Condenado el Ayuntamiento de Santander por negar el pago de una formación para un policía local
Los servicios jurídicos de CSIF obtienen una nueva sentencia favorable, la cuarta en apenas dos semanas contra el Consistorio
El Ayuntamiento de Santander ha sido condenado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número tres de Santander por negar el pago de una formación para un policía local.
Así, lo han comunicado los servicios jurídicos de CSIF, quien señalan que han obtenido una nueva sentencia favorable frente al Ayuntamiento de Santander, la cuarta en apenas dos semanas, una sucesión de resoluciones judiciales que vuelve a poner de manifiesto que los tribunales están corrigiendo decisiones Administrativas que han perjudicado a empleados públicos municipales.
En esta ocasión, La Justicia ha estimado de forma íntegra la demanda presentada por los servicios jurídicos de CSIF Cantabria en defensa de un agente de la Policía Local adscrito a la Unidad Canina, reconociendo su derecho a percibir el reintegro de 1.550 euros correspondientes a un curso de adiestrador canino profesional, formación específica y necesaria para el desempeño de sus funciones.
La sentencia deja acreditado que el curso fue propuesto y autorizado por el entonces Jefe de la Policía Local, que su realización respondía a una necesidad del servicio y que el funcionario adelantó el coste con el compromiso de que le sería reembolsado por el Ayuntamiento. Pese a ello, la Administración mantuvo durante años una inactividad injustificada, obligando al trabajador a acudir a los tribunales para reclamar un derecho que ahora ha sido reconocido.
El fallo resulta especialmente contundente al señalar que "no existe fundamento alguno para rechazar el pago" y considera que la desestimación por silencio administrativo carecía de cualquier sustento jurídico. En consecuencia, el Juzgado anula la actuación municipal, condena al Ayuntamiento al abono íntegro del importe del curso y le impone además el pago de las costas procesales.
Recursos humanos
Para CSIF Cantabria, esta resolución evidencia una forma de gestionar los recursos humanos que genera conflictos innecesarios y obliga a los empleados públicos a judicializar asuntos que podrían resolverse mediante una correcta actuación administrativa. Resulta especialmente significativo que el Ayuntamiento mantuviera su negativa al pago pese a constar acreditada la necesidad de la formación, su autorización, su realización y el desembolso efectuado por el funcionario.
Con esta sentencia son ya cuatro las resoluciones favorables obtenidas por los servicios jurídicos de CSIF Cantabria frente al Ayuntamiento de Santander en apenas dos semanas, un balance que demuestra tanto la solidez de las reclamaciones planteadas por el sindicato como la calidad del trabajo desarrollado por su equipo jurídico.
Desde el sindicato se considera “preocupante que sea la vía judicial la que, de forma reiterada, tenga que corregir decisiones administrativas que afectan a los derechos de los trabajadores municipales, con el consiguiente coste económico para las arcas públicas derivado de las condenas, el pago de intereses cuando corresponda y las costas procesales, gastos que podrían evitarse con una gestión más rigurosa y respetuosa con la legalidad”.