La justicia patriarcal revictimiza a Juana Rivas y a sus hijos

Además, está acusado por la Fiscalía italiana de maltrato físico y psicológico habitual de sus dos hijos, hechos por lo que será juzgado en Italia el próximo 18 de septiembre.

Esta decisión que afecta a un menor español ha sido acatada por la justicia española, a pesar de la negativa de Daniel a volver con su padre y del miedo que ha expresado a morir a manos de su progenitor. A pesar de sus lloros y gritos a las puertas del Punto de Encuentro donde debía ser entregado a su padre el martes pasado, a pesar de que más de tres horas en el Centro asistido por psicólogos no consiguieron hacer posible la entrega, esta va a intentarse nuevamente el viernes 25, en condiciones de mayor privacidad.

Para que los medios de comunicación no puedan informar, para que las personas que apoyan a Daniel y a su madre no pueden manifestarse y para que, al ministro de Justicia Félix Bolaños (PSOE) “la imagen del niño llorando”, no le vuelva a dejar muy mal cuerpo.

¿Qué clase de justicia es esta, que no escucha a los menores, que parece no conocer el principio del interés superior del menor? ¿Qué clase de justicia es esta que ha ignorado durante años las denuncias de Juana y el testimonio de sus hijos, priorizando el derecho de un padre condenado sobre la seguridad y el bienestar de dos niños, que convierte en criminal a una madre protectora que solo busca garantizar la seguridad de sus hijos?

Toda la sociedad asistimos estupefactos ante la incapacidad de todo un sistema judicial de proteger a un niño de 11 años que grita su miedo, de escucharle a él y a su hermano mayor que desde los 16 años vive con su madre y que ha escrito una carta explicando el riesgo que su hermano corre de volver con su progenitor, situación a la que ha calificado de “infierno”. Pero, este caso no es un hecho aislado.

Forma parte de un patrón estructural donde la justicia patriarcal protege a los agresores y revictimiza a las mujeres y a la infancia. Las madres protectoras, como Juana Rivas, María Salmerón o Itziar Prats, no son creídas y son perseguidas por la justicia por hacer lo que cualquier madre haría: proteger a sus hijos e hijas.

Desde la Comisión 8 de marzo de Cantabria denuncian, una vez más, el papel de una justicia que no sabe diferenciar entre un conflicto parental por la custodia o el régimen de visitas y una situación de violencia de género y de violencia vicaria. Una justicia que ignora la voz de los menores, que desoye las denuncias de violencia de las madres, que continúa dictando sentencias que las responsabilizan y exoneran a los agresores.

Una justicia impregnada hasta el tuétano de sesgos de género y de prejuicios machistas, de adultocentrismo y de ignorancia supina sobre cómo la violencia machista condiciona las decisiones de las mujeres afectadas. Mujeres a las que se les pide que denuncien y que confíen en la justicia pero que no encuentran amparo sino desprotección en un sistema que se les vuelve en contra al denunciar al progenitor de sus hijos.

Un sistema que practica una violencia machista institucional con informes de los equipos psicosociales que decretan que las madres perjudican a niños y niñas y que finalizan con retiradas de custodia, impidiéndoles ver a sus hijos o solo hacerlo en Puntos de Encuentro y finalmente con arrancamientos y entrega de los menores a sus padres.

Desde la Comisión 8 de marzo de Cantabria queremos señalar la connivencia perfecta que se está dando en nuestro país entre la violencia de género, la violencia vicaria y la institucional que permite que todo un sistema judicial sea incapaz de proteger a un niño de 11 años.

Y frente a ello queremos que se analicen los patrones de funcionamiento que subyacen en los procedimientos judiciales y que son los responsables de la violencia machista institucional que denunciamos y que se atienda al hueco por el que se cuela el machismo en la atención a las mujeres que sufren o han sufrido violencia de género a pesar de las leyes de que disponemos: los hijos y las hijas.

Exigimos que se abandonen las ideas que colocan al paterfamilias como un sujeto con derechos inamovibles pase lo que pase; que la justicia cumpla la ley y proteja a la infancia frente a la violencia y los abusos sexuales; que se analicen las fallas del sistema que impiden una protección real de las madres y sus hijas e hijos víctimas de violencia de género y vicaria; que se ponga fin a la persecución de las madres protectoras; que el interés superior del menor sea el centro real de todas las decisiones judiciales, que los menores sean escuchados. Y solicitamos que Daniel permanezca, como es su deseo, con su madre y hermano mayor.

Continuaremos luchando hasta que ninguna madre sea criminalizada por proteger a sus criaturas y hasta que la justicia deje de ser cómplice de la violencia de género.