El Astillero ratifica una penalidad de 56.630 euros a la empresa del servicio de limpieza de edificios municipales por incumplir de forma grave el contrato

El Astillero ha ratificado la imposición de una penalidad del 4,5 por ciento, 56.630 euros, a la empresa del servicio de limpieza de edificios municipales por una infracción continuada grave en su prestación. El equipo de Gobierno de Cs votó a favor en el Pleno, mientras que la oposición, PP y PSOE, se posicionaron en contra al considerar que la sanción debió ser mayor.

El edil del PP, José Antonio García Gómez, indicó que han existido incumplimientos y existen informes técnicos que así lo acreditan y preguntó los motivos por los que se ha reducido del 10 por ciento al 4,5 por ciento la penalidad impuesta cuando se trata de una infracción muy grave

Por su parte, la concejala socialista, Judith Pérez Ezquerra, consideró que se ha producido un error en el origen y el horror ha venido después con estos incumplimientos casi desde el comienzo y a su pesar se ha rebajado la sanción. “No he visto que se haya estimado ni una sola alegación de la empresa, es más, el informe del técnico municipal competente, literalmente, afirma las alegaciones formuladas carecen de fundamento”, remarcó.

El portavoz de Cs, Alejandro Hoz Fernández, explicó que se ha iniciado un procedimiento sancionador y en las alegaciones exigen que se atienda a la modificación a partir de ese momento de las condiciones de prestación del servicio. “En Comisión de Hacienda se les ha explicado que desde el momento de la imposición de la penalidad la empresa ha seguido una mejor función y además saben perfectamente también que es un contrato que vamos a tener que licitar en breve porque ustedes saben que se le que se le aplicó una prórroga”, aclaró.

Con fecha 25 de septiembre de 2025, el Pleno acordó iniciar el procedimiento de imposición de penalidades a la empresa OHL Servicios Ingesan por determinadas conductas calificadas inicialmente como una infracción continuada muy grave del pliego de cláusulas administrativas particulares, motivo por el que se puede imponer una penalidad de hasta un máximo del 10 por ciento del precio del contrato

Con fecha 22 de octubre del mismo año, la empresa adjudicataria formuló alegaciones en su descargo, solicitando como pretensión principal el archivo del procedimiento, y de manera subsidiaria el ajuste de la cuantía de la penalidad a imponer, en atención a los principios de tipicidad, proporcionalidad y de culpabilidad. En concreto, planteó que se modulase, reflejando la mínima penalización posible, tanto en el caso de que se mantenga la tipificación de la infracción como muy grave, como en el supuesto de que los hechos se califiquen como graves atendiendo a diversas circunstancias operativas y funcionales no directamente atribuibles a su gestión, a la vista de la tipificación de las infracciones recogidas en las bases de la licitación, y considerando la finalidad correctora de las penalidades y la adopción de diversas medidas durante los últimos meses para mejorar la prestación del servicio.

En atención a los anteriores antecedentes, se impone una penalidad del 4,5 por ciento del precio de adjudicación del contrato, IVA excluido.

Moción

En la sesión plenaria, se aprobó, por consenso, la moción del PSOE para solicitar al Gobierno de Cantabria que se continúe con el procedimiento de expropiación iniciado y se fomente la promoción de vivienda protegida, en San Camilio.

Al mismo tiempo, la propuesta pide a la presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáez de Buruaga, y al consejero de Vivienda Roberto Media Sainz, ambos del PP, una reunión en la que participarán, tanto el alcalde Javier Fernández Soberón (Cs) como los Grupos de la oposición, para determinar cuál va a ser la línea de actuación y una cronología en la continuación de dicha iniciativa en materia de vivienda pública en Astillero.

El edil del PP, José Antonio García Gómez, puso en valor el compromiso del Gobierno de Cantabria, en materia de vivienda y respecto al ámbito de San Camilo considera que supone una oportunidad importante y la colaboración entre administraciones es la vía adecuada para avanzar.

En su intervención, el portavoz del equipo de Gobierno, Alejandro Hoz Fernández, afirmó que “apoya la iniciativa al considerar que es algo que todos conocemos y tenemos en cuenta”. Si bien, apuntó que el Plan Ballestas, con 70 viviendas, a punto de cerrarse, “lo bloqueó el Gobierno de España.

Ruegos y preguntas

Desde el PP se interesaron por el tiempo que aún tardará el equipo de Gobierno en poner a disposición del cuerpo de la Policía Local unas instalaciones dignas para la realización de sus funciones, así como si los gobernantes son conscientes de la emisión, por parte de la empresa Astander, de partículas volátiles en suspensión, también llamados componentes orgánicos en suspensión, que perjudican a los ciudadanos, especialmente a los menores, existiendo cerca un colegio público y las Marismas. Por ello, pidieron explicaciones sobre qué medidas ha adoptado y pretende adoptar al respecto, en relación con dichas emisiones y la empresa que las propicia.