El Gobierno de Cantabria compensará las cuotas abonadas por los autónomos en situación de baja por enfermedad

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, viernes, una línea de ayudas de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, con un gasto estimado de dos millones de euros, destinada a compensar el pago de las cuotas a la Seguridad Social de las personas trabajadoras autónomas durante los primeros días de baja por enfermedad o incapacidad temporal.

De esta manera, el Ejecutivo autonómico refuerza su apoyo a los autónomos con una ayuda de concesión directa de hasta 720 euros para cubrir los primeros días de incapacidad temporal, ya que a partir del día 61 las cuotas a la Seguridad Social serán abonadas por la mutua que tenga contratada cada autónomo.

En concreto, la cuantía de la subvención, incluida en el Plan de Autónomos de Cantabria, será de 12 euros por día de incapacidad temporal.

Tal y como ha explicado el consejero del ramo, Eduardo Arasti (PP) la nueva regulación tiene como finalidad ofrecer una mayor protección al colectivo autónomo ante situaciones de enfermedad o accidente que obliguen a interrumpir temporalmente su actividad profesional.

“Con esta ayuda, pretendemos aliviar la carga económica que supone mantener el pago de las cotizaciones sociales en un momento en el que los ingresos pueden verse reducidos o incluso suspendidos, contribuyendo así a mejorar su seguridad económica y facilitando su recuperación”, ha destacado Arasti, quien ha detallado que la norma se articulado respetando de manera rigurosa las medidas de simplificación administrativa (declaraciones responsables) y se ha articulado por medio de un decreto de concesión directa, por lo que la ayuda será concedida a todas las personas trabajadoras autónomas que cumplan los requisitos establecidos por la norma y que lo soliciten.

Así, estará disponible para todos los autónomos, sin distinción de que tengan empleados a cargo o no, por tipo de actividad o enfermedad, y se concede de forma automática y continua cuando se solicita. También se incluye a los trabajadores incluido en el régimen especial del mar. En cualquier caso, podrá pedirse una vez al año y es compatible con las ayudas de inicio de actividad.

Serán beneficiarias de este tipo de ayudas las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas dadas de alta en el Régimen Especial de Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el grupo primero de cotización del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar en situación de incapacidad temporal que tengan una antigüedad de, al menos, un año en dicho régimen, tengan o no asalariados a su cargo.

Las solicitudes deberán presentarse en el plazo máximo de dos meses en los siguientes casos: si el periodo en situación de incapacidad temporal es inferior a 60 días, desde el día siguiente al que finaliza dicha situación, y si el periodo en situación de incapacidad temporal es superior a 60 días, desde el día 61 al del inicio de la contingencia.

Las solicitudes deberán ir acompañadas de la documentación requerida y serán formuladas en modelo oficial, que podrá conseguirse en la página web del Servicio Cántabro de Empleo (Emcan), debiendo ser dirigidas a la Dirección del Emcan de forma electrónica.

Las ayudas podrán solicitarse una vez que la convocatoria correspondiente sea publicada en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) y entren en vigor las disposiciones previstas en la norma aprobada.

“Los trabajadores autónomos constituyen un pilar fundamental de nuestra economía y merecen contar con mecanismos de apoyo eficaces cuando atraviesan situaciones de enfermedad que les impiden desarrollar su actividad con normalidad”, ha afirmado Arasti, quien ha defendido que esta norma responde a una demanda “histórica” del colectivo y permite avanzar en la equiparación de su protección social, “reduciendo la incertidumbre económica” que generan las bajas médicas en los primeros días.

La normal, tal y como ha explicado, regula las condiciones de acceso a las ayudas; el procedimiento de solicitud; la documentación necesaria, y los criterios de concesión con el objetivo de garantizar una gestión “ágil, transparente y accesible” para las personas beneficiarias.

“Con esta iniciativa, el Gobierno de Cantabria reafirma su compromiso con el fortalecimiento del trabajo autónomo y con el desarrollo de políticas que contribuyan a mejorar la protección social, la estabilidad económica y la calidad de vida de quienes desarrollan una actividad por cuenta propia”, ha concluido el consejero.

