "se integran fácilmente porque compartimos tradiciones religiosas y vienen con el objetivo de trabajar y de integrarse y sacar adelante a sus familias"; sino que pone el foco en los que vienen "fundamentalmente de países africanos, y más si provienen de países radicales islamizados, pues importan la violencia y la falta de integración".

Al-Andalus

"Vienen varones jóvenes y fuertes dispuestos para la yihad, dispuestos, en muchos casos, para recuperar ese Al-Andalus", ha dicho, añadiendo que sus costumbres "nos devuelven al medievo".

También ha lamentado que "tenemos un problema que no queremos mirar de frente" cuando hay "noticias crecientes por desgracia sobre cómo nos roban, cómo nos golpean, cómo ocupan nuestras viviendas, cómo agreden sexualmente considerando los cuerpos simple mercancía con la que satisfacer sus instintos". "Sabemos que necesitamos una inmigración ordenada y legal donde impere la reciprocidad entre las naciones", ha insistido.

Ante estas afirmaciones, el PP ha respondido a Vox que "esa actitud nada ayuda al éxito de sus pretensiones" ya que la mayoría de las medidas que propone su PNL "no apelan ni a la mesura ni al consenso". Además, ha defendido que la ILP para regular a migrantes busca "la protección de nuestras fronteras y alcanzar un control de los flujos migratorios irregulares", teniendo en cuenta además "la necesidad de mano de obra que nuestro mercado laboral demanda".

Mientras, el PSOE ha condenado los "discursos del odio y xenófobos que lleva Vox a los parlamentos" y ha recalcado que actualmente "casi siete de cada 10 autores de delitos son de nacionalidad española", por lo que ha pedido al partido que "deje de mentir y de meter miedo a la ciudadanía".

CGPJ

Los Grupos políticos de PP y Vox se han unido en el Parlamento de Cantabria para rechazar una Proposición No de Ley del Grupo Socialista que pretendía que la Cámara autonómica exigiera al Congreso y Senado la inmediata renovación de Consejo General del Poder Judicial (CGPG) para cumplir lo establecido en la Constitución Española y la recomendación de la Comisión Europea.

El PSOE ha llevado esta iniciativa ante el "bloqueo" del que acusa al PP desde hace "1.980 días" para renovar este órgano, que según recoge la Ley del Poder Judicial debe cambiar en su totalidad a sus miembros cada cinco años y, pese a que el mandato caducó en 2018, en 2024 aún se están "poniendo trabas" cumplirlo y garantizar así la independencia judicial.

Para los socialistas, que han recabado el apoyo del PRC en esta propuesta, aunque eso no ha sido suficiente para aprobarla, se trata de una "anomalía constitucional sin precedentes, que viene marcada por la "negativa del PP a cumplir con la legalidad vigente". Algo por lo que incluso la Comisión Europea ha decidido tomar "cartas en el asunto" y establecerse en un papel de mediación.

Los 'populares' presentaron una enmienda de sustitución en la que se requería al Gobierno de España a que impulsara urgentemente medidas que fortalezcan la independencia del poder judicial, pero ésta ha sido rechazada por el PSOE.

Y es que el PP ha asegurado que no se niega a renovar el Consejo General del Poder Judicial ni a aceptar la ley, pero no con la "imposición de nombres" de la que acusa al PSOE. De esta forma, aboga por la modificación del sistema de elección de los miembros del CGPJ de manera que sean los propios jueces y magistrados quienes seleccionen a los 12 vocales.

En este sentido, el popular Juan José Alonso ha denunciado que, mientras que la Comisión Europea está estudiando si acepta o no esa modificación en el sistema de elección de los vocales del CGPJ, "Sánchez amenaza con, si no se hacen las cosas como él quiere, o como a él le interesa, llegar a acuerdos con aquellos partidos que quieren romper a España y atacan permanentemente a los jueces para rebajar las mayoría parlamentarias necesarias".

"El PP cumple con las normas, pero no acepta chantajes ni imposiciones que tienen como finalidad la intervención del Poder Judicial".

En la misma línea, desde Vox han defendido que los miembros del CGPJ sean nombrados directamente por los propios jueces y magistrados, pero han criticado que "la necesidad del Partido Socialista de mantenerse en el poder a toda costa" ha llevado al partido a querer "controlar necesariamente el Poder Judicial".

Finalmente, los regionalistas han indicado que "la España de hace 10 años no es la España de hoy", y creen que lo mejor es que sean los ciudadanos los que elijan a dichos miembros. "Si el Gobierno lo elige el Parlamento y lo controlan los ciudadanos y los tribunales, a los jueces, ¿quién les va a controlar?", han cuestionado.

La diputada socialista Ana Belén Álvarez ha defendido la PNL advirtiendo que el "bloque" de la renovación del CGPJ "debilita y erosiona" a las principales instituciones de la justicia española, y por tanto, al Estado de Derecho.

A su juicio, no renovar a los miembros del CGPJ y prolongarlo "de manera intencionada" es incurrir en "una clara dejación de funciones", además de "restar legitimidad" no solo al Poder Judicial sino también al conjunto del sistema democrático" porque la situación del CGPJ en funciones "dificulta" el normal funcionamiento de las instituciones democráticas y "merma" la seguridad jurídica.

"Ustedes están bloqueando el mandato constitucional, siempre se produce cuando el Grupo Popular no tiene la mayoría y no es la primera vez", ha aseverado Álvarez, que ha señalado que esto afecta "gravemente" a la Administración de Justicia, impactando sobre todo en la ciudadanía, provocando vacantes sin renovar, demoras en los procesos judiciales y mayor carga de trabajo para los juzgados.

Legado

Tras debatir esta iniciativa al comienzo de la sesión vespertina, el Pleno ha aprobado otra PNL impulsada por el PRC para instar al Gobierno de Cantabria a financiar el 'Proyecto Legado Cantabria', que consiste en recopilar testimonios de personas mayores para preservar el patrimonio inmaterial de la comunidad de cara a generaciones futuras.

Todos los Grupos han apoyado la propuesta salvo Vox, que se ha abstenido señalando que el proyecto "está bien" pero los testimonios personales no son "historia de Cantabria", ya que algunos serán rigurosos pero otros pueden contar recuerdos que "no son exactos". Además, el grupo ha señalado que la iniciativa tiene varias fuentes de financiación al margen de la ayuda del Ejecutivo regional.

No obstante, los populares han confirmado que su Gobierno "va a prestar apoyo económico" porque "es un gran proyecto", algo que también comparten PRC y PSOE, que han recordado que lo apoyaron cuando gobernaron la pasada legislatura.