El anteproyecto de Ley de Vivienda de Cantabria contempla actuaciones contra la ocupación ilegal

El anteproyecto de Ley de Vivienda de Cantabria contempla actuaciones contra la ocupación ilegal. Así, se establecen medidas de prevención, protocolos de desalojo inmediato en caso de flagrancia, asistencia jurídica a propietarios afectados, y medidas sociales para garantizar soluciones habitacionales alternativas cuando existan situaciones de vulnerabilidad real.

Para ello, el consejero de Fomento, Vivienda y Ordenación del Territorio, Roberto Media (PP, ha anunciado la puesta en marcha “de forma inmediata” de la Oficina de Apoyo a Víctimas de la Ocupación y la Inquiocupación, así como la creación de un canal de comunicación mediante un teléfono y un mail para el asesoramiento a los particulares y vecinos afectados por okupaciones e inkiocupaciones.

“El anterior proyecto de Ley que estaban redactando el anterior Gobierno regional preveía asesoramiento jurídico para los okupas. Nosotros, sin embargo, sabemos quiénes son las víctimas y serán los propietarios los que cuenten con nuestro apoyo y asesoramiento”, ha expresado.

El texto recoge también la intervención de los ayuntamientos por medio de la Policía Local, en casos de ocupación flagrante, en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de tal forma que podrá, en el ámbito de sus competencias, proceder al desalojo inmediato de los ocupantes, siempre respetando los procedimientos legales existentes.

Además, las entidades locales deberán establecer censos actualizados de viviendas en riesgo de ocupación y diseñar medidas preventivas en coordinación con la Administración autonómica. Por otro lado, las personas contra las que, en los últimos cinco años, se hubiera dictado alguna resolución judicial o administrativa por motivo de la ocupación ilegal de un inmueble, no podrán ser beneficiaras de ninguna de las ayudas o programas previstos en esta Ley.

El documento articula medidas centradas en el fomento de la vivienda protegida, la movilización del parque de viviendas vacías, la promoción de modelos innovadores como el coliving y cohousing, la rehabilitación y regeneración urbana y la sostenibilidad en las edificaciones.

Además, se promueve la simplificación administrativa, el aprovechamiento urbanístico de suelo público y privado con reserva para vivienda protegida y la colaboración entre administraciones y el sector privado para lograr la generación de más vivienda.

“En un contexto de incremento de la desigualdad en el acceso a la vivienda, de despoblación de zonas rurales, de envejecimiento demográfico, y de una escasa oferta de alquiler asequible, se hace imprescindible la intervención pública para garantizar el derecho constitucional al disfrute de una vivienda digna”, ha expresado.

En concreto, la Ley se estructura en torno a dos ejes fundamentales: la planificación estratégica y competencial; y el acceso a la vivienda y la activación del parque existente. Para ello, tal y como ha explicado el consejero, el texto fortalece las competencias autonómicas y municipales, garantizando un sistema eficiente que favorezca la intervención pública, tanto en la promoción como en la gestión del parque de viviendas.

Sobre este tema, Media ha recordado que, pese a que Cantabria tiene competencia exclusiva en vivienda, existen materias como el derecho civil y procesal “que exceden de esas competencias”, poniendo como ejemplo la ocupación ilegal o la configuración de contratos referidos a la vivienda. No obstante, y ajustándose a la legalidad, el consejero ha asegurado que la futura norma elabora una solución legislativa que permite reforzar la seguridad jurídica, aumentar la oferta de vivienda y atender adecuadamente a la demanda, proporcionando respuestas eficientes para las personas en situación de riesgo habitacional.

Acceso a la vivienda

El titular de Vivienda ha avanzado que el texto incluye “novedades importantes” encaminadas a facilitar el acceso a la vivienda y la activación del parque existente. En concreto, se ha referido a la fórmula público-privada que se incorporará a la nueva legislación. Un modelo que, tal y como ha recordado, se ha aplicado recientemente para la construcción de 212 nuevas viviendas en régimen de alquiler asequible.

Por otro lado, se recuperará la promoción de viviendas a precios tasados, un régimen existente en anteriores legislaciones y vigente en otras Comunidades, que supone el acceso a sectores de población cuyas rentas superan los límites establecidos para optar a una vivienda protegida y que, sin embargo, tienen dificultades para acceder en el mercado libre.

También se impulsan nuevas modalidades de convivencia alternativas como el coliving o el cohousing. Y se recogen nuevos incentivos y garantías para impulsar el alquiler de viviendas vacías. En concreto, según ha destacado Media, el precio del alquiler se fijará de acuerdo a los precios de mercado y no al índice de referencia del Ministerio, “que se encuentra completamente desfasado”.

Asimismo, se establecerán ayudas para el pago de las cuotas de comunidad y el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), con el objetivo de hacerlo más atractivo y generar confianza en los ciudadanos que pongan a disposición del Gobierno sus viviendas.

“Estamos del lado del propietario que son parte de la solución al problema de la escasez de vivienda en alquiler. Queremos que se sientan seguros y que se animen a poner sus viviendas en alquiler, porque cuantas más existan en el mercado, más accesibles serán los precios”, ha afirmado Media, que ha insistido en que la mejor medida social en esta materia consiste en dotar de seguridad jurídica a los propietarios.

En este sentido, el consejero ha criticado la actual Ley estatal en esta materia, aprobada en 2023, que en los primeros meses de aplicación “sacó del mercado del alquiler un 37,2% de inmuebles en Cantabria”, justificando esta cifra “en la inseguridad jurídica” que ha generado esta norma.