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la tramitación de emergencia para la reparación de la fachada oeste del colegio Virgen de Valencia, en Renedo de Piélagos, tras el desplome parcial de varios paneles de hormigón ocurrido en marzo de 2026 debido al deterioro de los anclajes metálicos por a la antigüedad del edificio.

Ante esta situación, se procedió de manera inmediata al acordonamiento de la zona afectada y a la limitación de actividades en el entorno, con el fin de evitar daños personales.

Tras los informes técnicos, la actuación ha sido declarada de emergencia, permitiendo la contratación directa de las obras necesarias para garantizar la seguridad del centro. Los trabajos incluyen la retirada completa de los paneles de hormigón, la reparación estructural de los elementos afectados y la ejecución de una nueva fachada que asegure la estanqueidad y estabilidad del edificio.

El contrato, adjudicado a una empresa especializada, tiene un importe de 159.007 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución aproximado de dos meses y medio.

El Consejo de Gobierno ha aprobado un Decreto por el que se declara de urgencia la ocupación de los terrenos necesarios para la ejecución del proyecto de nuevas instalaciones deportivas municipales en el barrio de Tabernilla, en Ampuero. Esta actuación responde a la tramitación previa realizada por el Ayuntamiento, que ha impulsado un expediente de expropiación forzosa tras declarar de utilidad pública la iniciativa y la necesidad de disponer de los suelos afectados.

El expediente, que cuenta con una financiación prevista de 400.000 euros, ha seguido todos los trámites legales, incluyendo la aprobación plenaria municipal, la apertura de un periodo de información pública y la resolución de las alegaciones presentadas por los interesados. Asimismo, se han efectuado las correspondientes publicaciones oficiales y notificaciones individuales a los propietarios afectados, garantizando el cumplimiento de los procedimientos establecidos en la normativa vigente.

La urgencia de la ocupación se fundamenta en la necesidad de reubicar las actuales instalaciones deportivas, situadas en una zona con elevado riesgo de inundaciones debido a su proximidad al río Asón. Las crecidas recurrentes han provocado daños significativos y han obligado a la eliminación de las infraestructuras existentes, lo que hace imprescindible acelerar la construcción de un nuevo equipamiento que dé servicio a la población.

Al mismo tiempo, autoriza a la Dirección General del Servicio Jurídico para el ejercicio de acciones judiciales frente a las resoluciones dictadas por delegaciones del Gobierno que acuerden el traslado de menores migrantes no acompañados a Cantabria. Esta decisión se adopta con el objetivo de disponer de un mecanismo ágil y uniforme de respuesta ante este tipo de resoluciones administrativas.

La medida se enmarca en la estrategia jurídica del Ejecutivo autonómico, que ya había acordado previamente la interposición de recursos contra diversas disposiciones estatales relacionadas con la gestión de contingencias migratorias extraordinarias y la distribución de menores entre comunidades autónomas. Según el Gobierno regional, las resoluciones de traslado presentan fundamentos jurídicos coincidentes que justifican una respuesta coordinada.

El acuerdo permite actuar con rapidez, incluyendo la solicitud de medidas cautelares de suspensión de los traslados antes de su ejecución efectiva, con el fin de evitar perjuicios irreparables. Esta anticipación se considera clave para garantizar la eficacia de las actuaciones judiciales y prevenir situaciones en las que las decisiones ya no puedan revertirse por haberse materializado el traslado. Asimismo, el Consejo de Gobierno será informado semanalmente de las actuaciones emprendidas en virtud de esta autorización.

Educación

El Consejo de Gobierno ha autorizado la tramitación de la adenda al convenio suscrito entre el Gobierno de Cantabria y la Universidad de Cantabria para el uso de las instalaciones de la Escuela Oficial de Idiomas de Laredo. Esta modificación tiene como finalidad garantizar la continuidad de los cursos de verano que se vienen desarrollando en este emplazamiento.

