El Parlamento pide declarar como BIC el monumento a Carrero Blanco, en Santoña, con el voto en contra del PSOE

El Parlamento de Cantabria pidió declarar como Bien de Interés Cultural (BIC) el monumento a Carrero Blanco, ubicado en El Pasaje, en Santoña, con el voto en contra del PSOE, a la Consejería de Cultura. Mientras tanto, Vox, PP, PRC y el diputado no adscrito se posicionaron a favor.

El Grupo parlamentario Vox defendió una Proposición No de Ley, por medio de Leticia Díaz, ante la intención del Gobierno central (PSOE-Sumar) de desmantelar el monumento en aplicación de la Ley de Memoria Democrática.

El objetivo es paralizar de forma inmediata la retirada y garantizar la protección integral. Esta iniciativa surge en respuesta al procedimiento administrativo iniciado por el Gobierno de la Nación el pasado día 13 de mayo de 2026 para incluir este conjunto escultórico en el catálogo de símbolos contrarios a la memoria democrática, paso previo para imponer su demolición forzosa.

Para Leticia Díaz se debe defender el arte y a las víctimas del terrorismo. “No es un símbolo político, fie demandado por el pueblo, no contiene yugos ni flechas, es un homenaje a un santoñés asesinado por la banda terrorista ETA, y su desmantelamiento es una venganza socialista”, comentó.

De hecho, remarco que la decisión de su desmantelamiento es cruel, inquisición cultural y va en contra de la memoria, ya los visitantes no deben aprender el odio

A continuación, subió al estrado el socialista María Iglesias, quien subrayó que el derribo no es una decisión en contra del patrimonio, mientras que Vox busca el blanqueamiento de un monumento que hace referencia a una dictadura y ha servicio para homenajear a esa figura y esa época con banderas preconstitucionales. “Fue presidente del Gobierno nombrado por el caudillo y por un régimen con el que llegó a almirante y participó en terrorismo de Estado que permitió firmar la persecución a ciertos españoles por su ideología”. Remarcó.

A su juicio Santoña no debe ser un lugar de peregrinación de la dictadura y lo primero que se debe hacer es eliminar la placa existente que exalta a Carrero Blanco.

Por su parte, el PRC, por medio del santoñés Pedro Hernando, se mostró partidario de trabajar por difundir la memoria democrática y explicar lo bueno y lo malo de lo que sucedió, sin eliminar el monumento que, a su entender, está levantado como el de Juan de la Cosa, a un santoñés ilustre.

Para el diputado regionalista, Carrero Blanco fue un antidemocrata y al mismo tiempo un ilustre benefactor del pueblo que ayudo a los vecinos y construyó, entre otros proyectos, la guardería infantil. “Renunció a un terreno donde construir un chalet para pasar el verano”, matizó.

Para concluir, tomó la palabra otro santoñés, Iñigo Fernández (PP), quien valoró de forma muy positiva el trabajo realizado con la presentación de esta iniciativa que persigue evitar su desmantelamiento de forma cautelar.

“El PSOE quiere olvidar a las víctimas del terrorismo, dependiendo de su ideología, sembrar el odio y polarizar la sociedad”, cuando alcaldes socialistas en Santoña como Maximino Valle y Puerto Gallego jamás de plantearon abrir este conflicto

No dejó de lado el diputado popular de recordar que “en otros espacios se exalta a la República y hay colegios y calles con el nombre de La Pasionaria que no soy partidario de su eliminación”.

En el caso de Santoña, expuso que el monumento se construyó en honor a un Hijo Predilecto y almirante de la Armada, motivo por el que en Santoña no hay nadie que comparta su derribo.

Al final, Leticia Díaz señaló que el blanqueamiento lo hace el PSOE que gobierna a nivel nacional gracias a Bildu.

PSOE

El PSOE de Cantabria ha tachado de “escándalo democrático” que el PP y el PRC pidan que se ensalce la figura de Carrero Blanco, vicepresidente de la dictadura franquista.

“Lo que ha ocurrido hoy en el Parlamento de Cantabria no ocurriría en la vida en un parlamento democrático alemán o italiano cuando la extrema derecha presenta una propuesta para ensalzar el fascismo”, ha expresado la portavoz de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones.

Quiñones ha criticado que “el PP y el PRC han votado a favor de legitimidad el ensalzamiento que hace la extrema derecha de Vox del vicepresidente de la dictadura Franquista a pesar de los requerimientos de la Fiscalía para que Santoña cumpla la Ley de Memoria Democrática”.

En este sentido, la portavoz socialista ha denunciado que la iniciativa de Vox de convertir el monumento en Bien de Interés Cultural “es una treta para evitar el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática y del mandato de la Fiscalía de retirar ese monumento símbolo Franquista”. “el PP y el PRC no pueden avalar, como han hecho hoy con sus votos, esta vergüenza democrática”, ha insistido.

