CCOO exige nombrar inspectores en Educación por criterios de igualdad, mérito y capacidad para acabar con el clientelismo

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en Cantabria (CCOO) ha reclamado a la Consejería de Educación (PP) que la provisión de inspectores se rija por los principios de igualdad, mérito y capacidad para acabar con los nombramientos a dedo, el enchufismo y el clientelismo que existe en la actualidad.

Para la federación, el Real Decreto del Ministerio de Educación de febrero de 2026, que confiere a las comunidades autónomas la obligación de regular la Inspección Educativa y las conmina a adaptar su normativa, es una excelente oportunidad para aplicar en Cantabria los principios que deben regir cualquier puesto de la Administración pública, así como una ocasión única para que la nueva regulación vía decreto, que desde el sindicato insisten en que no es una iniciativa del Ejecutivo cántabro sino una imposición legal, sea transparente y consensuada con la representación legal del personal docente.

“Exigimos transparencia absoluta porque no permitiremos que se perpetúe el modelo de gestión que ya ha sido reprobado por la justicia. El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) declaró ilegal la provisión de inspectores accidentales a raíz de una denuncia interpuesta por CCOO y que constataba que se estaban vulnerando los principios de igualdad, mérito y capacidad”, ha recordado la secretaria General de la Federación de Enseñanza de CCOO en Cantabria, Conchi Sánchez.

Por ello, para la representación sindical debe nombrarse una mesa técnica de negociación, definirse la plantilla real y crear una nueva orden de provisión que garantice que el acceso al cargo esté basado en la carrera profesional y en los méritos y no en la cercanía política. Sólo así, dicen, se conseguirá la tan anhelada independencia técnica.

“No se puede tolerar que haya inspectores accidentales que nunca se han presentado a una oposición o que, suspendiendo, no sólo se mantienen en sus puestos cada año sino que ocupan coordinaciones y están al frente de procesos como la escolarización del alumnado, la organización de las oposiciones o el estudio de los cupos de plantilla de los centros”, ha denunciado Sánchez, que ha tachado de inaceptable que “haya inspectores de carrera con larga trayectoria que son excluidos de estas funciones por no ser de la cuerda de la administración”.

En este sentido, la Federación de Enseñanza ha reclamado un modelo de inspección para el siglo XXI, con un enfoque democrático y colaborativo frente al actual modelo fiscalizador y punitivo. Así, ha insistido en su derecho y deber de negociar todo lo relativo a esta materia, ya que afecta directamente a las condiciones laborales del personal docente al que representan.