La adenda propone la prórroga del convenio original, firmado en junio de 2021, por un periodo adicional de cinco años, sin introducir cambios en las condiciones técnicas, económicas o de funcionamiento previamente establecidas. La ampliación se fundamenta en la persistencia del interés público que motivó el acuerdo inicial y en la adecuada utilización de los recursos públicos.

Así, se refuerza así la colaboración con la Universidad de Cantabria y asegura la continuidad de una oferta formativa consolidada, contribuyendo al dinamismo académico y cultural de la localidad de Laredo durante el periodo estival.

De igual forma, en la reunión se ha aprobado un convenio marco con el Ayuntamiento de Reocín para la construcción de una piscina cubierta y un gimnasio municipal en Puente San Miguel. Esta actuación se orienta a dotar al municipio de nuevas infraestructuras deportivas que favorezcan la práctica de actividad física y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.

El proyecto contempla la ejecución de un edificio que integrará ambos equipamientos en una parcela urbana destinada a uso deportivo, en una zona en desarrollo del municipio. La iniciativa responde a la colaboración entre la Administración autonómica y la local, en el marco de sus respectivas competencias en materia de promoción del deporte y gestión de equipamientos públicos.

Se trata del primer paso administrativo para que la construcción de un complejo deportivo con piscina cubierta climatizada, gimnasio, salas polivalentes y cafetería en el barrio La Teja, de Puente San Miguel, sea una realidad, un proyecto muy ambicioso que beneficiará a toda la comarca. El siguiente paso será la firma y aprobación del Convenio ejecutivo por el que el Gobierno de Cantabria financiará esta infraestructura con cinco millones de euros.

Natalidad

El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de decreto por el que se modifica la regulación de las ayudas destinadas al fomento de la natalidad en Cantabria, con el objetivo de reforzar el apoyo a la maternidad y ampliar el acceso a estas prestaciones. Esta iniciativa actualiza el marco establecido en 2015, adaptándolo a la evolución económica y social y a las necesidades actuales de las familias cántabras.

El principal cambio introducido consiste en la elevación del límite máximo de renta para acceder a las ayudas, que pasa de 50.000 a 70.000 euros. Esta modificación responde al análisis realizado por la Administración autonómica, que identificaba el nivel de renta como la principal causa de denegación de solicitudes, alcanzando porcentajes superiores al 60 por ciento en los expedientes tramitados en los últimos meses.

La revisión del umbral se justifica, además, por la evolución de los niveles salariales en Cantabria, donde el incremento de las rentas medias había reducido el número de potenciales beneficiarias bajo los límites anteriores. Con esta actualización, el Ejecutivo autonómico busca garantizar que las ayudas lleguen a un mayor número de familias, especialmente a aquellas con rentas medias, que quedaban fuera del sistema pese a cumplir el resto de requisitos.

Además, la modificación adapta los tramos de renta previstos para las subvenciones por nacimiento o adopción del segundo hijo o hija, con el fin de mantener una distribución proporcional ajustada al nuevo límite económico. De este modo, la ayuda de 400 euros pasará a corresponder a rentas superiores a 44.000 euros y hasta 70.000 euros; la de 600 euros, a rentas superiores a 24.000 euros y hasta 44.000 euros; y la de 900 euros, a rentas de hasta 24.000 euros.

La memoria que acompaña al proyecto también constata que la modificación aprobada en 2025 para ampliar de 2.000 a 5.000 habitantes el límite de población de los municipios cuyas madres empadronadas pueden acceder a la ayuda mensual de 100 euros por hijo menor de tres años ha tenido un impacto muy positivo, con un incremento del 33 por ciento en las solicitudes presentadas en 2025 respecto al año anterior. Sin embargo, el aumento del límite de renta hasta 50.000 euros no produjo el efecto esperado, lo que ha motivado esta nueva revisión.

Con esta modificación, el Ejecutivo autonómico refuerza el objetivo del Decreto 23/2015, que no es otro que el de fomentar la natalidad en Cantabria mediante ayudas que tengan en cuenta la realidad económica de las familias y sigan siendo útiles como instrumento de apoyo a la maternidad y a la crianza.