“Partidos democráticos no pueden amparar y legitimar las provocaciones de la extrema derecha, que generan odio, crispación y división. El PP y el PRC han caído en la trampa del populismo fascista, y en vez de enfrentarlo de cara con los valores democráticos por bandera, han preferido agachar la cabeza, dar de espalda a la Constitución y apoyar una infame iniciativa que solo busca provocar”, ha criticado Quiñones.

Para la portavoz de los socialistas cántabros, “la única posición sensata” la ha defendido el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Mario Iglesias, al pedir la “resignificación” del monumento a Carrero Blanco “como ha ocurrido recientemente con el Valle de los Caídos”.

“Los nostálgicos del fascismo podrían pasear por Santoña y seguir recordando en ese monumento a Carrero Blanco pero el resto de demócratas no tenemos porque seguir soportando 50 años después de la llegada de la democracia esta alegoría al franquismo”, ha denunciado.

En este sentido, Quiñones ha reiterado las palabras de Iglesias, “Santoña no merece ser un lugar de peregrinaje para quienes añoran lo que afortunadamente España quiso dejar atrás en 1978”.

Por último, Ainoa Quiñones ha lamentado que 50 años después de la llegada de la democracia “aún haya quienes defiendan dictaduras que reducen derechos y libertades y dividen a los españoles y a los cántabros”.

Podemos

Podemos Cantabria advierte que estudiará todas las vías legales disponibles si el Gobierno autonómico inicia un expediente para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) el monumento dedicado a Luis Carrero Blanco en Santoña con la finalidad de impedir la aplicación de la Ley de Memoria Democrática.

La formación recuerda que las competencias autonómicas en materia de patrimonio cultural existen para proteger bienes con auténtico valor histórico o artístico, no para convertir la figura del BIC en un mecanismo destinado a mantener homenajes públicos a dirigentes de la dictadura franquista.

La iniciativa aprobada en el Parlamento de Cantabria reconoce expresamente que persigue la “paralización de la retirada” del monumento y evitar su inclusión en los procedimientos previstos por la normativa de memoria democrática. Para Podemos, esa motivación evidencia el riesgo de una utilización desviada de las potestades públicas: emplear una herramienta de protección cultural con una finalidad distinta a aquella para la que fue creada.

Podemos rechazó el intento de presentar este debate como una cuestión de memoria de las víctimas del terrorismo. El monumento objeto de controversia no fue concebido como un espacio general de recuerdo a las víctimas, sino como un homenaje personal a Luis Carrero Blanco, quien fue una de las máximas autoridades de la dictadura franquista y llegó a ocupar la Presidencia del Gobierno nombrado por Franco.

La condición o circunstancias de su fallecimiento no pueden utilizarse para borrar su trayectoria política ni para convertir una norma de reconocimiento a las víctimas del terrorismo en un mecanismo destinado a neutralizar la aplicación de la Ley de Memoria Democrática. “Proteger el patrimonio histórico no puede convertirse en una vía para perpetuar reconocimientos públicos incompatibles con los valores democráticos” señala la formación.

Por ello, Podemos anuncia que estará vigilante ante cualquier actuación de la Consejería de Cultura y que, si se incoa un expediente de BIC orientado a impedir la retirada o aplicación de la normativa de memoria democrática, estudiará las acciones administrativas y judiciales oportunas por posible desviación de poder y vulneración del marco legal vigente.

“No estamos ante un debate sobre conservar una escultura; estamos ante la posibilidad de que una institución utilice una competencia cultural para esquivar una ley democrática. Eso no es proteger patrimonio, es alterar la finalidad de una potestad pública”, concluye Podemos.

Héroes por la República

Para el colectivo Héroes por la República Vox, PP, PRC y el diputado no adscrito, Cristóbal Palacio, han hecho méritos para calificarse como postfranquistas. “Es sorprendente y desvergonzado que representantes de estas agrupaciones políticas

propugnen ofrecer a la juventud el relato que la dictadura de Franco no era dictadura. Ni que Carrero Blanco fue la mano derecha del dictador, jefe de gobierno, el mismo gobierno que firmaba órdenes de represión y fusilamientos”, señala.

Para esta asociación se trata de todo un ‘relato’, que no se sustenta ni en resoluciones condenatorios de las Naciones Unidas. “Ni en la letra, insuficiente, pero letra, de Constitución española. Mucho menos en la reciente legislación de Memoria Democrática. Vergüenza para los que se escudan tras el sentir de parte de la población de Santoña. Favor ninguno a la Democracia”, manifiesta.