Además, se creará un Registro Autonómico Unificado de Vivienda y Suelo (Rauvs) así como un Registro de Agentes Inmobiliarios de Cantabria. En el caso del primero, funcionará como un instrumento integrado para la gestión de la demanda de viviendas protegidas, la oferta de viviendas disponibles y el inventario de suelo destinado a vivienda protegida en la Comunidad.

“Este nuevo registro nos permitirá tener una visión global de quién demanda, cuántas viviendas protegidas existen y cuanto suelo está disponible en Cantabria para construir vivienda protegida”, ha expresado.

Además, se incluirán como personas usuarias de vivienda protegida en alquiler a profesionales de servicios básicos (médicos, guardas forestales, profesores, farmacéuticos, veterinarios, entre otros), quienes podrán ser partícipes de los programas de vivienda rural protegida, con el fin de garantizar estos servicios en zonas rurales.

En el caso del Registro de Agentes Inmobiliarios de Cantabria, tendrá carácter voluntario y su finalidad será proporcionar transparencia y publicidad en el ejercicio de su actividad profesional y garantizar la calidad en la prestación de servicios a los consumidores y usuarios.

Plan de Vivienda Rural, Parque Público de Vivienda y emergencia habitacional

El nuevo texto recoge la figura de vivienda rural protegida y el Plan de Vivienda Rural, con el que se pretende dinamizar territorios afectados por la despoblación y el envejecimiento, fomentando el acceso a la vivienda mediante incentivos económicos, cesión de suelo, fiscalidad favorable y promoción de rehabilitación y regeneración de los núcleos rurales. “Estas políticas en positivo son las que ponen freno al despoblamiento y recuperan nuestros pueblos”, ha asegurado.

Por otro lado, para supuestos de emergencia habitacional, el texto refuerza los mecanismos de atención inmediata ante desahucios, catástrofes naturales u otras situaciones excepcionales. “Estas herramientas permitirán canalizar recursos de forma ágil y coordinada, garantizando la respuesta institucional ante crisis habitacionales”, ha asegurado, destacando su importancia para resolver problemas que hasta ahora no tenían solución. 

Además, el texto recoge que el Parque Público de Vivienda estará integrado por inmuebles de titularidad pública, viviendas gestionadas mediante acuerdos con particulares, entidades privadas o del tercer sector, y viviendas rehabilitadas o adquiridas con fondos públicos.

Para su acceso, la Ley establece un sistema equilibrado de requisitos para su adjudicación, con especial atención a los ingresos familiares, la situación social, el número de miembros de la unidad de convivencia y la situación territorial.

También se regulan los precios máximos de venta y alquiler, la duración del régimen de protección y las limitaciones a la transmisión, garantizando el carácter finalista de este tipo de vivienda y evitando su desnaturalización. Por último, se mejoran las condiciones de habitabilidad, eficiencia energética y accesibilidad de todas las viviendas protegidas, incluidas las de promoción privada.

Declaración responsable

En coherencia con la actual Ley de Simplificación Administrativa, este anteproyecto apuesta por la figura de la declaración responsable.  “Esta medida no implica una relajación en los estándares de calidad exigibles, sino que refuerza el principio de responsabilidad técnica de los agentes intervinientes en el proceso edificatorio”, ha explicado Media, aclarando que se mantiene plenamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación urbanística, técnica y de protección de los consumidores.

En este sentido, la Consejería con competencia en materia de vivienda podrá actuar sin previa notificación y no será necesaria la revelación por parte de sus empleados de la condición de personal de la misma, de forma que pueda conocer, verificar y obtener evidencia del cumplimiento de la normativa. Un tipo de inspección que se articula por primera vez en materia de vivienda en Cantabria y que actualmente existe en el ámbito bancario.

Por otro lado, el anteproyecto establece un régimen sancionador “riguroso”, que distingue entre infracciones leves, graves y muy graves, incorporando medidas correctoras y sanciones accesorias para restaurar la legalidad urbanística y habitacional. Como ejemplo, Media ha explicado que se establecen multas de hasta 90.000 € para quienes destinen una vivienda protegida al uso de alquiler turístico

Tramitación y plazos

Con la publicación mañana de este texto en el BOC se abrirá el preceptivo trámite de audiencia e información pública. Durante un periodo de 20 días hábiles, hasta el 30 de junio, se podrán presentar las alegaciones o sugerencias al texto que se estimen oportunas.

Tras el estudio y valoración de todas las observaciones y sugerencias emitidas, se incorporarán al articulado las que se consideren más positivas. Posteriormente, y tras los oportunos informes del resto de Consejerías del Gobierno como de la Dirección General del Servicio Jurídico y del Consejo Económico y Social, se aprobará el Proyecto de Ley en Consejo de Gobierno.

La previsión, según Media, es que en el mes de septiembre se inicie su tramitación en el Parlamento. “Queremos aprobar una ley lo más consensuada posible, así que vamos a dialogar, vamos a ser sensibles con las sugerencias que se nos trasladen, vamos a negociar y vamos a sacar adelante esta ley a la que se comprometió la presidenta Buruaga”, ha concluido.

El texto, que Media ha definido como “moderno, innovador, garantista y eficaz”, se publicará mañana viernes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) para iniciar el periodo de trámite conjunto de audiencia e información pública durante 20 días hábiles, en concreto, hasta el día 30 de junio se podrán presentar alegaciones o sugerencias para mejorar esta futura Ley.

Durante su intervención, acompañado por el director general de Vivienda, Carlos Montes, Media ha asegurado que el documento garantiza el acceso efectivo a la vivienda, especialmente para aquellos ciudadanos que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica y social, y ofrece seguridad jurídica a los propietarios frente a la ocupación.