Cantabristas acusa al Ayuntamiento de Laredo de prohibir “antidemocráticamente” un acto público notificado y autorizado de forma correcta

El partido político Cantabristas acusa al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Laredo, PP, Ola Cantabria, Podemos y edil no adscrito, de prohibir “antidemocráticamente” el acto público convocado a pesar de que estaba debidamente notificado y autorizado.

Durante la mañana de hoy, sábado la Policía Local de Laredo ha impedido el acceso de los asistentes e integrantes de Cantabrista en los jardines públicos de la Casa de Cultura Doctor Velasco acordonando y vallando la zona sin dar ninguna explicación ni justificación más allá de ser una orden del Ayuntamiento.

El equipo jurídico de Cantabristas ha informado de que se han puesto en contacto con la Delegación de Gobierno (PSOE), institución responsable de autorizar este tipo de actos, y que, efectivamente, han reconocido que se ha producido una vulneración de un derecho fundamental.

Por ello, el partido Cantabrista tomará las medidas judiciales oportunas y está estudiando acciones de protesta como una concentración para visibilizar la actitud antidemocrática del Ayuntamiento de Laredo.

Las reacciones han sido inmediatas: "el Ayuntamiento de Laredo está boicoteando un acto público legal, notificado y autorizado. Han utilizado de forma totalmente antidemocrática a la policía local para impedir que nadie acceda al lugar donde lo teníamos convocado", ha explicado Paulu Lobete, secretario General del partido.

Javier Mata, portavoz del partido en Laredo, ha declarado que la situación ha sido totalmente inesperada, dado que ya se había recibido la autorización pertinente y estaba en disposición de la policía: "el Ayuntamiento del PP no quiere que en el pueblo se escuchen voces como la nuestra, que desafían su pésima gestión y ofrecen una alternativa realista para quienes defendemos que Laredo puede ser mucho más que un resort turístico".

Unidos x Laredo

El Grupo municipal de Unidos x Laredo considera que lo ocurrido este fin de semana con la suspensión, por parte del alcalde Miguel González (PP), de un acto político en Laredo no puede analizarse como un episodio aislado, ya que empieza a formar parte de un patrón de actuación institucional profundamente preocupante.

Cuando un alcalde utiliza la autoridad de su cargo para apoyarse afirmaciones públicas tan contundentes como que un acto carecía de autorización o de comunicación administrativa, esas afirmaciones deben acreditarse en documentos oficiales, expedientes e informes, inciden. “No basta con decirlo. Hay que poder demostrarlo. Todo ello, al margen del estilo de gobierno que viene proyectando quien ostenta la Alcaldía de Laredo, caracterizado por una forma de ejercer el poder que muchos consideran marcadamente autoritaria”, asegura.

Por ese motivo, Unidos x Laredo ha registrado una solicitud para acceder al expediente administrativo y conocer exactamente qué documentación respalda las manifestaciones públicas realizadas desde la Alcaldía. “Porque en un Estado de Derecho las instituciones hablan por medio de los expedientes, no de las ocurrencias”, comenta.

Para Unidos x Laredo si las afirmaciones realizadas por la Alcaldía son ciertas, bastará con exhibir el expediente y toda la documentación que las respalde, sobre todo en lo relativo a la autorización o no de la Delegación del Gobierno.  “Si no lo son, estaremos ante un problema mucho más grave: el de una institución que habla antes de comprobar los hechos”, remarcó.

Resulta especialmente preocupante que esta forma de actuar se produzca apenas unas semanas después de que el Ayuntamiento de Laredo haya sido condenado judicialmente por vulnerar un derecho fundamental y, además, condenado al pago de las costas procesales.

Una condena que no afronta el alcalde con su patrimonio personal, sino que es soportada por todos los vecinos de Laredo por medio de las arcas municipales, explica.

A su juicio, lejos de haber servido como llamada de atención para reforzar la prudencia, el respeto institucional y el rigor en el ejercicio del poder, todo indica que nada ha cambiado. “Lejos de reforzar la transparencia, continúan las declaraciones categóricas, la ausencia de explicaciones documentadas y una preocupante tendencia a convertir la institución municipal en un instrumento de confrontación política”, declara.

A su entender, el Ayuntamiento no pertenece al alcalde, la Policía Local no está para resolver discrepancias políticas y las instituciones no pueden utilizarse para decidir quién habla y quién no habla, y mucho menos cuando están en juego derechos fundamentales como la libertad de expresión, la participación política o el derecho de reunión.