El colectivo recuerda que en 1936 hubo un golpe de estado contra un gobierno democráticamente elegido por la mayoría del pueblo, su fracaso derivó en una sangrienta Guerra Civil o de España y en cuarenta años de sanguinaria dictadura franquista, y que la inmensa mayoría de los que perecieron del bando sublevado fueron honrados con distinciones oficiales, enterramientos, misas y bendiciones a sus familias.

Además, a su juicio, la inmensa mayoría de los que murieron por la República y la Libertad se encuentran todavía en fosas comunes y cunetas. Sus familias fueron y siguen siendo víctimas de la barbarie fascista.

“Ustedes, diputados de Vox, PP, PRC y no adscrito, perpetuáis esta injusticia. Los que mantenéis viva esa contienda sois vosotros”, declara.

Cantabristas

Cantabristas ha tildado de “lamentable y trasnochado” que el PP, Vox y PRC se hayan aliado para defender el monumento Franquista de Carrero Blanco en Santoña, promoviendo su declaración como BIC, y, sin embargo, “no hayan mostrado la misma predisposición para proteger decenas de bienes patrimoniales culturales de Cantabria que siguen descuidados y solo se muevan para blindar un monumento que exalta la dictadura Franquista”.

Para el partido cantabrista, estos partidos están realizando una interpretación de la Ley de Patrimonio “cobarde” y profundamente interesada al intentar convertir un monumento de exaltación Franquista en un bien merecedor de protección cultural: “una vez más, vemos a la derecha retorciendo las leyes para ponerlas al servicio de sus propios intereses ideológicos. Lo que están haciendo es una maniobra para eludir la aplicación de la Ley de Memoria Democrática y blindar un monumento franquista que jamás había sido considerado Bien de Interés Cultural hasta que ha surgido la necesidad política de protegerlo. Los monumentos de la dictadura son indefendibles, deben desaparecer y no pueden conservarse “mediante interpretaciones torticeras de la legislación patrimonial que desvirtúan el verdadero sentido de la protección del patrimonio cultural”.

Además, desde Cantabristas han lamentado la participación del PRC en este acuerdo: “El partido regionalista lleva semanas diciendo que quieren modificar la Ley de Patrimonio Cultural. ¿Para esto lo quieren hacer? ¿Para defender un monumento franquista a Carrero Blanco?”.

Costas

En otro punto en el orden del día, el PP, por medio de Iñigo Fernández, sacó adelante su Proposición No de Ley para condenar el abandono que sufre Cantabria por Costas, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica; exigir en la Comunidad un plan urgente para resolver los accesos a las playas, evaluar el estado, contemplar inversiones y que el delegado del Gobierno, Pedro Casares (PSOE), salga de su escondite y atienda sus obligaciones.

Como consecuencia, están cerrados los accesos a las playas de La Tablía en Suances, La Arnía y Somocuevas en Piélagos, Covachos en Santa Cruz de Bezana, Langre en Ribamontán al Mar y El Aila en Laredo.  

En el debate, Armando Blanco (Vox) calificó de sectaria la actitud del gobierno del PSOE con la costa de Cantabria, además de la falta de mantenimiento e inversiones y prueba de ello es el accidente sucedido en El Bocal. “Llega el verano y en lugar de resolver las deficiencias, cierran las playas”, puntualizó. Por ello, presentó una enmienda para responsabilizar a Pedro Casares de la situación.

De igual forma, el PSOE, por medio de Jorge Gutiérrez, registró otra enmienda para que prime la seguridad, ya que la Administración ha actuado con responsabilidad y es preferible buscar soluciones en lugar de culpables. Por este motivo, reclamó crear una mesa entre todas las Administraciones para decidir un calendario de actuación y recursos.

Desde el PRC, Rosa Díaz, indicó que es un problema real y Cantabria no puede permitirse actuaciones sin ejecutar y tener los accesos cerrados por la falta de mantenimiento que además afecta a los vecinos y visitantes.

La diputada del PRC exigió una planificación y destinar recursos para evitar que se vuelva a repetir.

Ante estas propuestas, el PP desestimó las dos enmiendas. En el caso de la primera no se puede culpar al delegado del Gobierno ya que conlleva connotaciones jurídicas, algo que no corresponde a este Grupo y hay que tener en cuenta que la competencia es de Costas, a pesar de que Pedro Casares se dedica a hacer campaña electoral desde su cargo. En el otro caso, el PSOE se dedica a defender a su líder nacional, Pedro Sánchez, al tiempo que no es cierto que no se planteen soluciones cuando se pierde soluciones urgentes, un estudio y acometer un plan en cuatro o cinco años.

De igual forma, el Pleno desestimó una moción de Vox para solicitar al Ejecutivo autonómico incluir cláusulas y penalizaciones que impidan la especulación de suelo industrial. en los contratos de transmisión de parcelas en los polígonos industriales de promoción pública.