Podemos Santander y Pasaje Seguro llevan ante Fiscalía mensajes que califican a menores migrantes como «carne humana»
Ambas organizaciones solicitan una investigación por la posible existencia de un delito de odio en contenidos difundidos por la plataforma Remigración y Reconquista y la Asociación Alfonso I Cantabria
El partido político Podemos Santander y Pasaje Seguro han presentado ante la Fiscalía de Cantabria un escrito en el que solicitan una investigación por varios contenidos difundidos públicamente en redes sociales por Remigración y Reconquista y la Asociación Alfonso I ante su posible relevancia penal en materia de delitos de odio.
La denuncia parte de un vídeo referido a la acogida en Cantabria de menores migrantes procedentes de Ceuta, según explican. “En él se habla de otra tanda de menas y otra tanda de carne humana con la que trafica el Gobierno”, inciden.
Posteriormente se contrapone su llegada con las dificultades económicas, familiares y de acceso a la vivienda de «los españoles», y afirman que “tengamos que comernos a inmigrantes» y se concluye asegurando que «es necesaria la remigración”, recuerdan los demandantes.
“No poder pagar un alquiler, llegar con dificultades a fin de mes o no poder construir un proyecto de vida son problemas reales de injusticia social. Convertir a las personas migrantes en responsables no soluciona ninguno de ellos: solo desvía la atención de sus verdaderas causas y dirige la frustración hacia quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad”, declararon.
El escrito presentado ante Fiscalía aporta el archivo audiovisual íntegro, su transcripción y certificaciones electrónicas de las publicaciones, además de diferente documentación destinada a acreditar su contexto y difusión.
El mensaje, según señalan ambas organizaciones, no aparece de forma aislada. Entre la documentación aportada a la Fiscalía figura también una publicación de presentación de Remigración y Reconquista en la que la propia plataforma establece entre sus objetivos «detener la sustitución de nuestro pueblo», junto a «devolver la dignidad a los españoles» y «defender nuestra identidad y soberanía».
También, se ha documentado otra publicación en la que se caracteriza un movimiento migratorio como una «invasión inducida».
La preocupación no reside únicamente en determinadas palabras, sino en el mecanismo que construyen cuando se leen conjuntamente: identificar a un colectivo vulnerable, presentarlo como una amenaza y vincular su presencia con problemas reales que afectan a buena parte de la sociedad, señalan.
Por ello, la iniciativa presentada no pretende determinar de antemano la existencia de un delito, algo que corresponde exclusivamente a las autoridades competentes, sino solicitar a la Fiscalía una investigación de los hechos, determine la autoría y responsabilidad sobre la elaboración y difusión de los contenidos y valore su posible relevancia penal.
Desde ambas organizaciones recuerdan que los relatos sobre una supuesta sustitución de la población autóctona por población extranjera forman parte desde hace años del imaginario de movimientos supremacistas y de extrema derecha a nivel internacional.
Los riesgos de normalizar este tipo de narrativas, recuerdan, cuentan con precedentes internacionales ampliamente documentados. La comisión oficial que investigó los atentados de Christchurch (Nueva Zelanda), en los que fueron asesinadas 51 personas en dos mezquitas en 2019, concluyó que la ideología del terrorista estaba basada, entre otros elementos, en su adopción de la teoría del ‘Gran Reemplazo’ y en la consideración de la inmigración como una amenaza existencial para las sociedades occidentales.
Desde Podemos Santander y Pasaje Seguro consideran que no pueden normalizar que se hable de seres humanos como “tandas” o “carne humana”. Mucho menos cuando hablamos de menores. Podemos discrepar sobre cualquier política pública, también sobre inmigración, pero la dignidad humana debe ser una línea que ninguna sociedad democrática esté dispuesta a cruzar.
Los derechos humanos no dependen del origen, la nacionalidad o la situación administrativa de una persona. Defender la convivencia no significa impedir el debate: significa impedir que la deshumanización termine convirtiéndose en una forma aceptable de hacer política. Una sociedad sana debe ser capaz de reconocerla y combatirla antes de acostumbrarse a ella.
